Resumen del debate: Meloni y Dinamarca avisan: ¿qué plan migratorio se aplica en España?

Meloni y Dinamarca presionan a Sánchez por la regularización masiva​

Italia y Dinamarca han convocado un desayuno de 18 países para abordar la migración, y España no estaba en la lista. El grupo, que mantiene posiciones duras, busca «soluciones innovadoras» mientras el Gobierno español defiende su regularización. La ausencia de España en esa cita ha reavivado el debate sobre si la política migratoria española es una anomalía en Europa o una estrategia deliberada para perpetuarse en el poder.

El choque de cifras: 7 millones de extranjeros y un reparto desigual

Según los cálculos que circulan en el debate, entre 2018 y 2025 el aumento neto de extranjeros empadronados superó los 4,8 millones, a los que se suman más de 2,1 millones de nacionalizaciones. En total, más de 7 millones de personas en ocho años. Una cifra que, según algunos participantes, equivale a la población de la Comunidad de Madrid.

La comparación con Italia es inevitable. La primera ministra Giorgia Meloni llegó al poder prometiendo mano dura contra la inmigración ilegal. Sin embargo, según los datos oficiales italianos citados en el debate, el número de residentes extranjeros ha seguido aumentando durante su mandato. La paradoja es que, según algunos participantes en el debate, muchos de los migrantes que antes se instalaban en Italia están ahora llegando a España, atraídos por un sistema de ayudas más generoso y por la percepción de que las fronteras son más permeables.

El plan Kalergi: ¿realidad o teoría conspirativa?

El llamado plan Kalergi, una teoría que sostiene que las élites europeas promueven deliberadamente la sustitución de la población autóctona, ha sido mencionada en el debate como explicación de la política migratoria española. Se trata de una teoría conspirativa sin respaldo documental, pero que ha calado en ciertos sectores. Quienes la defienden argumentan que el Gobierno socialista está utilizando la inmigración para alterar el censo electoral y garantizarse votos futuros. No hay pruebas de ello, pero la insistencia en el argumento refleja una desconfianza profunda hacia las instituciones.

Lo cierto es que la política de regularización masiva aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido criticada incluso por socios europeos. La ministra danesa de Inmigración, según las informaciones publicadas, habría reprochado a Sánchez que «deje de mandar migrantes a Dinamarca». Dinamarca, con una política migratoria de las más restrictivas de la UE, ha visto cómo el número de solicitantes de asilo procedentes de España se ha incrementado en los últimos meses.

El efecto llamada: IMV, paguitas y fronteras porosas

Uno de los puntos más controvertidos es el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Aprobado en 2020, se ha convertido en un imán para la inmigración irregular, según sus críticos. La razón: permite acceder a una ayuda económica sin haber cotizado previamente, lo que, unido a la sanidad universal y a la dificultad de ejecutar expulsiones, convierte a España en un destino atractivo. Los defensores del IMV argumentan que es una herramienta de lucha contra la pobreza y que su impacto en la inmigración es limitado.

Las fronteras españolas, especialmente las de Ceuta y Melilla, así como las costas canarias, han registrado cifras récord de llegadas irregulares. La cooperación con Marruecos ha sido clave para contener los flujos, pero algunos analistas señalan que Rabat utiliza la presión migratoria como herramienta de negociación. La cifra de 7 millones de extranjeros empadronados en ocho años es, para muchos, la evidencia de que el control fronterizo ha fallado.

La respuesta europea: 18 países buscan alternativas

El desayuno convocado por Italia y Dinamarca reunió a 18 países interesados en «soluciones innovadoras» para la gestión migratoria. Entre ellos no estaba España. La ausencia fue interpretada por la oposición como un síntoma de aislamiento. El grupo de países, que incluye a Austria, Países Bajos y Grecia, defiende políticas de externalización de fronteras y retorno de inmigrantes irregulares, en línea con el modelo australiano.

Mientras tanto, en España, la oposición ha exigido explicaciones por lo que consideran una «invasión silenciosa». El Partido Popular ha anunciado que llevará al Congreso una interpelación urgente sobre la política migratoria. Vox, por su parte, ha pedido la suspensión del IMV y la construcción de un muro en Ceuta y Melilla. El Gobierno, por ahora, guarda silencio.

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¿Hasta dónde está dispuesta Europa a tolerar que España sea la puerta de entrada de la inmigración masiva? La pregunta queda en el aire, mientras los datos siguen creciendo y las soluciones se aplazan.