Resumen del debate: ¿Más fallecidos por la gestión de PP y Vox?

Desahuciada a los 87 años: muere dos semanas después​

¿Puede una orden judicial matar a alguien? La pregunta es burda, pero es exactamente la que sobrevuela cualquier conversación sobre el caso de una mujer de 87 años que fue desalojada de su vivienda y falleció dos semanas después. El asunto ha reventado el debate público con una pelea partidista que, como casi siempre, esquiva lo importante: quién firma la orden, quién la ejecuta y quién legisla para que esto siga pasando.

Qué ha pasado con el desahucio de la mujer de 87 años​

Los hechos, en crudo: una mujer de 87 años fue desalojada de su vivienda y murió dos semanas más tarde. No hay margen para el matiz en la secuencia temporal, y eso es lo que ha encendido todos los fusibles. La discusión sobre la responsabilidad se ha partido en dos bloques que se acusan mutuamente de instrumentalizar el fallecimiento.

Una corriente sostiene que la orden de desahucio procede del Gobierno central y que, por tanto, atribuirla a los gobiernos autonómicos o municipales es una manipulación interesada. La respuesta desde el otro lado es simétrica: se acusa al Ejecutivo de haber gobernado durante los últimos ocho años sin resolver el problema estructural de la vivienda, agravándolo incluso. Ninguna de las dos partes parece dispuesta a ceder el marco.

El capitalismo, la propiedad privada y el rodillo judicial​

El análisis más incómodo es el que señala al sistema, no a las siglas. El capitalismo defiende la propiedad privada y sobre esa defensa se construyen las leyes que permiten ejecutar un desahucio. A ese mecanismo le da igual que quien ocupe la vivienda tenga 87 años, haya vivido allí toda su vida o no tenga a dónde ir. La ley es la ley, y el rodillo no distingue.

Ese mismo argumento recuerda que, tras el impacto social del caso, el Gobierno aprobó normas para evitar que se repitieran situaciones así, y que esos decretos fueron tumbados en el Parlamento. La acusación es directa: quienes bloquearon esas medidas cargan con parte de la responsabilidad moral del resultado. Es una tesis que no admite matices y que, precisamente por eso, resulta tan eficaz en el terreno político.

La doble vara de medir según quién gobierna​

La acusación más incómoda para la izquierda llega desde otro flanco: la selectividad del escándalo. Se pregunta por qué los dos suicidios recientes en un municipio gobernado por el PSC no generan el mismo ruido mediático. La tesis es que los desahucios solo son noticia cuando el color político del responsable permite el titular. Cuando gobierna el partido afín, el drama desaparece del radar.

Es un argumento que traslada el foco del sistema a la hipocresía de quien denuncia, y que funciona en ambas direcciones. Si el desahucio es un problema estructural, debería doler igual en todas partes. Si solo duele según quién firma, entonces la indignación es un instrumento, no un principio.

El papel de los asesores y los sindicatos de inquilinas​

Hay una pregunta que incomoda a los dos lados: ¿qué hicieron los asesores que acompañaron a la mujer? Los sindicatos de inquilinas y las organizaciones que viven del problema de la vivienda también participaron en el proceso. Si su función era protegerla, el resultado es un fracaso rotundo. Si su función era otra, conviene decirlo claro.

La cuestión de fondo es si el ecosistema de asociaciones, plataformas y asesorías que ha crecido alrededor del drama habitacional resuelve algo o simplemente lo gestiona. Nadie ha respondido a esa pregunta, y probablemente nadie lo hará.

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Al final, la mujer tenía 87 años y ya no está. Los que se pelean por su cadáver político seguirán haciéndolo mucho después de que este artículo se olvide. Eso sí, todos tienen razón.