Resumen del debate: Loj buitreh: Pedro Sánchez prometió 900 viviendas sociales, pero ahora ha vendido el terreno a un fondo por dos millones.

Defensa subasta Carraclaca a un fondo por 2,05 millones​

¿Cuánto cuesta un suelo de 700.000 metros cuadrados en Lorca? El Ministerio de Defensa adjudicó el antiguo acuartelamiento de Carraclaca a un fondo de inversión por 2.051.513 euros en una subasta celebrada el pasado 7 de octubre. El alcalde de la localidad, Fulgencio Gil, denunció la operación y recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez había prometido, primero en 2021, un Centro Logístico del Ministerio y, después, durante la campaña de 2023, 900 viviendas para jóvenes en régimen de alquiler. Según el regidor, ninguna de las dos cosas se ha hecho y el terreno ha pasado a ser «propiedad de la especulación».

De 900 viviendas prometidas a un fondo de inversión​

La secuencia que denuncia el alcalde es sencilla de contar. Primero se anuncia un centro logístico. Luego, en plena campaña, se prometen 900 viviendas de alquiler para jóvenes. Y al final, lo que sale a subasta son los 700.000 metros cuadrados del acuartelamiento, adjudicados a un fondo privado por algo más de dos millones. El precio resultante ronda los 3 euros por metro cuadrado, un cálculo que circula entre quienes han seguido la operación. La operación se cerró el 7 de octubre y la denuncia pública llegó después, cuando el alcalde calificó el movimiento como la «última traición» del presidente del Gobierno.

¿Por qué 2 millones por 700.000 metros cuadrados es un precio llamativo?​

Porque el suelo rústico o urbanizable en zonas con expectativas de desarrollo no suele moverse en esos órdenes de magnitud, según quienes han seguido la operación. El cálculo es directo: dividir la cifra de adjudicación entre la superficie total. El resultado, esos 3 euros por metro cuadrado, explica por qué la palabra «buitres» aparece en la conversación pública. No es una acusación jurídica, es una descripción del diferencial entre lo prometido y lo ejecutado según los críticos. Quien compre suelo a ese precio y luego lo desarrolle, lo urbanice o lo revenda, tendría un margen que no necesita presentación.

El relato oficial y el relato del alcalde​

El Ministerio de Defensa, encabezado por Margarita Robles, ha cerrado la subasta sin más explicaciones públicas conocidas hasta la fecha. El Ayuntamiento de Lorca sostiene que el suelo ha quedado en manos de la especulación y que la promesa de vivienda protegida era papel mojado. Hay quien defiende que vender patrimonio militar infrautilizado es una decisión de gestión razonable; en contra pesa el argumento de que ese mismo suelo se había comprometido para uso social. La contradicción no es menor: si el destino era vivienda pública, el precio de salida y el adjudicatario deberían haber sido otros.

Lo que se pierde cuando el suelo cambia de manos​

El debate no es solo sobre dos millones de euros. Es sobre qué ocurre con los 700.000 metros cuadrados a partir de ahora. Si el fondo los urbaniza y los pone en el mercado libre, el municipio habrá cambiado una promesa de 900 alquileres asequibles por un desarrollo inmobiliario privado. Si los mantiene como suelo especulativo, la operación se convierte en una reserva de valor a la espera de que el planeamiento urbanístico revalorice la parcela. En ambos escenarios, la vivienda social desaparece del mapa. Y en ambos, el comprador parte con una ventaja de precio difícil de replicar.

La política de vivienda como telón de fondo​

La operación de Carraclaca no ocurre en el vacío. Ocurre en un contexto donde la vivienda se ha convertido en el eje central del discurso político, con promesas de alquiler asequible por un lado y ventas de patrimonio público por otro. El contraste entre lo anunciado en campaña y lo ejecutado en subasta es el material con el que trabaja la oposición. El alcalde de Lorca lo ha convertido en bandera local, y la cifra de adjudicación —2.051.513 euros— se ha instalado como referencia del desencuentro entre discurso y gestión.

Al final, la pregunta no es si el fondo pagó poco o mucho. La pregunta es quién firmó la promesa de las 900 viviendas y quién firmó la subasta. Puede que sean la misma persona. O puede que no. En cualquier caso, el suelo ya no es del Ejército.