Resumen del debate: La polémica nave okupada de San Blas donde malviven menores

Doce módulos de pladur en una nave de San Blas​

En el debate se repite que aquí nadie cumple la ley: ni el dueño, ni el inquilino, ni la administración que, según los participantes, mira hacia otro lado. En el polígono Fin de Semana, dentro del distrito madrileño de San Blas-Canillejas, una nave industrial de 800 metros cuadrados alberga doce módulos levantados con pladur que, según las informaciones difundidas, se construyeron sin licencia. Dentro malviven menores. Fuera, el propietario reclama una solución legal.

Qué hay en el polígono Fin de Semana de San Blas​

El inmueble lo alquiló Odilón, un empresario de 50 años, por 3.000 euros al mes. Su plan era ampliar el taller y guardar los coches de sus clientes, que en la calle sufrían robos de catalizadores y filtros de partículas. Al no lograr la licencia de apertura, la versión que circula sostiene que optó por dividir el espacio en módulos habitables y sacarles rentabilidad. Ahí empieza todo.

Una familia se niega a abandonar la finca. La situación se ha convertido en un pulso entre dos partes que, según los comentarios que circulan en el foro, operan al margen de la norma: el arrendador por edificar y alquilar sin contrato, el arrendatario por ocupar y engancharse a la luz de forma irregular.

Del pladur sin licencia al enganche de luz: las irregularidades que se atribuyen​

El caso acumula capas. Hay quien sostiene que el inquilino, conocido como Carlos Wilson, entró sin papeles y después se habría regularizado. Se le atribuye revender citas del consulado de su país, una actividad que, de confirmarse, sería ilegal y no tributaría. El cálculo que más circula le sitúa ingresando unos 4.000 euros mensuales en negro. Ningún extremo ha sido validado por sentencia firme.

Mientras, Servicios Sociales habría intervenido para buscar una vivienda digna a la familia, con menores dentro.

¿Quién paga y quién cobra en el caso?​

Como sostienen varios usuarios, el patrón que se repite es el del pequeño contribuyente fiscalizado hasta el último bizum frente a un entramado que, presuntamente, acumula infracciones urbanísticas, laborales y fiscales sin consecuencias visibles. Para esos mismos usuarios, si el criterio se aplicara igual para todos, la nave estaría precintada y los módulos desmontados. No lo está.