Resumen del debate: La Junta Electoral confirma que al menos 400.000 ‘nietos’ pueden votar el 29N.

La Junta Electoral confirma que 400.000 'nietos' podrán votar el 29N​

La Junta Electoral ha confirmado que al menos 400.000 personas nacionalizadas al amparo de la llamada Ley de Nietos podrán votar en las elecciones del 29N. La cifra, que circula desde hace semanas, ha dejado de ser un rumor para convertirse en un dato oficial. El anuncio ha caído como una bomba en un contexto político ya de por sí tenso, donde cada escaño se disputa en provincias donde unos pocos miles de votos deciden el reparto.

El origen de la polémica

La Ley de Nietos, aprobada en 2022, permite obtener la nacionalidad española a descendientes de exiliados. Según los críticos, la norma se ha aplicado con criterios laxos y ha permitido que cientos de miles de personas que nunca han residido en España obtengan la nacionalidad y, con ella, el derecho al voto. La Junta Electoral, tras revisar el censo, ha concluido que no puede verificar caso por caso si los solicitantes cumplen los requisitos estrictos, por lo que los ha incluido en el censo electoral.

El impacto en el reparto de escaños

El voto de estos nuevos electores, conocido como voto CERA, se distribuye por provincias en función del último domicilio en España de sus antepasados. Esto significa que provincias poco pobladas, como Teruel, Soria o Cuenca, podrían ver incrementado su censo en miles de votantes, lo que alteraría el reparto de escaños. Algunos cálculos apuntan a que el PSOE podría obtener hasta 23 escaños adicionales, aunque no hay confirmación oficial.

Las reacciones políticas

La oposición ha denunciado un posible pucherazo. Vox ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo para que se pronuncie antes de las elecciones. El PP, por su parte, ha exigido una revisión urgente del censo. Desde el Gobierno se defiende la legalidad de la medida y se acusa a la oposición de intentar deslegitimar el proceso electoral.

El voto por correo, en el punto de mira

La principal preocupación no es solo la inclusión de estos votantes, sino la falta de controles en el voto por correo. Históricamente, el voto CERA ha sido cuestionado por la ausencia de garantías en la cadena de custodia. En las últimas elecciones, se detectaron irregularidades en algunas embajadas, donde se habrían utilizado fotocopias de pasaportes para votar. La oposición teme que este mecanismo se utilice para inflar los resultados del PSOE.

¿Qué dice el Tribunal Supremo?

El Tribunal Supremo tiene pendiente pronunciarse sobre las medidas cautelares que impuso en 2023, que impedían la inclusión en el censo de los nacionalizados por la Ley de Nietos que no pudieran acreditar ser hijos o nietos de exiliados. La Junta Electoral argumenta que no tiene capacidad para revisar todos los expedientes, por lo que ha optado por incluirlos a todos. La pelota está ahora en el tejado del Supremo, que deberá decidir si mantiene las cautelares o las levanta.

El precedente de las elecciones anteriores

En las elecciones generales de julio de 2023, el voto CERA ya fue decisivo en algunas circunscripciones. En Madrid, un escaño pasó del PSOE al PP por un margen de menos de 1.000 votos. En total, se contabilizaron más de 100.000 votos CERA, de los cuales la mayoría fueron para el PSOE. La experiencia ha llevado a la oposición a exigir controles más estrictos.

La batalla legal

Los recursos presentados por Vox y PP se basan en la presunta ilegalidad de la instrucción del decreto que permitió la nacionalización masiva. Según los recurrentes, la norma se aprobó sin los informes preceptivos y con informes en contra. El Supremo ya ha admitido a trámite algunos de estos recursos, pero no ha fijado fecha para su resolución. Mientras tanto, la Junta Electoral mantiene su decisión.

Consecuencias económicas

Más allá del impacto político, la inclusión de estos votantes tiene consecuencias económicas. Muchos de ellos residen en países como Argentina, México o Venezuela, y su voto podría influir en políticas que afectan a la inversión extranjera o a los acuerdos comerciales. Además, el coste de gestionar el voto CERA se ha disparado: solo en 2023, Correos destinó más de 2 millones de euros a este fin.

El futuro incierto

A menos de un mes de las elecciones, la incertidumbre es máxima. Si el Supremo falla a favor de los recurrentes, cientos de miles de votos quedarían anulados. Si falla en contra, el PSOE podría beneficiarse de un caudal de votos que, según sus críticos, decidirá el resultado. En cualquier caso, el debate sobre la legitimidad del voto exterior está más vivo que nunca.