Resumen del debate: Inchaurrondo acaba de decir que el debate no es si Abascal va la Revuelta, es si "la extrema derecha" tiene derecho a salir en una TV pública

Intxaurrondo pregunta si la extrema derecha cabe en una tele pública​

La periodista Silvia Intxaurrondo ha planteado el debate en unos términos que han incendiado las redes: la cuestión no es si Broncano entrevista a Abascal en La Revuelta, sino si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública. La frase, difundida a través de un tuit, ha desatado una tormenta de reacciones que mezclan la crítica al entrevistador, la censura previa y el papel de RTVE como servicio público. En el fondo, un viejo problema: ¿quién decide qué voces son legítimas cuando el micrófono lo paga el contribuyente?

El debate que Intxaurrondo desplaza​

La intervención de Intxaurrondo no cuestiona al comunicador, sino el marco. Al preguntar si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública, traslada el foco desde la idoneidad del entrevistador hacia la legitimidad del entrevistado. Es un giro sutil pero cargado de consecuencias: si la respuesta es no, se abre la puerta a un criterio editorial de exclusión que, aplicado con rigor, exigiría definir qué es exactamente «extrema derecha» y quién firma ese carné.

La reacción en los mentideros digitales no se ha hecho esperar. Hay quien sostiene que la pregunta es una trampa: si aceptas que la extrema derecha no debe salir, aceptas que alguien —presumiblemente el propio ente público— decida qué formaciones son democráticas y cuáles no. Otros, en cambio, consideran que la televisión pública no está obligada a dar púlpito a quien cuestiona el marco constitucional. El problema, como casi siempre, está en los detalles que nadie concreta.

La etiqueta «extrema derecha» y sus dueños​

Uno de los reproches más repetidos es la elasticidad del término. «Extrema derecha es todo lo que no sea Sánchez», resume una de las corrientes críticas, que ve en la etiqueta un arma arrojadiza más que una categoría política estable. La acusación no es nueva: cada vez que una televisión pública decide a quién invita y a quién no, surge la sospecha de que el criterio no es periodístico sino ideológico.

El asunto tiene un recorrido económico evidente. RTVE se financia con dinero público, y ese dinero sale también de votantes de formaciones que el propio ente podría considerar fuera de lugar. La paradoja no es menor: si la televisión pública excluye a un partido con representación parlamentaria, ¿qué hace con los ciudadanos que lo votan? ¿Los ignora, los educa o los convierte en espectadores de segunda? La pregunta no es retórica, aunque algunos prefieran tratarla como tal.

Censura, pluralismo y el precedente de la Séptima​

En la discusión ha aflorado también el fantasma de la censura previa. Hay quien recuerda que los consejos de administración de RTVE han cambiado de color con los gobiernos y que la «independencia» del ente es un bien escaso. La broma sobre «la séptima» —en referencia a la cadena que se usó en su día para según qué fines— planea sobre el debate: si hoy se excluye a unos, mañana se excluirá a otros, y el criterio lo pondrá quien controle el mando.

Frente a eso, la defensa del pluralismo exige un esfuerzo que nadie está dispuesto a hacer: definir reglas claras, públicas y estables sobre a quién se invita y por qué. Mientras eso no exista, cada entrevista se convierte en un juicio político y cada pregunta en una declaración de intenciones. El entrevistador deja de ser periodista y pasa a ser árbitro, y el entrevistado deja de ser político y pasa a ser sospechoso.

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La pregunta de Intxaurrondo queda flotando: ¿debe la extrema derecha tener cabida en una televisión pública? Nadie ha respondido todavía sin mirar antes de qué lado sopla el viento.