Resumen del debate: IMPACTO de la inmi gración en los ALQUILERES

La mitad de los inquilinos en España ya serían extranjeros, según un forero​

El dato que abre el asunto es contundente: alrededor del 50% de los inquilinos en España, unos 5 millones de personas, serían extranjeros, según una afirmación lanzada en un foro de actualidad económica. La cifra no es una opinión ni una impresión de barra de bar: es el punto de partida de un debate que en pocas horas ha pasado de la anécdota vecinal a la acusación cruzada sobre quién ha reventado el mercado del alquiler. Y no, no ha sido la vivienda turística. O al menos no solo.

El turismo no explicaría el desequilibrio, según ese planteamiento​

El primer golpe al relato habitual lo da la estadística. Las 341.001 viviendas turísticas registradas suponen apenas el 1,28% del parque inmobiliario nacional, según la estadística experimental del INE manejada en la discusión. El alquiler turístico, sostiene el planteamiento inicial, representa en torno al 10% del mercado del alquiler; el 90% restante sería alquiler residencial ordinario. Con esos mimbres, la conclusión que se impone en el arranque del asunto es incómoda: el desequilibrio entre oferta y demanda no lo habría provocado el apartamento de vacaciones, sino el incremento de población migrante, siempre según esa interpretación.

Hay quien va más allá y pone números a la parte que sí ocupa migrantes: entre 1,4 y 1,6 millones de inmuebles estarían arrendados a población nacida en el extranjero, lo que equivaldría al 40%-45% del mercado total de alquiler. La horquilla es amplia, pero el orden de magnitud es el mismo en todas las estimaciones que circulan.

El hacinamiento como modelo de negocio, según varios testimonios​

La parte más cruda del asunto no son los porcentajes, sino las prácticas. Se describe un fenómeno que varios participantes dicen conocer de primera mano: pisos que no vuelven a anunciarse porque pasan de una familia a otra de forma directa, sin salir al mercado. En un bloque de viviendas, un piso de 80 metros cuadrados puede albergar a varias familias que comparten gastos y suman nóminas. El resultado sería un dumping habitacional: el mercado se acomoda a precios que solo se pagan entre cuatro o cinco sueldos, y una pareja con dos ingresos no puede competir por ese mismo piso.

El fenómeno se concentraría en zonas concretas. En el centro de Málaga, según un testimonio, ya no existe alquiler residencial, solo vacacional. En un edificio de Santa Cruz de Tenerife, el 100% de los apartamentos serían turísticos cuando hace una década no había ninguno. Los porcentajes globales esconderían realidades locales donde el mercado estaría completamente copado.

¿Por qué el casero preferiría alquilar a migrantes?​

La pregunta tiene respuesta incómoda. Se argumenta que muchos propietarios evitan el riesgo de impago y la rotación eligiendo inquilinos que aceptan condiciones que un español rechazaría: compartir piso, pagar por adelantado, no protestar por el estado de la vivienda. El empadronamiento múltiple sería la clave del sistema: sin control municipal, varias familias pueden figurar en la misma dirección y acceder a ayudas, sanidad y escolarización. Un participante propone limitar el empadronamiento por vivienda como medida disuasoria del hacinamiento.

El argumento contrario también aparece: si el casero prefiere a migrantes es porque el marco legal protege al inquilino moroso y castiga al propietario, lo que empujaría a seleccionar perfiles con menos capacidad de litigio. La rigidez del mercado laboral y la falta de construcción nueva cerrarían el círculo.

El trasfondo que nadie discute​

Más allá del choque directo, el asunto conecta con problemas estructurales que llevan años sin resolverse. El dumping laboral en sectores como hostelería y construcción presionaría los salarios a la baja mientras los precios del alquiler suben. La tasa de basuras que se aplica por primera vez de forma completa recae sobre el inquilino y encarece aún más el arrendamiento. Y el envejecimiento de la población autóctona, con una media de 0,6 hijos por mujer española frente a tasas muy superiores entre migrantes, dibujaría un cambio demográfico que va más allá del mercado inmobiliario.

La conversación deriva hacia predicciones sombrías: algunos hablan de 10 años para que el panorama sea irreversible, otros señalan que los menores de 20 años ya serían mayoría de origen migrante en algunas zonas. Son proyecciones, no certezas, pero marcan el tono de un malestar que no encuentra cauce político.

Qué se puede hacer, según los propios participantes​

Las propuestas que circulan van desde lo administrativo hasta lo drástico. Control del empadronamiento, inspecciones in situ, límites a la edad de voto, restricciones a la contratación pública. Ninguna genera consenso. Lo que sí comparten casi todos los intervinientes es el diagnóstico: el problema no sería la llegada de personas, sino la falta de vivienda asequible y la ausencia de control sobre cómo se usa la que existe.

Con estos mimbres, la previsión más razonable es que el desequilibrio se agrave antes de corregirse. La construcción no da abasto, la migración continúa y las medidas que se anuncian llegan tarde y mal. Si algo ha quedado claro en este intercambio es que el mercado del alquiler ya no funciona para una parte creciente de la población, y que nadie con poder para arreglarlo parece estar mirando los números.