Resumen del debate: Huelga 11 de noviembre

Huelga general del 11-N: la vivienda se sienta en el banquillo​

Una huelga general convocada por un sindicato sin capacidad legal para hacerlo. Ese es el punto de partida, y ya es un síntoma. El Sindicato de Inquilinas (SDI) lanzó la convocatoria del próximo miércoles y fueron UGT y CC OO quienes la «legalizaron» al sumarse, según explica la portavoz del SDI, Valeria Racu. No es un paro contra una reforma laboral ni contra un recorte de derechos: es una huelga contra el precio de la vivienda. La última fue en 2012, contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La chispa tiene nombre y apellidos: Maricarmen Abascal, de 87 años, fallecida apenas 15 días después de ser desalojada de la casa en la que había vivido siete décadas. Su desahucio desató manifestaciones masivas en distintos puntos del país y abrió una grieta que los grandes sindicatos llevaban meses midiendo. «Llevábamos meses hablando de que el problema de la vivienda iba a acabar explotando», reconoce Unai Sordo, secretario general de CC OO. Con Pepe Álvarez, líder de UGT, decidió cubrir la convocatoria. «Se han juntado los dos ríos», resume.

Por qué una huelga general y no una manifestación más​

El argumento económico es difícil de rebatir. El precio de la vivienda se come el salario de generaciones enteras y genera una fractura «asimétrica tanto territorial como generacionalmente», en palabras de Sordo. Álvarez va más allá y señala el impacto en el mercado laboral: la propia patronal admite problemas de falta de personal porque el precio de un alquiler revienta cualquier posibilidad de que alguien pueda trabajar en Baleares o en ciudades como Málaga. Los convenios suben con el IPC, pero no llegan a fin de mes.

La respuesta institucional no ayudó a calmar nada. Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales del 29 de noviembre tras el rechazo parlamentario a sus decretos en materia de vivienda, y la izquierda leyó en la calle una ventana de oportunidad. Los manifestantes, sin embargo, repartieron culpas entre el «Gobierno progresista» y las derechas, y avisaron de que la lucha seguiría «gobierne quien gobierne».

Contra quién va la huelga del 11 de noviembre​

La pregunta tiene trampa y la respuesta del SDI no deja margen: «Es una huelga contra el rentismo, contra la patronal y contra sus gobiernos, todos los gobiernos, a nivel central, autonómico y local y de todos los colores». El PP pidió desconvocarla con el argumento de que las huelgas generales no se convocan contra quien no gobierna. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, animó a participar: «Creo que va a ser la primera vez que no puedo ir de piquete. Bien que me gustaría».

En el terreno de las ideas económicas, la discrepancia es de fondo. Hay quien sostiene que el problema no es la falta de oferta sino la demanda artificial creada a base de intervención pública, y que esa demanda acaba beneficiando a los mismos de siempre. Enfrente, el diagnóstico sindical: el mercado de la vivienda ha dejado de funcionar como mercado para convertirse en una máquina de extraer rentas. Ninguna de las dos lecturas explica por qué el desahucio de una mujer de 87 años movilizó a un país que llevaba 14 años sin una huelga general.

El precedente del 15-M y la cuenta pendiente del sindicalismo​

Álvarez admite una autocrítica que pocas veces se escucha en voz alta: cuando estalló el 15-M, los sindicatos mayoritarios no tuvieron «la empatía que deberíamos haber tenido» con quienes participaron en aquella acampada. Quince años después, el movimiento por la vivienda les ha obligado a ampliar el terreno de sus reivindicaciones históricas, primero con el feminismo y ahora con el ladrillo. El SDI, por su parte, presenta la organización ciudadana como una demostración de fuerza: «Cuando nos organizamos, tenemos más poder que cualquier político, rentista, juez o policía».

La convocatoria llega con una paradoja que nadie termina de resolver: un paro que nace de la sociedad civil, que los sindicatos de clase han tenido que formalizar, que la ministra de Trabajo aplaude y que la oposición exige retirar. Si el miércoles funciona, el mapa de quién puede convocar y contra quién habrá cambiado para siempre. Si no, quedará la duda de si la indignación por la vivienda era una ola o una corriente.