Resumen del debate: He leído el decreto antidesahucios y precisamente beneficia al propietario y perjudica al jeta inquilino en precario

El decreto antidesahucios que blinda al casero de uno o dos pisos​

Desde el 9 de octubre, con el Real Decreto-ley 29/2026 en vigor, el relato de que el inquilino siempre gana se ha roto. El texto introduce un giro que hasta ahora no existía: si el propietario es persona física y tiene dos o menos viviendas, la suspensión del lanzamiento no le aplica aunque el demandado sea vulnerable. La vulnerabilidad del inquilino deja de pesar frente al pequeño casero. Y no vale con decir «soy vulnerable»: hay que presentar nóminas, renta y informe de Servicios Sociales en diez días. Si no se presenta, no hay suspensión.

El asunto no es nuevo. La excepción de las dos viviendas se pactó ya en febrero con el PNV dentro del RDL 2/2026, que cayó en el Congreso el 26 de febrero con los votos de PP, Vox y Junts. Antes, el 27 de enero, había caído otro decreto. A finales de septiembre salió un tercer intento, el RDL 26/2026, derogado el 2 de octubre. El 29/2026 es la cuarta vez que se intenta, y la excepción nunca ha estado en vigor más allá de lo que duraba cada decreto hasta que lo tumbaban.

Qué cambia para el propietario de uno o dos pisos​

El esquema que dibuja el decreto es simple. Si tienes uno o dos pisos y el inquilino es un ocupa sin contrato vigente —lo que la norma llama precario—, el lanzamiento va directo: no hay enervación, no hay pago por la Administración, no hay suspensión. Esa vía de que la Administración pague la deuda para evitar el desalojo solo aplica a contratos de alquiler con impago. En precario, no.

Si el contrato está vigente y hay impago, el panorama cambia según el casero. Frente a un fondo buitre, la suspensión puede llegar hasta 2030. Frente a un propietario de tres a diez viviendas, hasta tres años, con revisiones y con la Administración pagando la renta. Frente al de dos o menos, la vulnerabilidad del inquilino no prevalece. Hay quien sostiene que esto convierte al pequeño propietario en el único actor verdaderamente protegido del sistema.

El inquilino que ya no puede esconderse​

La otra pata del decreto apunta al fraude. Si el inquilino tiene ingresos por encima de tres veces el IPREM —unos 1.800 euros para una familia—, coche de más de 10.000 euros, segunda vivienda a su nombre o contrato en negro, el informe de Servicios Sociales sale «no vulnerable». Y el juzgado ya no se fía de lo que diga él: pide los datos directamente a Hacienda y a la Seguridad Social.

Ese es el punto que más revuelve el avispero. Hay quien lo lee como una enmienda a la totalidad del modelo anterior, donde bastaba con declararse vulnerable para paralizar un lanzamiento durante un año sin que nadie comprobara ingresos. Los abogados de oficio metían el escrito el día antes y se paraba todo. Ahora no.

El cuello de botella que nadie resuelve​

Queda la letra pequeña. El decreto está pendiente de convalidación en el Congreso, y con las Cortes disueltas la votación queda en el aire. Además, los juzgados siguen saturados y los plazos se estiran. Y hay quien avisa de que la salida para el vulnerable real —que Servicios Sociales le busque hotel o albergue— puede tardar años en materializarse.

Mientras tanto, cada hora que pasa se retiran miles de alquileres del mercado. Eso no lo frena ningún decreto.