Resumen del debate: Francia impone un impuesto especial para internet. Ver una película de Netflix te costará 0,77€ extra, descargar un juego hasta 8€. Próximamente Españ

Francia aprueba en primera lectura una tasa de 5,5 céntimos por gigabyte​

Una enmienda aprobada en primera lectura del presupuesto francés de 2027 quiere gravar los datos que circulan por internet a razón de 5,5 céntimos por gigabyte recibido en Francia. La cifra suena minúscula hasta que se multiplica: según los cálculos que circulan, una película en 4K de dos horas en Netflix saldría por hasta 0,77 euros de impuesto bruto, un videojuego de 150 GB por 8,25 euros y recuperar 200 fotos personales alojadas en Google, por 11 euros. Restaurar 2 terabytes de copias de seguridad tras un fallo informático, 110 euros.

El texto lo aprobó la Asamblea Nacional por 11 votos a 10, con 35 diputados en la sala. Es decir: un puñado de escaños decidiendo el marco fiscal de la economía digital francesa. Le queda el Senado, la comisión mixta y el texto final, y el Gobierno se opone. Lo habitual, en estos casos, es que la enmienda caiga por el camino. Pero el simple hecho de que haya pasado una votación ya dice mucho de por dónde respira el legislador.

La mecánica importa: el tributo recae sobre las plataformas, no sobre el usuario, y se mide por los volúmenes que registran los operadores. Las cifras del ejemplo son cálculos teóricos que asumen que la plataforma repercute el impuesto entero en el cliente. Y ahí está la trampa: hay quien sostiene que las plataformas estadounidenses no van a tragarse el coste y lo descontarán de la factura del consumidor.

¿Cuánto costaría ver una película en Netflix con la tasa al gigabyte?​

El cálculo es sencillo y por eso duele. Se grava el dato transmitido, no el servicio. Da igual que sea una serie, un backup o un archivo de trabajo: el contador corre por gigabytes. La lógica oficial la presenta como una medida ecológica que incentiva reducir los volúmenes de datos intercambiados. El argumento tiene su gracia cuando quien lo firma no ha tenido que subir nunca 2 TB a la nube tras un disco duro muerto.

Hay quien sostiene que esto penaliza el simple hecho de transmitir información, justo cuando la inteligencia artificial multiplica el tráfico de datos. La paradoja no es menor: los mismos países que dicen querer acelerar la transformación digital aprueban figuras fiscales que gravan el insumo básico de esa transformación. El resultado, si prospera, es, según quienes critican la medida, una internet de dos velocidades: la de quien puede pagar cada gigabyte y la de quien raciona el ancho de banda.

¿Está exenta una página web por volumen de datos?​

Es la pregunta que queda abierta. La enmienda apunta a los grandes flujos y a las plataformas que envían datos a usuarios franceses, pero el detalle fino —umbrales, exenciones, quién mide y cómo— no está cerrado. Tampoco el calendario: sin el visto bueno del Senado y de la comisión mixta, el texto no es más que una intención. El Gobierno se opone, lo que reduce las probabilidades pero no las elimina.

La lectura política es la de siempre: cuando el erario necesita ingresos, mira hacia donde hay flujo. Y hoy el flujo es digital. El IVA ya grava cada transacción, la recaudación marca récords y aun así se buscan figuras nuevas. Hay quien apunta a la tentación de replicar el modelo en España.

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Queda el detalle de la implementación, que es donde estas cosas se desangran. Medir gigabytes por usuario, distinguir tráfico lícito de copias privadas y facturar a plataformas extranjeras exige una infraestructura de control que ningún operador ha presupuestado. Tan fácil de anunciar como difícil de ejecutar. Si el texto sobrevive al trámite, la predicción razonable es que el consumidor francés acabe pagando la fiesta con otro recargo en la factura. Si cae, quedará como el ejemplo perfecto de cómo se legisla mirando el titular y no la calculadora.