Resumen del debate: El Sindicato de Inquilinas prepara una querella por homicidio imprudente contra Urbagestión por la gloria de Maricarmen

Querella por homicidio imprudente contra Urbagestión por un desahucio​

La querella por homicidio imprudente contra Urbagestión por la muerte de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada de un piso que no era suyo, es un artefacto jurídico que, según varios participantes del debate, se cae por su propio peso. La empresa inició el procedimiento en 2018 y, una vez judicializado, la ejecución dejó de depender de ella: la orden la materializó la policía al amparo de una ley vigente. Quienes sostienen esta lectura afirman que el sindicato lo sabe. Y aun así la presenta.

El relato del desahucio que acabó en querella

Los hechos, tal como se han contado en el debate público, son estos: Maricarmen ocupaba una vivienda propiedad de Urbagestión, la empresa reclamó judicialmente el inmueble en 2018 y el desalojo se ejecutó años después. La mujer tenía 87 años y una discapacidad reconocida del 50%. Falleció con posterioridad al lanzamiento.

La querella sostiene que existe una relación causal entre el desahucio y el fallecimiento. Esa es toda la tesis. Y es, jurídicamente, un salto mortal sin red, según un análisis que circula en el debate: una vez que el procedimiento entra en el juzgado, la empresa deja de ser el sujeto que ejecuta; los responsables operativos pasan a ser los servicios jurídicos del Estado, la asistencia social y el propio juez que firma la orden. La querella apunta al eslabón más débil y más visible, no al que legalmente responde.

¿Se puede acusar de homicidio imprudente a una empresa?

Según un participante del debate, no. En España no se puede imputar homicidio imprudente a una persona jurídica. Es un delito que exige autoría física, y las sociedades no tienen cuerpo ni voluntad penal en ese sentido. Cualquier abogado con dos tardes de penal lo sabe, según esta misma opinión. La querella, por tanto, nace con un defecto estructural que la condena antes de que entre en el juzgado de instrucción, siempre según esta lectura.

Hay quien sostiene que el objetivo no es ganar el pleito, sino sostener el relato y mantener el foco mediático. La querella como herramienta de comunicación política, no como instrumento procesal. Y funciona: durante semanas, el nombre de la empresa ha estado en todos los titulares mientras el caso real —una anciana que murió tras un desalojo— se diluía en la refriega.

El detalle que nadie menciona: la oferta que se rechazó

Según varios relatos que circulan, hubo una escritora anónima dispuesta a pagar el alquiler de Maricarmen. También, un acuerdo entre Urbagestión y el entorno de la mujer para que volviera al piso. Ninguna de las dos salidas prosperó. La versión que se repite es que el sindicato presionó para que la mujer rechazara cualquier solución que desactivara el conflicto. No hay confirmación independiente de ese extremo, y conviene tratarlo como lo que es: una acusación sin sentencia.

Lo que sí es verificable es el contexto: en España se ejecutan decenas de desahucios al día. Este caso concreto se convirtió en símbolo porque alguien decidió que lo fuera. La selección no es neutral.

La ley, el juez y el eslabón que sí firma

Si la causa de la muerte fuera realmente el desahucio, los responsables serían quienes ordenaron y ejecutaron el lanzamiento al amparo de la normativa vigente. Es decir: el legislador que redactó la ley, el juez que la aplicó y el agente que la cumplió. Ninguno de ellos está en la querella. La empresa que reclamó lo que era suyo, sí.

Ese es el corazón del asunto, según quienes defienden esta lectura. La querella no busca justicia: busca un culpable presentable. Y Urbagestión, una sociedad mercantil sin carné ni relato, es el candidato perfecto.

Qué puede pasar ahora

El escenario más probable, según los análisis que circulan en el debate, es que la querella no se admita a trámite o se archive en fase de instrucción. La doctrina sobre responsabilidad penal de personas jurídicas en delitos de resultado es restrictiva, y la relación de causalidad entre un desalojo legal y una muerte natural meses después es prácticamente imposible de acreditar. Con reservas: los tribunales a veces sorprenden, y el clima político puede influir en la instrucción. Pero el pronóstico mayoritario es archivo.

Mientras tanto, el caso seguirá vivo en los medios, en las acampadas y en el calendario electoral. La pregunta que nadie responde del todo es por qué este desahucio y no otro. La respuesta, probablemente, no está en los juzgados.