Resumen del debate: El negociete de Open Arms: ¿quién financia el rescate?

El dinero público que sostiene a Open Arms: subvenciones nominativas de administraciones locales y autonómicas​

La consulta del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas deja un rastro incómodo: la Fundación Proa (Pro-Activa Open Arms) aparece como beneficiaria de subvenciones nominativas concedidas por administraciones de distinto signo y territorio. No hay concurrencia competitiva, no hay proyecto previo obligatorio. La ayuda se concede por designación directa. Entre las entidades que figuran como mandantes están el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, la Diputación Provincial de Tarragona, el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Gata de Gorgos. La cifra más repetida ronda los 20.000 euros por concesión.

Quién paga y cuánto: el mapa de las subvenciones nominativas​

El registro público permite reconstruir una parte del entramado. En 2023, la Generalitat de Cataluña concedió 50.000 euros a la fundación para una exposición itinerante sobre derechos humanos en el barco de Open Arms. Ese mismo año, la Diputación de Tarragona aportó 20.000 euros para el proyecto de «protección por presencia, rescate humanitario y comunicación en el Mediterráneo». En 2021, el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat concedió otros 20.000 euros mediante subvención nominativa, y el Cabildo de Gran Canaria hizo lo propio con la misma cantidad. En 2020, el Cabildo canario repitió: 20.000 euros en subvenciones directas para gastos corrientes. En 2019, la Diputación de Tarragona aportó 15.000 euros para combustible, el Ayuntamiento de El Prat 25.000 euros para protección y emergencia, y el Ayuntamiento de Gata de Gorgos 2.500 euros vía convenio.

La suma de las partidas visibles supera los 170.000 euros en seis años, solo en esta muestra. El patrón se repite: administraciones locales y autonómicas que financian a una entidad que opera en el Mediterráneo central, no en sus aguas jurisdiccionales. Hay quien pregunta por qué un ayuntamiento de 9.000 habitantes o un cabildo insular destina dinero público a una ONG que no presta servicio directo a sus vecinos.

El argumento del rescate y la sospecha del negocio​

Quienes defienden la labor de Open Arms sostienen que la organización se limita a cumplir con el deber de socorro en aguas internacionales, donde las autoridades europeas han reducido su capacidad de búsqueda y rescate. Bajo ese prisma, la financiación pública sería una forma de compensar la dejación de funciones de los Estados. La exposición itinerante, los convenios y las subvenciones nominativas se justificarían como apoyo a una labor humanitaria que de otro modo no tendría recursos.

La otra cara es menos amable. Hay quien ve en estas subvenciones un circuito cerrado: dinero público que financia una actividad que, a su vez, genera un flujo migratorio que luego requiere más gasto público en acogida, sanidad y seguridad. Un bucle que algunos describen como un negocio redondo. La ausencia de concurrencia competitiva en las subvenciones nominativas impide saber si otra entidad podría hacer lo mismo por menos dinero. Tampoco hay métricas públicas de coste por rescate ni auditorías que desglosen en qué se gastan exactamente los 20.000 euros de turno.

El capitán, los chalés y la opacidad de las cuentas​

En el terreno personal, circulan afirmaciones sobre el patrimonio del capitán de la embarcación, al que se atribuyen propiedades en municipios de Barcelona, Gerona y Alicante. Son acusaciones vertidas sin aportar documentación registral ni sentencia alguna. Conviene tratarlas como lo que son: sospechas no verificadas. Lo mismo ocurre con las cifras sobre supuestos ingresos de directivos de ONG, que se mueven en el terreno de la especulación.

Lo que sí es verificable es la opacidad estructural. Las subvenciones nominativas no requieren concurrencia, y la información publicada se limita a beneficiario, importe, fecha y una descripción genérica del proyecto. No hay desglose de gastos, no hay indicadores de resultado, no hay evaluación de impacto. El contribuyente paga y no sabe exactamente qué compra.

El negocio de la pobreza y la complicidad institucional​

La discusión de fondo trasciende a Open Arms. Se trata de un modelo de financiación pública que sostiene a organizaciones que operan en el ámbito de la migración y la cooperación sin los controles habituales de la contratación pública. El concepto inglés de «government cut-out» describe, según un participante en el debate, a entidades que actúan como extensión de facto de la administración, realizando funciones que el gobierno no puede o no quiere asumir abiertamente. Si se sigue el rastro del dinero, la complicidad institucional es difícil de negar.

Mientras tanto, el debate sobre si estas subvenciones salvan vidas o alimentan un negocio sigue sin respuesta oficial. Los datos están ahí, en un registro público que cualquiera puede consultar. La interpretación, como siempre, depende de dónde se ponga el foco: en el rescate o en la factura.

¿Cuántas subvenciones nominativas más habrá que sumar antes de que alguien pida una auditoría?