Resumen del debate: El fondo buitre del ‘caso Maricarmen’ es una pyme española a la que el Gobierno pagó su digitalización.

La pyme señalada como «fondo buitre» cobró 6.000 euros del Kit Digital​

Una sociedad con menos de diez empleados. Una ayuda pública de 6.000 euros para digitalizarse. Y una etiqueta, la de «fondo buitre», que, según se sostiene en el debate, le colocó encima el propio Ejecutivo. Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa señalada en el desahucio de Maricarmen, es una pyme madrileña que en 2023 recibió una subvención del programa Kit Digital, concedida por Red.es, entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige Óscar López.

Qué dice la Base de Datos Nacional de Subvenciones​

La ayuda consta en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y corresponde al Segmento II del programa, reservado a empresas de entre tres y menos de diez trabajadores. Se financió con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Para cobrarla, la sociedad tuvo que acreditar ante la Administración su condición de pyme, un requisito administrativo que choca de frente con la imagen de gran tenedor que se le atribuye. Ahí está la paradoja del caso: la misma Administración que le validó el carné de pequeña empresa es la que, según se sostiene, la señala como «fondo buitre».

De Renta Corporación a Urbagesa: la finca que cambió de manos​

La cronología arranca en 2018, cuando los propietarios deciden vender la finca entera a Renta Corporación, uno de los grandes holdings inmobiliarios del país. La primera oferta a Maricarmen fue de 247.000 euros, una cantidad que no tenía ahorrada y para la que no habría obtenido hipoteca por su edad. El holding se deshizo después del inmueble, que acabó en manos de Urbagesa. Maricarmen vive allí desde hace 70 años, con un contrato de renta antigua actualizado por IPC y con gastos como el IBI a su cargo.

La versión de las diez llamadas y el reparto de culpas​

Circula un detalle que ha encendido el asunto: el departamento habría llamado hasta diez veces a la abogada de la empresa para intentar comprar la vivienda o cubrir la diferencia de renta. ¿Una ministra negociando un piso de tres habitaciones? Hay quien sostiene que el Ejecutivo no ejecuta los desahucios y que la orden sale del juzgado; en contra pesa la crítica de que el Gobierno se abstuvo cuando tenía la ley en la mano. El reproche, según un participante, alcanza al PSOE, al PP, a VOX, al PNV y a CiU.

La sociedad señalada como «fondo buitre», resulta, cabe en menos de diez empleados y cobró una subvención de digitalización. Con esas cifras encima de la mesa, la etiqueta aguanta menos que un contrato de renta antigua.