Resumen del debate: EL ESTADO se BURLA de nosotros: OBLIGA A RETIRAR EL 12% de la producción de ACEITE DE OLIVA para evitar el DESPLOME DE LOS PRECIOS. ¿El mercado? JAJA

El Estado inmoviliza 188.000 toneladas de aceite para sostener el precio​

El Ministerio de Agricultura ha decretado por primera vez el almacenamiento obligatorio del 12% de la producción mensual de aceite de oliva. La orden, publicada en el BOE el 6 de noviembre de 2026, inmoviliza de forma temporal unas 188.000 toneladas hasta el 30 de septiembre de 2027. El motivo oficial: una cosecha prevista de 1,6 millones de toneladas, un 23% por encima de la anterior, que amenaza con desplomar los precios. La medida llega después de que los productores se plantaran ante el Ministerio que dirige Luis Planas y exigieran la retirada forzosa. El resultado es una paradoja que escuece: el mismo Estado que presume de mercado libre decide cuánta oferta puede haber en el mercado.

Qué dice la letra pequeña de la orden ministerial​

Cada almazara deberá aplicar el 12% de retirada sobre su producción mensual acumulada, con independencia de la categoría de aceite. Las instalaciones tendrán libertad para elegir qué categoría retirar y si el almacenamiento se hace en dependencias propias o ajenas. La producción mensual y las existencias finales se comunicarán por los canales habituales del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO). Para garantizar el cumplimiento se creará un grupo técnico con un plan de control coordinado por el Ministerio y ejecutado por las comunidades autónomas, con inspecciones sobre el terreno.

El detalle que más ha calentado el debate es el de las existencias. A la cosecha prevista de 1,6 millones de toneladas se suman unas existencias iniciales de enlace de 357.040 toneladas, un 23,3% más que el periodo anterior. Sumados ambos volúmenes, la cifra alcanza el 120% de la producción media de las últimas seis campañas, lo que activa los requisitos técnicos previstos en la orden. El plan estará vigente hasta septiembre de 2027, pero en diciembre se revisará en función de la evolución real de la producción.

La CNMC avisa: menos oferta, más precio​

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no ha dejado pasar la medida. Tras conocerse el plan emitió un informe en el que advierte de que indisponer una parte de la oferta disponible distorsiona el funcionamiento libre del mercado, debilita los incentivos para mejorar la calidad y variedad del producto y eleva el riesgo de coordinación entre operadores. Según su exposición, constituye una restricción relevante a la competencia que puede traducirse en un incremento de los precios para los consumidores finales y generar ineficiencias en la cadena de valor. Competencia rechazó además la premisa de Agricultura de que la norma sea neutra en términos de competencia.

El Ministerio defiende lo contrario: regular la oferta ante una previsión de sobreproducción garantiza la rentabilidad de los agricultores y protege los intereses del comprador al dotar de estabilidad al mercado. La resolución da cumplimiento al artículo 5 de la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña, al amparo del Reglamento comunitario sobre la Organización Común de Mercados.

El argumento que desmonta la versión oficial: el aceite no se tira​

Buena parte del escepticismo se ha centrado en un detalle técnico que la orden no dice pero que el sector conoce bien. El aceite de oliva no es leche ni fresas: se guarda en depósitos de acero inoxidable, a oscuras, y aguanta perfectamente entre 12 y 18 meses sin estropearse. Por eso, según un participante del debate, el sector mantiene todos los años un enlace de unas 300.000 toneladas guardadas de una campaña a otra. Lo que ha ordenado Planas no es destruir nada, sino inmovilizarlo: las almazaras tienen que tener guardado el 12% de lo que producen y no lo pueden vender hasta septiembre de 2027.

El razonamiento económico que circula es igual de incómodo para el relato oficial. El aceite ya producido ya está pagado: la aceituna se recogió, se llevó a la almazara y se molió. Ese gasto no se recupera ni tirando ni vendiendo. Si se vende a 3 euros, se pierde un poco pero se recuperan 3 euros por kilo; si se tira, se pierden todos y encima cuesta deshacerse de él. Según este planteamiento, ningún agricultor tira aceite ya producido porque no le compense venderlo: lo guarda y espera a que suba. La pregunta que queda flotando es por qué hace falta un decreto para algo que el sector ya hace por su cuenta.

El precio que no baja en la cooperativa de confianza​

El desajuste entre el discurso y la cesta de la compra es otro de los ejes del asunto. En las primeras marcas, el litro de aceite de oliva virgen ronda los 7-8 euros, y hay quien recuerda que hace tres años, cuando el AOVE se puso a 14 euros, no hubo intervención para limitar los precios. La sospecha que se extiende es que las comarcas olivareras de Andalucía pesan mucho en las urnas. Mientras, en las cooperativas de confianza el precio sigue igual que a principio de año, sin rastro del desplome anunciado.

La respuesta del consumidor también se ha movido. Hay quien ha dejado el aceite de oliva a granel y lo usa como producto de lujo: nada de frituras, unas gotas con pulverizador para perfumar la ensalada. Y quien directamente ha cambiado de proveedor: comprar en Portugal y que les den a los de aquí. El girasol, dicen, debería ser la respuesta mayoritaria.

Quién gana con el decreto​

El mapa de intereses no es sencillo. Los productores reclaman la intervención y el Ministerio la concede; la CNMC la cuestiona; el consumidor paga. Entre medias aparece el fantasma del cártel: hay quien sostiene que lo que sería ilegal pactado entre empresas lo puede hacer el Gobierno por decreto, y apunta a donaciones de la asociación de empresarios del sector al partido de turno, regalos o fines de semana de lujo. También se apunta que la medida se vende como protección del agricultor cuando los mayores terratenientes de campos de olivos son la aristocracia.

También hay quien señala el flanco comercial: si hay excedente, lo lógico es exportarlo a otros países, no inmovilizarlo. Y quien recuerda que la marca más vendida a nivel global es propiedad de Deoleo, uno de los mayores importadores de aceite de oliva, con producción en España y lineales extranjeros llenos de aceites de origen español.

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Con la orden ya en el BOE y la revisión de diciembre por delante, la predicción más razonable es que el precio no se mueva gran cosa en el lineal: la retirada es temporal y el mercado tiene memoria de enlace. Lo que sí ha quedado claro es que cuando el Estado interviene, casi siempre hay alguien que paga la factura. Y ese alguien no suele ser el que firma el decreto.