Resumen del debate: El borrador del Decreto Maricarmen de Sumar sobre vivienda

Sumar plantea expropiar la vivienda si el inquilino supera los 70 años​

El borrador del llamado decreto Maricarmen no tiene los votos para salir adelante. Pero su filtración ha bastado para reabrir la guerra de la vivienda y colocar al inquilino de más de 70 años en el centro del mercado de alquiler español. La propuesta, desvelada por Artículo 14, permitiría a la administración expropiar el inmueble cuando el arrendatario supera esa edad. Sobre el papel es un blindaje al mayor; en la práctica, el sector lo lee como la puntilla a un mercado ya tensionado.

Qué dice el decreto Maricarmen que ha salido a la luz​

El texto fija una excepción al derecho de propiedad que hoy no existe en la ley estatal: si el arrendatario supera los 70 años, la administración podría expropiar la vivienda. El propietario cobraría el justiprecio a precio de mercado, siempre según la información publicada, y el parque resultante quedaría en manos de una inmobiliaria estatal. La denominación con la que circula el borrador —decreto Maricarmen— resume el tono del asunto: una norma bautizada con nombre propio, como si fuera una persona y no una ley.

El precedente que se cita no ayuda. Antes ya se aprobó una ley de vivienda que, en palabras de varios operadores, ha empujado a los pequeños propietarios a salir del mercado. La diferencia es que ahora se habla de expropiación, una figura que la Constitución reserva a causas de utilidad pública o interés social. Que el detonante sea la edad del inquilino es lo que ha encendido todas las alarmas.

¿Por qué se alega discriminación por edad?​

El artículo 14 de la Constitución es el primero en la lista. «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», reza el texto. La edad no figura de forma expresa, y contra eso choca el borrador: se trataría al inquilino de 71 años de forma distinta que al de 69.

La contradicción no es menor. Si el criterio es proteger al vulnerable, ¿por qué marcar la raya en los 70 y no en la situación económica? Nadie en el sector ha dado una respuesta clara. Mientras, los analistas recuerdan que el mismo criterio podría extenderse a cualquier otro colectivo y abrir un portillo legal difícil de cerrar.

El efecto real: menos alquileres para los mayores de 70​

Aquí está el nudo. El cálculo del propietario es frío: la prórroga legal del contrato llega a cinco años, y a siete si el arrendador es un gran tenedor. Si a eso se suma el tiempo que un desahucio puede pasar en el juzgado, alquilar a alguien que va a cumplir 70 dentro del contrato equivale a arriesgarse a no recuperar nunca el piso. La lógica de manual dice que si penalizas la oferta, la oferta desaparece.

Se sostiene que el resultado será el contrario del buscado: los mayores lo tendrán más difícil, no más fácil. Y que el grueso del parque acabará en manos de grandes fondos, los únicos con estructura para asumir ese riesgo. Ocho de cada diez viviendas en España están hoy en manos privadas; si esos propietarios se retiran, el precio lo marcarán los que queden.

Hay quien propone justo lo contrario: que el Estado avale al inquilino frente al propietario en lugar de expropiar. Con ese aval, sostienen, aflorarían en un mes más de lo que el decreto movilizaría en años; se ha llegado a hablar de 500.000 viviendas listas para salir al mercado. Un aval reduce el riesgo sin tocar la propiedad; una expropiación cambia el titular.

El decreto no tiene los votos: en qué punto está la tramitación​

El problema, para sus promotores, no es de fondo sino de aritmética. Sumar ha prometido forzar la firma de la norma, incluso por encima de la vicepresidenta. Junts ya ha avanzado que votará en contra, y no por la expropiación, sino por lo que considera indefensión del pequeño propietario frente a la ocupación. Sin esos votos, el decreto no se convalida.

Lo demás es ruido de fondo. La acampada de la Puerta del Sol ha decidido continuar pase lo que pase en el Consejo de Ministros, y por el camino el asunto ha arrastrado a otros frentes, incluido el de Ceuta, del que apenas se habla. Mientras la política sube el volumen, el propietario de clase media se hace una pregunta más simple: ¿a quién alquilo y hasta cuándo?

Voces que retratan el problema​

«Eso no lo aprueban ni aunque mañana venga Puigdemont a Barcelona y lo nombren Santo», resume la lectura más extendida sobre la tramitación. Otros ponen el foco en el inquilino: «no se aprobará pero lo que vamos a ver el siguiente año es caseros echando a gente mayor para curarse en salud aunque sean buenos pagadores». Y una tercera vía mira al final del camino, al destino del parque si los pequeños se retiran.

Si el borrador se queda en eso, en un borrador, es probable que no cambie ningún contrato ya firmado. Pero el daño del anuncio puede estar hecho: la próxima vez que un arrendador tenga delante a un candidato de 68 años, es muy posible que eche cuentas y diga que no. La norma que decía proteger al mayor puede acabar cerrándole la puerta. Es solo una previsión, discutida, pero sin datos que la confirmen del todo.