Resumen del debate: El 15-M de vivienda fracasará por esto. La España inquilina vs la España propietaria

El 15-M de vivienda topa con la España de los 73% propietarios​

Las acampadas han vuelto a Sol y las protestas por la vivienda se dejan ver ya en Euskadi, pero el pronóstico que circula entre quien sigue el ladrillo sin fe en el relato oficial es que el movimiento no va a tumbar nada. No por falta de motivos. Por aritmética social: el 73% de los españoles es propietario de su vivienda, y ese bloque no vota como inquilino, vota como patrimonio. Al otro lado queda un mercado del alquiler que se ha convertido en el escenario donde se dirimen las rentas del país.

Quién controla el alquiler en España​

Los datos de partida no admiten mucha discusión. España es una sociedad de propietarios con un parque de alquiler comparativamente estrecho y muy concentrado en su tramo alto: el 61% del mercado del alquiler pertenece a multiarrendadores y personas jurídicas, mientras que solo cuatro de cada diez viviendas alquiladas son de un casero con una única vivienda. Ahí empieza la pelea.

El término «multiarrendador» ha hecho fortuna en la discusión pública y también ha recibido palos: hay quien sostiene que llamar así a alguien con dos pisos alquilados infla el problema y deshumaniza al arrendador pequeño. La polémica, en realidad, es de unidad de medida. Contar cabezas no es lo mismo que contar ladrillos. Mil propietarios con un piso cada uno no fijan precios; una sola sociedad con carteras enteras en un barrio concreto, sí.

El decreto que tumbó Junts y la defensa del pequeño propietario​

La política de vivienda se ha estrellado en el Congreso. El primer decreto no salió adelante porque Junts no lo apoyó, y la explicación que recorre el sector es que la norma no distinguía bien entre fondos y caseros de toda la vida. Los números que maneja ese bando van en esa dirección: el 44,5% del alquiler es de caseros con una vivienda, el 18,3% con dos y el 8,6% con tres; las empresas, incluido el mercado negro, se quedarían en torno al 12%. Más del 70% de los ingresos por alquiler irían a hogares con tres o menos pisos.

Con ese reparto, reducir la definición de gran tenedor a cinco viviendas sonó, para una parte del arrendamiento doméstico, a castigo indiscriminado. El argumento contrario es más incómodo: si el umbral se bajó hasta ahí, es porque con diez no se rascaba nada. Mientras se discute la etiqueta, el inquilino sigue pagando la factura.

Barcelona: 3.155 propietarios con el 35% del alquiler​

La estadística estatal esconde lo que pasa a pie de calle. En Barcelona, 3.155 propietarios controlan el 35% del alquiler y los grandes tenedores en su conjunto rondan el 45%. En Madrid y Málaga el patrón se repite: fondos y sociedades comprando por segmentos y edificios completos. Quien defiende esa tesis sostiene que el poder de fijación de precios no se mide en porcentaje de parque, sino en capacidad de negociación; quien la rebate responde con una frase seca: con un 8% de un producto no controlas el precio de nada.

En la capital catalana, además, cuatro de cada diez viviendas alquiladas son de propietarios con un solo inmueble. Las dos cosas son ciertas a la vez, y ahí está el nudo.

El artículo 47 que nunca se aplica​

La Constitución dice en su artículo 47 que los poderes públicos regularán el uso del suelo para impedir la especulación y que la comunidad participará en las plusvalías urbanísticas. Es un mandato explícito, pero es un principio rector, no un derecho exigible ante un tribunal. La propiedad privada del artículo 33 sí tiene protección reforzada. Cuando ambos chocan, el ordenamiento se inclina hacia el propietario.

El resultado tiene nombres y apellidos. El caso convertido en símbolo es el de una mujer de 87 años con discapacidad, desahuciada de la vivienda en la que había vivido 70 años por un fondo que compró el edificio a precio de saldo; según la versión que circula, el nuevo dueño rechazó cualquier negociación. La ley, en ese pulso, no estaba de su lado.

¿Por qué no se construye vivienda barata en España?​

Aquí el diagnóstico se parte en dos. Un bloque señala la falta de oferta: medio siglo sin construir vivienda asequible, con la población en torno a los 50 millones de habitantes y creciendo a razón de medio millón al año, es una receta infalible para que los precios se disparen. Para este lado, discutir de quién es el propietario es secundario: nadie regala un piso.

El otro bloque apunta a la naturaleza del activo. La construcción está limitada por el suelo y el suelo urbano es estructuralmente especulativo; el ladrillo funciona como depósito de valor, se hereda y sostiene la desigualdad entre generaciones. De ahí que muchos sostengan que ningún partido va a mover nada, porque una parte de la clase política y de la sociedad tiene su capital en forma de tocho. La acusación de «ataque a la clase media» es, en este marco, el escudo perfecto.

El modelo belga contra los fondos buitre​

Mientras el decreto español se cae, el argumento que más se repite en las plataformas por el derecho a la vivienda es que existe precedente: Bélgica aprobó una ley que limitaba los beneficios de los fondos cuando atacaban a un Estado. Si se puede poner techo a la ganancia de una sociedad cuando el perjudicado es la administración, la pregunta lógica es por qué no se hace cuando el perjudicado es una familia. La propuesta estrella que recorre los manifiestos es construir parque público de alquiler a escala industrial, expropiar o nacionalizar carteras de grandes tenedores y sacar el suelo del mercado especulativo. Suena a programa electoral. Nadie ha explicado todavía quién lo paga.

---

La discusión encalla siempre en el mismo punto. Los datos estatales y los locales no cuadran, los porcentajes se cuentan por cabezas o por viviendas según convenga al argumento, y la España propietaria sigue defendiendo que su piso es el contrato social que le queda. Con esos mimbres, el 15-M de la vivienda tiene el techo más bajo que sus pancartas.