Resumen del debate: Desahucio de Paquita: ¿por qué nadie la protege de verdad?

Paquita, 83 años, paga 1.150 euros al mes y sigue sin saber cuándo saldrá de su casa​

Una mujer de 83 años con párkinson y grado III de dependencia lleva desde finales de los años noventa viviendo en el mismo piso de Santa Ana, a pocos metros de la Plaza Mayor de Madrid. Paga un alquiler que ronda los 1.150 euros mensuales. La propiedad corresponde a Tolesanta S.L., una sociedad vinculada a un patrimonio inmobiliario que gestiona inmuebles del centro de la capital. El lanzamiento previsto para el 22 de julio quedó suspendido cautelarmente por el juzgado, que reclamó a las administraciones información sobre la situación de vulnerabilidad de la octogenaria y sobre las alternativas habitacionales disponibles. La decisión dio un respiro. No cerró el procedimiento.

Qué dice la inquilina y qué sostiene su familia​

Paquita llegó a Madrid desde Huelva con 15 años. Su vida entera ha transcurrido en el mismo barrio, donde ha construido una red de vecinos que, con movilidad reducida, tiene una función práctica además de afectiva. Su párkinson y su grado III de dependencia complican cualquier mudanza. Durante el primer intento de lanzamiento se preguntaba cómo iba a encontrar una vivienda nueva en tan poco tiempo: «¿Cómo vas a buscar una casa del día uno al día 22 sin poderme valer bien y con mi hijo trabajando sin más remedio?». Su familia sostiene que detrás del procedimiento está la intención de destinar el inmueble al alquiler turístico. La inquilina lo resumía con una frase que da título a este asunto: «Solo quieren dinero, dinero y dinero». La empresa, por su parte, ha activado el procedimiento judicial. Ella ha pagado mes a mes.

El edificio, la sociedad y el negocio turístico del centro​

El caso se produce en uno de los puntos de Madrid donde más se ha tensionado la convivencia entre vivienda residencial y alojamientos turísticos. El edificio de Santa Ana 6 forma parte de un conjunto de inmuebles repartidos entre distintas sociedades tras la reorganización del patrimonio de la familia Couret. En el inmueble todavía quedan varios contratos residenciales, pero el tejido vecinal teme que ese equilibrio se rompa a medida que vayan venciendo. El nombre de Tolesanta ya había aparecido en otro conflicto: la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el cierre de varios apartamentos turísticos explotados por sociedades vinculadas al mismo grupo en el número 77 de la calle Toledo. En ese edificio, de unas sesenta viviendas, alrededor de cuarenta llegaron a destinarse a uso turístico, según la resolución judicial.

Los decretos de vivienda y el limbo judicial​

La aprobación de los decretos de vivienda contempla la suspensión de un desahucio cuando la persona es vulnerable y no tiene alternativa habitacional. Eso da aire. No resuelve. El entorno de Paquita no sabe si su caso entra dentro de los desahucios que no se podrán ejecutar gracias a esa norma. Mientras tanto, la fecha sigue sin existir. Durante el verano, cuando el lanzamiento estaba a punto de ejecutarse, vecinos y colectivos del barrio se movilizaron bajo el lema «Todas somos Paquita». La suspensión judicial frenó temporalmente la operación y abrió la puerta a buscar una salida. No la encontró.

El precio del alquiler y el relato que lo acompaña​

El caso ha servido para reabrir una discusión más amplia sobre quién fija el precio del alquiler y quién responde de él. Hay quien sostiene que la responsabilidad última está en la falta de vivienda pública y en la normativa que encarece la construcción; en contra pesa el argumento de que el propietario particular no opera como una administración y que el mercado turístico paga más por el mismo metro cuadrado. El resultado, en cualquier caso, es una tensión que se repite en el centro de Madrid: contratos residenciales que vencen, licencias turísticas que avanzan y una generación mayor que no puede permitirse el traslado.

Paquita ha dejado de atender a los medios. Su caso despertó el interés de más de un centenar de periódicos, radios y programas de televisión, según la asociación que la acompaña. Está previsto que participe únicamente en un pequeño vídeo para responder a ese interés. Salvo que cambie de opinión, será su única aparición hasta que se conozca una nueva fecha de lanzamiento. Una mujer de 83 años, 28 años en la misma casa, un procedimiento abierto y una fecha que todavía no existe. ¿Cuánto puede durar un desahucio suspendido sin que nadie decida qué pasa con la inquilina?