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Trece viviendas, nueve donadas y 18.414 euros en rentas: el patrimonio de la diputada que pedía regular a los fondos​

Una diputada del PSOE en el Congreso reclama regular a los fondos de inversión para que no campen a sus anchas por el mercado del alquiler. La misma diputada declara trece viviendas urbanas en propiedad. Nueve de ellas, según la información publicada, llegaron por donación. Y en el capítulo de rentas por alquiler figuran 18.414 euros. La coincidencia entre el discurso y la hoja de bienes tiene un nombre viejo: hipocresía.

El caso de Mercè Perea, diputada socialista, salta a la luz pública a través de la prensa, que cruza su intervención parlamentaria con su declaración patrimonial. El contraste no necesita adjetivos. La dirigente que exigía mano dura contra los grandes tenedores resulta ser, con los números en la mano, una pequeña gran tenedora. La noticia no es que un político tenga inmuebles: es que quien legisla sobre el alquiler tenga trece.

Cuántas viviendas tiene Mercè Perea y de dónde salen​

El dato central es el inventario: trece viviendas urbanas. De ellas, nueve proceden de donación, según la información difundida. La fórmula importa, porque una donación no es una compraventa al uso y explica por qué un patrimonio de ese tamaño puede aparecer sin un rastro de financiación convencional.

Las rentas declaradas por alquiler ascienden a 18.414 euros. Puestos a hacer la cuenta de servilleta, sale una media de 1.416 euros anuales por inmueble si se reparten entre los trece. Hay quien lo lee como prueba de que los pisos están vacíos o alquilados por debajo de mercado. La aritmética no cierra por ningún lado, y ese desajuste es, en sí, la historia.

Quién es Mercè Perea y qué dijo sobre los fondos buitre​

Perea es diputada del PSOE y su intervención pública se centró en exigir regulación contra los fondos de inversión que operan en el mercado residencial. El mensaje: hay que poner coto a los grandes propietarios para que no actúen sin límites.

El problema de fondo es de coherencia legislativa. Un parlamentario que vota normas sobre alquiler y vivienda tiene, por definición, un conflicto de interés potencial si su patrimonio depende de ese mismo mercado. No hace falta imputar nada para señalarlo: basta con mirar la declaración.

El argumento que recorre el caso: no son los pisos, es el doble rasero​

La lectura dominante no se queda en el número. Lo que irrita es la asimetría entre lo que se exige a los demás y lo que se practica en casa. Hay quien sostiene que el problema no es tener trece viviendas, sino atacar a quien tiene catorce mientras se calla lo propio. En contra pesa el argumento de que un patrimonio declarado y legal no invalida una política pública.

La discusión se extiende a la clase política en bloque. La conclusión más repetida es incómoda para todos: si una diputada con trece inmuebles puede dar lecciones sobre alquiler, el listón del debate público está donde está.

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Queda el dato que descoloca. Trece viviendas, nueve donadas, 18.414 euros en rentas. Con esas cifras sobre la mesa, la pregunta ya no es qué hará la diputada con su patrimonio, sino cuántas declaraciones parecidas siguen sin cruzarse con el discurso de sus dueños.