Resumen del debate: De investigar el 11-M a un psiquiátrico: el caso Cillán

De investigar el 11-M a un psiquiátrico: el caso de la jueza Cillán​

Una jueza que un día decide investigar qué pasó realmente el 11-M y acaba recluida en un centro psiquiátrico de Palencia. Ese es el esqueleto del caso que se ha puesto encima de la mesa a propósito de Coro Cillán, la magistrada que saltó a la fama con el caso Tibidabo y que, según el relato que circula, se convirtió en objetivo prioritario del PSOE desde el momento en que puso la lupa sobre los atentados de Atocha. La secuencia que se describe es la de un cerco profesional: primero la prevaricación en el cierre de una discoteca del centro de Madrid, después la querella contra Villarejo por unos audios en los que se hablaba de atarla en corto, y el apartado del caso de los Pujol.

La discoteca Moma y la sombra de la prevaricación​

El expediente por el que se la apartó tiene nombre: el cierre de la discoteca Moma. La tesis que sostiene el planteamiento es que aquello fue una trampa, y se apunta a un detalle concreto: el denunciante del caso Moma habría acudido varios días seguidos al juzgado de guardia esperando a que estuviese ella para poner la denuncia contra su socio, que era amigo de la jueza. Ese detalle, que en un sumario normal sería una anécdota procesal, aquí se lee como la pieza que encaja el puzle.

Lo que sí está documentado es el efecto sobre su carrera. Según el relato, la investigación derivó en problemas con el alcohol y antidepresivos, y en una querella contra Villarejo a cuenta de unos audios sobre el caso Pujol en los que se decía que había que atarla en corto y no darle tregua. Poco después fue apartada de ese caso. La secuencia —investigación, desgaste, apartamiento— es la que se repite en otros nombres que se citan: la UCO, la jueza Biedma en el caso del hermano, el juez Peinado en lo de Begoño, Aldama.

Las dos ambulancias y el ingreso en Palencia​

El tramo que más se subraya es el sanitario. Un día, a la salida de los juzgados de Plaza Castilla, una ambulancia la recoge y la lleva a una residencia, donde permanece hasta que su abogado consigue sacarla porque no la dejaban irse. Después, otra ambulancia aparece en su casa y la traslada a La Paz por una crisis hipertensiva. No vuelve a su domicilio: la fiscalía ordena de nuevo su ingreso en un centro psiquiátrico y allí sigue, en un centro de Palencia, aislada, según las quejas de amigos y familiares que denuncian que no la dejan hablar con nadie.

La pregunta que sobrevuela todo el asunto es la de siempre: ¿dónde acaba la tutela sanitaria y dónde empieza el apartamiento de una jueza incómoda? Hay quien sostiene que el alcoholismo y las vistas con problemas son motivo sobrado para una intervención; en contra pesa el argumento de que a los conductores de obra con el carajillo mañanero no se les interna. Y hay un precedente que se cita: a Alberto Royuela intentaron declararlo loco y se blindó con un peritaje psicológico previo.

El 11-M, la verdad incómoda y los policías prejubilados​

El origen de todo, según el planteamiento, es el 11-M. La jueza quería saber la verdad sobre los explosivos y eso, se argumenta, no convenía. En el aire queda la frase que se atribuye al juez Bermúdez al despedirse: que los españoles no están preparados para saber la verdad. Y una anécdota que se cuenta como ejemplo del silencio que rodea al asunto: un matrimonio de policías nacionales, ella de la Unidad de Intervención Policial y luego de la Científica, de los primeros en pisar los trenes de Atocha, prejubilados a los pocos días con la pensión máxima y un plus de un millón de euros. Ni sus hijas saben lo que piensan de aquello.

¿Qué se discute realmente en este caso?​

El asunto tiene dos lecturas que no se tocan. Una: la jueza estaba mal, bebía, y el sistema la protegió. Otra: la jueza molestaba, y el sistema la neutralizó por la vía psiquiátrica, que es la más limpia porque no deja huella judicial. La primera se apoya en testimonios de quien la trató profesionalmente y la describe como una persona deteriorada. La segunda se apoya en la cronología: la investigación del 11-M, los audios, el apartamiento del caso Pujol, las dos ambulancias, el ingreso indefinido.

El dato que descoloca no es ninguno de los dos. Es que, a día de hoy, la jueza sigue en Palencia y el caso sigue sin una explicación que cierre.