Resumen del debate: CASO SEPI

La SEPI y la lista interminable de casos que nadie investiga en profundidad​

A pesar de las constantes acusaciones que vinculan a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con una decena de presuntos escándalos –desde las mascarillas en 2020 hasta los sobrecostes del AVE a Bilbao, pasando por Tubos Reunidos, Duro Felguera, los blindados 8x8 Dragón o los submarinos S-80–, la maquinaria judicial apenas se ha movido. El contraste es llamativo: cada contrato público parece arrastrar una sombra de sospecha, pero los expedientes se acumulan sin que se produzcan condenas ni sanciones ejemplares.

La sensación de impunidad se refuerza al repasar el catálogo de episodios denunciados por un conocido activista anticorrupción –al que en los foros llaman “el murciano encabronao”–, que ha ido desgranando supuestos casos de adjudicaciones irregulares, sobrecostes y desvíos de fondos en ayuntamientos, diputaciones y empresas públicas. Sin embargo, sus revelaciones apenas han tenido eco en los grandes medios, lo que alimenta la teoría de una censura mediática o, cuando menos, de un desinterés calculado.

Entre los ejemplos recurrentes aparecen las mascarillas adquiridas en 2020 con presuntos sobreprecios, las ayudas millonarias a empresas como Tubos Reunidos y Duro Felguera, los problemas técnicos y económicos del programa de vehículos blindados y submarinos, o el carbón robado en Cantabria. También la obra faraónica del túnel del AVE a Bilbao, cuyas indemnizaciones acumuladas alcanzarían cifras astronómicas. Cada caso, por separado, podría ser un escándalo; juntos dibujan un patrón.

• Mascarillas (2020): contratos de emergencia sin control.
• Ayudas SEPI a empresas en crisis (Tubos Reunidos, Duro Felguera).
• Programa Dragón (8×8) y submarinos S-80: sobrecostes y retrasos.
• Carbón robado en Cantabria y expolio de recursos públicos.
• Túnel del AVE a Bilbao: indemnizaciones récord por retrasos.

Lo más sorprendente no es la sucesión de casos, sino la ausencia de consecuencias. Mientras desde determinados sectores se insiste en una trama organizada de corrupción que afectaría a todas las administraciones, el discurso oficial se limita a negar o minimizar. La pregunta que flota en el ambiente es directa: ¿cuándo va a tomarse en serio la justicia estos expedientes? O, peor aún: ¿realmente hay voluntad política para hacerlo?