Resumen del debate: Casi la mitad de los inmigrantes en edad laboral está sin empleo

Casi la mitad de los africanos en edad laboral que viven en España estaría sin empleo, según un tuit​

Un tuit que corre por las redes estos días pone cifras sobre la mesa: casi la mitad de los africanos en edad laboral que residen en España —y alrededor del 70% de los marroquíes— estaría sin empleo. El dato, atribuido al análisis de Alejandro Macarrón, se ha convertido en el detonante de una conversación que mezcla estadística, cuentas públicas y una sospecha de fondo: que la inmigración que no cubre vacantes genuinas acaba costando más de lo que aporta. La discusión se ha cruzado, además, con otro mensaje viral: el de una familia vulnerable en Navarra que, según el economista Gonzalo Bernardos, percibiría más de 4.000 euros mensuales en subsidios con dos niños pequeños.

El desempleo como vara de medir

El primer argumento que se repite es el de la paguita como incentivo perverso. Si el sistema permite vivir sin trabajar, la lógica es sencilla: una parte de quienes llegan no buscará empleo, o lo buscará solo en negro. Hay quien sostiene que muchos compatibilizan sueldo sumergido y ayuda pública, y quien añade que el problema no es la llegada sino la ausencia de un permiso de residencia ligado a una vacante real. La propuesta que circula con más fuerza en esa línea es la repatriación de quienes no acrediten actividad laboral.

Frente a eso, otra corriente recuerda que el desempleo no se reparte por origen sino por cualificación y por el tipo de contrato al que se accede. La tasa de paro de un colectivo joven y con baja formación siempre será alta, argumentan, y eso no demuestra por sí solo que el sistema sea un chollo. El cálculo completo, con la distribución por nacionalidades y por tiempo de residencia, es donde de verdad se ve si el dato de Macarrón resiste o se desinfla.

La familia de Navarra y el efecto llamada

El segundo mensaje viral añade leña: una familia con dos niños pequeños que, según la cifra difundida, ingresaría más de 4.000 euros al mes en ayudas. La comparación implícita es demoledora para el relato oficial: un sueldo medio no llega a eso. De ahí salta la pregunta de si el sistema de protección está diseñado para cubrir la vulnerabilidad o para crear una renta alternativa al trabajo.

El caso concreto que se cita en la conversación —una familia desahuciada en Vitoria, con 2.454 euros mensuales en ayudas, 36 días de vacaciones en su país de origen y cinco años evitando mudarse— se usa como ejemplo de manual. Conviene tomarlo con pinzas: es un caso, no una norma, y la generalización a partir de un expediente concreto es el tipo de atajo que estropea cualquier análisis serio.

Reemplazo demográfico y ruina económica

No todo el mundo discute en clave de rentabilidad. Hay una corriente que sostiene que el debate económico es una distracción: lo que estaría en juego es una política de reemplazo demográfico, y que salga caro o barato sería secundario frente al objetivo moral. Es la tesis más incómoda y la que menos datos aporta, pero explica por qué el argumento de las cuentas públicas no convence a todo el mundo.

A eso se suma la evidencia anecdótica: escenas de tercermundización en comercios, personas que llegan de paso, habitaciones compartidas y empadronamientos exprés. Son impresiones, no estadística, y como tales deben leerse.

Lo que el dato no cierra

La conversación deja una pregunta sin resolver: si el desempleo de un colectivo concreto es la prueba de que la inmigración no cubre vacantes, o si es la consecuencia de un mercado laboral que expulsa a los menos cualificados. Con casi la mitad de un grupo en edad laboral sin trabajo, la cifra es lo bastante grande como para exigir una respuesta que no sea ni el silencio ni el tuit.