Resumen del debate: Canarias y la Graciosa: ¿qué hacer con la inmigración?

La octava isla canaria no es un vertedero de personas​

Mientras Canarias afronta otra vez la presión migratoria, ha resurgido en ciertos ambientes de internet una ocurrencia recurrente: aprovechar La Graciosa, la octava isla del archipiélago, para recluir allí a migrantes y menores no acompañados. La propuesta se vende como “solución logística”: 29,1 km², más grande que Ceuta o Melilla, y solo 750 residentes a los que habría que compensar. Pero el plan se desmonta en cuanto se miran los detalles.

El primero es geográfico y humano. La Graciosa no tiene aeropuerto, depende de un ferry y su población no es muda. Trasladar a los vecinos para habilitar una especie de “zona improvisada” es la parte que nadie explica: quién paga la indemnización, quién garantiza los servicios básicos y qué ocurre si alguien decide cruzar a Lanzarote a nado o en patera. La realidad es que el control de una isla sin infraestructuras cuesta más que un centro en tierra firme.

Los precedentes no ayudan al argumentario. Uno cita a Australia y su detención offshore; otro recuerda que Cabrera ya funcionó como campo de prisioneros con los soldados de Napoleón, y no precisamente con éxito humanitario. También se menciona Perejil, con cabras y sin agua. El símil recurrente de “meterlos en una isla y que se apañen” choca con la legalidad española y con la simple lógica: una isla habitada no es una cárcel.

La única cifra que sostiene la idea es la superficie. Todo lo demás —logística, derechos, convivencia— está sin resolver.