Resumen del debate: Brutal: El Gobierno aprueba que el propietario que no renueve al inquilino tendrá que "indemnizarle" con un mínimo de 12 mensualidades

Doce mensualidades al inquilino si el casero no renueva el contrato​

El segundo decreto de vivienda llegará al BOE con un día de retraso y con una cláusula que ha puesto del revés el mercado del alquiler: el propietario que decida no renovar el contrato tendrá que indemnizar al inquilino con un mínimo de 12 mensualidades de renta. La norma modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el Gobierno prevé publicarla este jueves, después de que el Consejo de Ministros del martes se alargara más de una hora. La compensación se calcula sobre la renta de una vivienda de características análogas según el sistema estatal de referencia de precios y no podrá quedar por debajo de una mensualidad por cada año que el inquilino haya permanecido en el piso. La versión oficial es que el retraso obedece a motivos técnicos y jurídicos. La lectura política es bastante menos aséptica.

Prórroga automática y aviso con seis meses de antelación​

El cambio de fondo está en el régimen de prórroga. Cumplido el periodo mínimo obligatorio —cinco años cuando el arrendador es una persona física y siete si es una persona jurídica—, el contrato se extiende por periodos sucesivos de la misma duración siempre que ninguna de las partes transmita su voluntad de no renovar. El propietario que quiera romper deberá comunicarlo con al menos seis meses de antelación; el inquilino, con dos.

Romper se puede. No hace falta alegar motivo concreto. Solo pagar. Y la contrapartida tiene suelo doble: doce rentas como mínimo absoluto y, encima, una mensualidad por cada año de contrato cumplido, lo que en arrendamientos largos multiplica la factura.

La aritmética que circula entre propietarios​

Los números que manejan los arrendadores pequeños son de traca. Quien alquila a 1.000 euros mensuales y comunica la no renovación tras un mes de contrato se enfrenta a pagar 12.000 euros cuando solo había cobrado una renta. Con un alquiler de 900 euros y una estancia prolongada, hay quien sostiene que la horquilla se estira hasta los 18.000 euros e incluso hasta las 20 mensualidades en función de la antigüedad. El texto habla de un mínimo, no de un máximo tasado, y ahí está buena parte del miedo.

Cuándo el propietario se libra de pagar​

Hay cinco vías de exención. La necesidad de la vivienda para el propio arrendador, su cónyuge o familiares hasta segundo grado. Que el inquilino no habite la casa más de seis meses al año sin causa justificada. Que disponga de otra residencia apta en el mismo municipio. Que se formalice un contrato nuevo de cinco o siete años a precio regulado. Y la vulnerabilidad acreditada del arrendador. Todas deben quedar justificadas en la comunicación de no renovación, lo que convierte un simple aviso en un documento con carga probatoria y anticipa litigios.

Dos decretos troceados y votación por separado el viernes​

El paquete se partió en dos para cuadrar la aritmética parlamentaria. El primer decreto permite al inquilino pedir una renovación de hasta dos años, con excepciones, y exige estar al corriente de pago: cuenta con las ocho mensualidades anteriores abonadas, de modo que un moroso no entra. Decae además si las partes firman un contrato nuevo con la renta rebajada al menos un 5% o si el propietario acredita necesitar la vivienda para sí o para familiares cercanos. El segundo introduce la prórroga automática.

Los dos textos están conectados y el segundo modifica un artículo del primero: de ahí la explicación del retraso, porque no tiene mucho sentido enmendar una disposición que aún no ha entrado en vigor. El Gobierno quiere que el Congreso vote por separado la convalidación de ambos el viernes, en pleno extraordinario, aprovechando el respaldo de la calle a las protestas para presionar a los socios más escépticos. Conviene recordar que la convalidación es una votación de totalidad: el decreto se aprueba o se deroga entero, sin tocarle una coma. Para cambios hay que tramitarlo después como proyecto de ley de urgencia, y eso son semanas de enmiendas.

¿Por qué se retira el piso del mercado en lugar de subir el alquiler?​

Porque sobre el precio actual no queda margen. Es el argumento que más se repite: una vivienda a 1.800 euros al mes no puede revalorizarse a 2.500 sin quedarse fuera del bolsillo de la demanda. La cuenta que se hace es la de una pareja en Madrid que ingresa 4.000 euros conjuntamente y destina 2.500 al piso; le quedan 1.500 para vivir, transporte, comida, luz y agua.

Con ese punto de partida, la reacción dominante no es subir, es salir. Quien tiene un piso alquilado y valoraba venderlo o dejarlo quieto lo sacará del mercado, sostienen los propietarios. El efecto agregado que se teme es menos oferta: puede que no haya precios que subir, pero tampoco dónde meterse. Y el desahucio de Maricarmen a manos de Urgabestión, la acampada de la Puerta del Sol y la presión del Sindicato de Inquilinas —con Valeria Racu y Alicia del Río como portavoces— son el combustible político de todo el paquete, con Sumar empujando la reivindicación y el PSOE buscando encaje para no perder a Junts y al PNV.

Lo que aún no está decidido​

El segundo decreto está redactado pero no publicado, y su suerte depende de una votación de totalidad el viernes. Si sale adelante, los contratos nuevos nacerán con esa indemnización incorporada, y con fianzas y precios que nadie sabe anticipar. Si decae, la prórroga automática se queda en el limbo y las acampadas tendrán que decidir si el gesto les basta. Mientras tanto, nadie ha puesto la cifra que de verdad importa: cuántos pisos saldrán del mercado de alquiler en los próximos doce meses.