Resumen del debate: ¡A las mariscadas! 510 millones de dinero público para UGT y CCOO en 4 años.

Medio millar de millones para dos sindicatos: el 86% del pastel​

Más de 511 millones de euros desde 2022. Ese es el dinero público que, según los datos que abren la conversación, han recibido UGT y CCOO, lo que supone el 86% de todas las subvenciones sindicales repartidas en ese periodo. El reparto no es homogéneo: alrededor del 30% procede de la Administración central y el 70% restante de comunidades autónomas y administraciones locales, con Cataluña encabezando la lista autonómica. La cifra, traducida a ladrillos, daría para unas 6.000 viviendas sociales, según el cálculo que se lanza sobre la mesa.

El 86% no es pluralismo: es un oligopolio con sello legal​

El primer reproche que aparece es estructural. Un sistema de representatividad que se retroalimenta: más subvención genera más estructura, más estructura permite más horas de personal liberado en medios y mesas de negociación, y esa apariencia de presencia constante se traduce en más representatividad y, por tanto, en más subvención. El círculo se cierra solo. Con ese cuadro, la lectura más ácida sostiene que lo que se compra no es diálogo social, sino dos centrales dóciles que firman lo que se les pone delante y convocan protesta solo cuando conviene.

Hay quien va más allá y señala que el titular se queda corto: la formación subvencionada y los programas de empleo serían una caja aparte, concertada con administraciones de todos los signos políticos, que no aparece en el cómputo de los 511 millones. Ahí estaría, según esta tesis, el marisqueo fino del chiringuito.

Cataluña encabeza el 70% autonómico​

El desglose territorial concentra otra parte del enfado. Que Cataluña lidere el tramo autonómico se interpreta como modelo de un sindicalismo que vive de presupuestos y exporta su relato en tres idiomas. La comparación con la sanidad y la educación es inmediata en varios mensajes: si el dinero es para hospitales y aulas, no se entiende que acabe en estructuras sindicales. Un profesor universitario lo resume desde dentro: para educación, dice, no hay tanto.

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De la crítica al recorte: qué se propone​

Las propuestas van de lo moderado a lo radical. La primera: cerrar el grifo y que los sindicatos vivan de las cuotas de sus afiliados, si es que les queda alguno. La segunda: asfixiarlos económicamente, con inspección de Hacienda trimestral incluida. La tercera, la más dura: ilegalizar a los que se salten la raya y dejar que crezcan sindicatos sectoriales minoritarios encantados de heredar el pastel.

El trasfondo es la sospecha de que el sindicalismo subvencionado defiende a partidos antes que a trabajadores. Y un detalle que sobrevuela la conversación: la conversión a pesetas de los 511 millones —unos 85.000 millones— sirve para denunciar la pérdida de referencia del euro y una inflación real que, se afirma, está muy por encima de la oficial.

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¿Cuánto tiene que crecer la cuota de afiliados para sostener lo que hoy paga el contribuyente? Nadie lo ha calculado todavía.