Resumen del debate: 210 escaños el verdadero reto de la derecha.

El umbral de 210 escaños que la derecha no alcanza​

El verdadero reto de las elecciones del 29 de noviembre no es llegar a 176 escaños, la cifra que permite investir y gobernar con mayoría absoluta. El número que de verdad importa, según el planteamiento que abrió esta discusión, es 210: la mayoría de tres quintos del Congreso que abre la puerta a reformas constitucionales profundas. El problema es que, a la fecha de este debate, nadie tiene claro que la derecha pueda siquiera acercarse.

La tesis de partida es ambiciosa: España lleva demasiado tiempo discutiendo los mismos problemas sin entrar en el fondo de cómo está organizado el país. Habría dos grandes cuestiones pendientes. La primera, una reforma del sistema electoral que haga que el voto de los ciudadanos tenga un peso lo más equivalente posible, con revisión de circunscripciones, representación territorial y el papel de Congreso y Senado. La segunda, clarificar y racionalizar el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Qué competencias deberían volver al Estado​

No se trata necesariamente de eliminar las autonomías, sino de definir con mucha mayor claridad qué competencias deben ser estatales, cuáles autonómicas y cuáles municipales. El objetivo declarado: reducir duplicidades administrativas, evitar 17 regulaciones diferentes cuando no aportan ningún valor y garantizar unos servicios básicos comparables independientemente del lugar de España donde viva un ciudadano.

La lista de competencias estratégicas que, según este planteamiento, deberían recuperar una dirección y coordinación estatal mucho mayor incluye educación, sanidad, infraestructuras, agua, determinados aspectos fiscales y servicios esenciales. Es un menú que, en la práctica, toca el núcleo del Estado autonómico tal y como se ha construido en las últimas décadas.

El problema aritmético: de dónde salen los 210​

Aquí empieza el choque con la realidad. Los cálculos más optimistas que circulan en el debate sitúan a PP y Vox en torno a 200 escaños sin pactos con nacionalistas. Para llegar a 210 haría falta sumar a PNV y Junts, algo que se antoja improbable: la propia dinámica de esos partidos, según se argumenta, les llevaría a cortarse las venas antes que pactar con determinados socios.

El escenario alternativo que se maneja es que PP y Vox se queden en 176 escaños o menos. Hay quien sostiene que incluso pasando de 176, el margen para ganar cinco más de los actuales es poquísimo. Y hay quien va más allá: si el PP supera los 140 escaños, pasará de Vox y entonces no habrá nada que hacer, porque «la misma mierda es».

El factor Feijóo: ganar no es reformar​

La discusión deriva rápidamente hacia un escepticismo más profundo. No es solo cuestión de números. La corriente dominante en el análisis sostiene que, aunque la derecha alcanzara los 210 escaños, no tocaría nada institucional del Estado. Se describe a Feijóo como un político del siglo pasado, el «Merz español», alguien sin intención de arreglar nada estructural.

El precedente que se cita es Rajoy: llegó a la mayoría absoluta en 2011 y no derogó ni una coma de las leyes del gobierno anterior. La conclusión que se extrae es que ni con 210 diputados se hará nada, y que las políticas que ahora se critican —despenalización de la okupación no violenta, IVA al 21%, promoción automática con suspensos, límite de pagos en efectivo— vienen precisamente de aquella mayoría absoluta del PP.

El Senado y la vía constitucional que nadie mira​

Hay un cálculo que descoloca: el reto real no serían los 210 diputados, sino los 160 senadores (ahora hay 147). Con esa cifra, al día siguiente se cambia el artículo constitucional correspondiente y se abre la vía para reformas que no pasan por el Congreso. Es el tipo de detalle técnico que suele quedar fuera del titular y que, sin embargo, condiciona cualquier estrategia de reforma profunda.

La otra cara de la moneda es el miedo simétrico. Si la izquierda lograra esa mayoría reforzada, según se advierte, medio país tendría que hacer las maletas y emigrar. Si la alcanzara la derecha, no tocaría nada sin consenso de la izquierda y de los nacionalistas vascos y catalanes. La «derechita cobarde» aplicada al PP, como se resume con retintín, es el diagnóstico que más se repite.

Qué se juega el ciudadano de a pie​

Más allá de la aritmética parlamentaria, el debate destapa un temor concreto: que una mayoría reforzada de la derecha se utilice para recortar derechos y beneficiar a los empresarios. El ejemplo que se pone es la reducción del subsidio por enfermedad, que afectaría a trabajadores de cierta edad mientras otros colectivos mantienen pensiones elevadas y patrimonios inmobiliarios.

También hay quien defiende que la reforma necesaria no es territorial sino electoral: exigir un 5% en cómputo nacional para tener representación, lo que dejaría fuera a PNV, Junts, Bildu y similares, obligándoles a coaligarse. Es la propuesta que más consenso genera entre quienes creen que el sistema actual beneficia precisamente a los dos grandes partidos.

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La pregunta que queda flotando no es si España necesita una legislatura de reforma profunda. Es si existe alguna combinación parlamentaria capaz de emprenderla sin destruirse en el intento. Y, sobre todo, si los que tendrían los votos tendrían también la voluntad. Con estos mimbres, el cesto no está garantizado.