Resumen del debate: 17 años de prisión para el rapero Frankie Gee por abusar de una menor de 14 años

La Fiscalía pide 17 años al rapero Frankie Gee por abusar de una menor​

La Fiscalía Provincial de Las Palmas reclama 17 años de prisión para el rapero grancanario Frankie Gee, Francisco Manuel González, por mantener de forma continuada relaciones sexuales con una menor de 14 años y grabar algunos de esos encuentros. Él tenía 49; ella, 14. Treinta y cinco años de diferencia entre dos personas que se conocieron en junio de 2024 en la playa de Las Canteras y que, según el escrito de acusación, acabaron construyendo un noviazgo de cara a la galería: cenas en restaurantes, discotecas, gimnasio, cine, presentaciones familiares y pernoctas de fin de semana en el domicilio del acusado, en el barrio de La Isleta.

Qué se le imputa exactamente al rapero​

El Ministerio Público sostiene que el acusado, nacido en 1975, mantuvo en varias ocasiones relaciones con penetración vaginal y oral en su vivienda, con ánimo de menoscabar la indemnidad sexual de la menor. Algunas de esas relaciones, según la acusación, quedaron grabadas y almacenadas en su teléfono móvil, aunque no consta que las difundiera a terceros.

Los delitos que se le atribuyen son cuatro: un delito continuado de agresión sexual a menores de 16 años, otro de utilización de menores con fines pornográficos, un tercero de posesión de pornografía infantil y un cuarto por quebrantamiento, ya que habría incumplido la orden de alejamiento que pesaba sobre él antes de ser detenido.

Más allá de la prisión, la acusación pide 30.000 euros de indemnización para la víctima, 22 años de alejamiento y prohibición de comunicarse con ella una vez cumplida la condena, siete años de libertad vigilada y diez de inhabilitación para cualquier trabajo que implique contacto con menores.

El debate sobre la edad: menor no es lo mismo que infante​

Una de las discusiones que ha generado el caso gira en torno a la terminología. Hay quien sostiene que a los 14 años no se es un infante y que la infancia termina antes, mientras que la respuesta jurídica es que el Código Penal, en su artículo 189, define como pornografía infantil la que afecta a menores de edad. La distinción entre menor e infante no altera la calificación legal, pero sí el modo en que parte del público lee el caso.

En paralelo, circula el argumento de que existía una relación consentida y presentada como noviazgo. La acusación, sin embargo, no se apoya en la ausencia de consentimiento formal, sino en el ánimo de menoscabar la indemnidad sexual de una persona que, por edad, no puede prestarlo válidamente a efectos penales.

El historial judicial que agrava el retrato​

El caso no llega aislado. Según las informaciones publicadas, el acusado acumula una condena de 18 meses de prisión por amenazas a un periodista, derivada de una noticia titulada «La Fiscalía pide cárcel para el rapero Frankie Gee por suscitar odio y violencia contra los magrebíes», además de tres condenas previas por violencia de género. Si no tuviera antecedentes, la pena de 18 meses no habría supuesto ingreso efectivo; esta nueva causa podría activar su cumplimiento.

El perfil que dibujan esos antecedentes —violencia de género, amenazas a un informador, quebrantamiento de alejamiento— explica por qué buena parte de las reacciones no se detienen en la pena solicitada. Hay quien considera que 17 años es poco y quien recuerda que en España las condenas elevadas rara vez se cumplen íntegras.

Las penas en España: lo que se pide y lo que se cumple​

El contraste entre la petición fiscal y la ejecución real de las condenas es otro de los ejes del caso. Se argumenta que en España las penas acumuladas se topan con límites de cumplimiento efectivo, de modo que sumas teóricas muy altas se traducen en estancias mucho menores. Con ese marco, la cifra de 17 años funciona más como señal de gravedad que como pronóstico de reclusión.

Queda por ver qué hace el tribunal con la petición del Ministerio Público y cómo encaja el quebrantamiento de condena en el cómputo final. La causa sigue su curso y ninguna de las imputaciones está, a esta fecha, confirmada por sentencia firme.

¿Basta con endurecer las peticiones fiscales cuando el cuello de botella está en la ejecución de lo ya dictado?