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La factura asignada: la ola de protestas juveniles en Europa
- Autor del tema Rosso
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RESUMEN DEL MENSAJE INICIAL · elaborado con IA
Una ola de protestas juveniles recorre Europa desde septiembre, con Francia como epicentro: casi 600.000 manifestantes el 5 de noviembre y 891 liceos afectados el 6 de octubre. Debajo del detonante de cada país hay un mismo combustible económico: vivienda cara, salarios reales estancados y servicios públicos aplazados.
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Una ola de protestas juveniles recorre Europa desde septiembre, con Francia como epicentro: casi 600.000 manifestantes el 5 de noviembre y 891 liceos afectados el 6 de octubre. Debajo del detonante de cada país hay un mismo combustible económico: vivienda cara, salarios reales estancados y servicios públicos aplazados.
El 17 de septiembre, en el liceo Saint-Exupéry de Créteil, a las afueras de París, faltaban profesores. Plazas sin cubrir, personal ausente, aulas saturadas. Los docentes pararon primero; los alumnos se sumaron al día siguiente. Cuatro días después, la protesta había saltado a otros centros. No era un conflicto laboral más: era la mecha de algo que iba a recorrer Europa en pocas semanas.
El 6 de octubre, el Ministerio del Interior francés contaba 256.000 manifestantes en todo el país, mientras los convocantes hablaban de 450.000. Ese día, 891 de los 3.700 liceos del país tenían clases suspendidas total o parcialmente. El 17 de octubre, una jornada contra la vida cara convocada en redes sociales y recogida por los chalecos amarillos reunió a 550.000 personas según Interior. Ese día ardió el ayuntamiento de Limoges. Al día siguiente, Interior contaba 1.800 detenidos; el lunes, 2.400. El presidente Emmanuel Macron anunció que los prefectos podrían prohibir concentraciones, y el ministro del Interior, Bruno Retailleau, pidió toques de queda parciales en varias ciudades.
El 5 de noviembre llegó la jornada más grande del movimiento, ya con los grandes sindicatos dentro: cerca de 600.000 manifestantes según las autoridades —575.000 en el balance definitivo— y casi 1,6 millones según la CGT. Ese mismo día, el primer ministro Sébastien Lecornu convocó a sindicatos y patronal a una conferencia social sobre salarios y poder adquisitivo que se celebró en Matignon.
De Créteil a Tirana: el mismo combustible con detonantes distintos
Francia es el caso ruidoso, pero no el único. El 21 de octubre, el New York Times documentaba protestas en al menos ocho países europeos: acampadas por la vivienda en Madrid y Lisboa, disturbios en el norte de Italia, estudiantes y funcionarios en Atenas, choques con la policía en Tirana, además de movilizaciones en Bélgica y Alemania. Uno de los entrevistados, de 27 años, lo resumía con una frase que el diario recogió: «The no-future generation is back», la generación sin futuro ha vuelto. La acampada de la Puerta del Sol duró 38 días; la policía la desalojó el 3 de noviembre.
Quien protesta es joven, muchas veces menor de edad, y lo que pide tiene una forma parecida en todas partes aunque cambie el detonante: alquileres en España y Portugal, el estado de los centros escolares en Francia e Italia, financiación universitaria en Grecia, corrupción en Albania. Debajo de todo eso, salarios, vivienda y coste de la vida.
Nada de eso ha caído del cielo. Quince años de dinero barato inflaron el precio de los activos, la vivienda el primero: un 60% en la UE entre 2010 y mediados de 2025, según Eurostat. Los salarios fueron a otro ritmo. Según la Comisión Europea, en Francia, Italia y Alemania el salario real de 2024 seguía por debajo del de 2019; en Italia, más de un 4% por debajo. La inflación que vino después hizo el reparto a su manera: licuó la hipoteca a tipo fijo de quien ya tenía casa y empujó el alquiler de quien no la tenía, que pagó dos veces, en la cesta y en el recibo.
Los presupuestos protegieron las prestaciones de quien vota mucho y aplazaron las plazas de profesor y la vivienda pública, que votan poco. La regulación del suelo ha funcionado en casi todos estos países como barrera de entrada para el que llega; donde además se topó el alquiler sin tocar la oferta, se repartió escasez. Cada una de esas decisiones tuvo beneficiarios concretos, que llevan años cobrando sin ruido, y perjudicados que han empezado a notarlo ahora.
Portugal es de los pocos países donde el salario real sí ha subido, y sus jóvenes acampan igual, por una vivienda que cuesta casi dos veces y media lo que en 2010. Albania está fuera del euro y su protesta tiene otra raíz inmediata: la corrupción, un complejo turístico ligado a la familia Trump y un primer ministro que lleva en el cargo desde 2013. Aun así, en cuanto volvieron las clases, el 13 de octubre, universitarios y bachilleres se sumaron a un movimiento que llevaba meses en la calle. En cinco días hubo incendios en el Ministerio de Educación, en una planta del de Justicia y en un banco, y 272 personas atendidas por los servicios sanitarios, 169 de ellas policías. Eso descarta que todo esto sea una crisis fiscal de la eurozona trasladada a la calle; no demuestra que los ocho países compartan una causa.
Son dos fenómenos distintos, y pueden darse a la vez. Uno es un malestar de fondo, económico, repartido por medio continente. El otro es el contagio de formas de protesta de un país a otro. Según el mismo Times, los liceístas franceses animaron a los belgas, y en Alemania ya se corea una consigna nacida en Francia. Lo primero explicaría por qué hay combustible; lo segundo, por qué ha prendido a la vez.
La escala, la violencia y el margen fiscal que separan a Francia del resto
La escala, para empezar. El Times reconoce que esto es más pequeño que lo que vino después de 2008, y fuera de Francia las cifras son de miles, no de cientos de miles. Tampoco es la misma la naturaleza de la violencia. En Milán, el 17 y el 18 de octubre, un grupo se descolgó de una marcha contra el coste de la vida y se dedicó a saquear, con chavales de apenas doce años entre los retenidos: 104 agentes heridos, unos setenta llevados a comisaría y diecisiete arrestados en el primer balance. La víspera, los estudiantes se habían manifestado en paz por sus institutos. Meter las dos cosas en el mismo saco sirve para despreciar la protesta o para disculpar el pillaje, y ninguna de las dos lecturas ayuda a entender lo que pasa.
Y sobre todo, la posición fiscal. Italia, Grecia o Portugal también tienen deuda vigilada por los inversores, pero en Francia coinciden a la vez una Asamblea que el 4 de noviembre rechazó la parte de ingresos del presupuesto por 458 votos contra cero, una prima de riesgo que en octubre tocó máximos desde 2011 —175 puntos el día 22; alrededor de 150 el 6 de noviembre— y la mayor movilización social del continente. Cada manifestación encarece políticamente el ajuste, y cualquier concesión con coste complica unas cuentas que ya cuesta financiar. ING lo resumió el 20 de octubre diciendo que Francia «has neither the fiscal room to buy social peace nor the political room to impose adjustment easily»: no tiene margen fiscal para comprar la paz social ni margen político para imponer el ajuste.
El daño directo de los disturbios es pequeño. Morningstar calculaba como mucho 1.200 millones de euros en daños asegurados. La interacción entre la calle y la deuda es otro asunto, y más lento.
Hay una última diferencia que puede acabar pesando más que las otras: quién recoge el fruto. Matteo Salvini se apuntó el envío de 500 soldados a Milán y aprovechó el decreto de seguridad para colar su agenda migratoria. Marine Le Pen, en vídeo y al día siguiente del incendio de Limoges, prometió que «dentro de seis meses los franceses podrán elegir otro camino, el de la autoridad y la seguridad recuperadas». Jordan Bardella se ofreció a «restablecer la seguridad y el orden por todos los medios legales posibles». Nada garantiza que el enfado de los jóvenes acabe en políticas para los jóvenes.
Quién paga el ajuste y quién tiene activos para soportarlo
Phil Swagel, director de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, lo planteó con dos preguntas: qué generación paga el ajuste y, dentro de cada generación, quién. La deuda no contesta ninguna de las dos por sí sola; eso lo decide la política, al elegir qué impuestos suben, qué prestaciones se mantienen y qué inversiones se aplazan. Pero aplazar tampoco es neutral: cada año que se retrasa el ajuste quedan menos ocasiones de repartirlo entre quienes hoy reciben las prestaciones, y más parte de la decisión recae en quienes tendrán que sostener el sistema mañana, que hoy votan poco o todavía no votan.
Los datos franceses muestran algunas grietas del servicio. En el curso 2024-2025 dejó de impartirse el 9,8% de las horas previstas en la secundaria pública, según el Ministerio de Educación: 7,5 puntos por horas sin profesor delante —ausencias individuales sin sustituto, pero también formación y funcionamiento del propio sistema— y 2,3 por cierres completos del centro, muchos por exámenes. El dato mide horas perdidas, no recortes. Este curso, el 53% de los centros encuestados por el sindicato SNES-FSU empezó con al menos una plaza vacante, y el paro de los menores de 25 años está en el 21,6%, dos puntos y medio más que un año antes.
Lo que sí está documentado, y por el propio Gobierno, es el peso de las pensiones. Un anexo del proyecto de presupuestos de 2027 las desglosa por ministerio: de los 89.100 millones de Educación, 28.500 —un 32%— van a cotizaciones al sistema de pensiones de los funcionarios del Estado, con un tipo patronal del 82,3% que se explica sobre todo por la demografía: 0,94 cotizantes por pensionista. No es que el ministerio pague las pensiones de sus antiguos profesores, ni que cada jubilación impida sustituir a uno en activo. Pero el anexo lo dice con todas las letras: «les crédits qui financent la retraite ne financent pas les services publics», el dinero que paga pensiones no paga servicios públicos.
Mancur Olson explicó por qué es más fácil defender una ventaja identificable que organizarse para conseguir un beneficio futuro y disperso. Una pensión recortada tiene un perjudicado inmediato y organizaciones que lo defienden; un profesor que nunca llega a contratarse deja alumnos perjudicados, pero nadie concreto que haya perdido algo con nombre y apellidos. La protesta de los liceos hace precisamente eso: convierte un coste difuso en un conflicto visible.
El ajuste puede llegar por varios caminos —crecimiento, recortes, impuestos, inflación o, en el peor caso, una crisis abierta— y no todos cargan igual sobre las mismas edades. Una inflación alta con pensiones mal indexadas golpearía a los jubilados. Pero los recortes tienden a caer en lo que menos votos tiene detrás, la inflación protege a quien posee vivienda y castiga a quien la alquila, y las crisis abiertas dejan la cicatriz más honda en quien entra entonces al mercado de trabajo, como enseñó Grecia con un paro juvenil por encima del 50%.
De ahí la segunda pregunta de Swagel, la que impide convertir esto en jóvenes contra viejos. Una cosa es quién paga el ajuste y otra quién tiene activos para soportarlo. Dos chavales de la misma edad, el mismo sueldo y los mismos estudios viven en mundos distintos si uno va a heredar la casa de sus padres y el otro paga alquiler sin nada detrás. El primero recibirá el activo que protegió a su familia de la inflación; el segundo cargará con la deuda, el alquiler y la subida de precios sin compensación. Quizá por eso las acampadas de Madrid y Lisboa fueron por la vivienda y no por las pensiones.
La primera prueba en Matignon: 24 euros más de salario mínimo
Albert Hirschman distinguía entre la voz y la salida: protestar o irse. Buena parte de la generación griega de la crisis acabó yéndose del país. Pero salir no siempre es emigrar; también es retirarse de la política, retrasar la emancipación o renunciar a tener hijos. Si las calles se vacían sin cambios, lo que habrá que mirar es qué hacen los jóvenes cuando dejan de manifestarse.
La primera prueba en Francia llegó con la conferencia social en Matignon. La CFDT pedía cien euros netos más de salario mínimo; la CGT, unos 150. Lecornu anunció un 1,6% desde el 1 de diciembre, hasta unos 1.502 euros netos, 24 más que ahora. Según el ministro de Trabajo, un punto es su estimación de la revalorización automática por precios, que no se conocerá hasta el 15 de diciembre, y el 0,6% restante es un empujón discrecional, el primero desde 2012. La CGT lo calificó de migajas; la CFDT lo vio insuficiente, pero celebró que por primera vez parte de las ayudas a las empresas quede atada a negociar salarios por ramas, y FO valoró que haya caído el tabú del empujón.
Lo demás retrata el apuro fiscal mejor que cualquier prima de riesgo. Un decreto anunciado para esa semana atará parte de las rebajas de cotizaciones patronales a que los mínimos de cada rama no se queden por debajo del salario mínimo, con un primer calendario de negociaciones hasta principios de diciembre. Esas rebajas, recordó Lecornu, han pasado de unos 20.000 millones hace unos años a casi 70.000 el que viene. El resto son enmiendas al presupuesto de 2027 que aún tienen que salir adelante: horas extraordinarias libres de impuestos hasta 10.000 euros —ahora 7.500—, un año más con el tope de 1.000 euros para la prima de carburante que pueden pagar las empresas y más ventajas fiscales para la prima de reparto de valor. Ninguna exige un desembolso directo del Estado, aunque las exenciones se pagan igual, en recaudación a la que el Estado renuncia. Lecornu lo dijo casi con esas palabras: no va a abrir el grifo con dinero que ya no tiene.
Quedan otras pruebas con fecha. El 11 de noviembre, huelga general por la vivienda en España, convocada por CCOO, UGT y los sindicatos de inquilinas: la primera gran huelga general respaldada por CCOO y UGT desde noviembre de 2012, esta vez por la vivienda. El 17, nueva jornada de huelga convocada por la CGT y, por su cuenta, varios sindicatos de la función pública contra la congelación de su punto de índice. El 20, el Senado francés empieza a debatir el presupuesto. El 23, gran movilización sindical en Bruselas. Y el 29, las generales españolas, donde se verá si alguien convierte todo esto en programa.
Datos clave
- El 6 de octubre había 256.000 manifestantes en Francia según Interior y 891 de los 3.700 liceos con clases suspendidas.
- El 5 de noviembre, la jornada más grande del movimiento: cerca de 600.000 manifestantes según las autoridades y casi 1,6 millones según la CGT.
- La vivienda subió un 60% en la UE entre 2010 y mediados de 2025, según Eurostat, mientras el salario real de 2024 seguía por debajo de 2019 en Francia, Italia y Alemania.
- El 4 de noviembre la Asamblea francesa rechazó la parte de ingresos del presupuesto por 458 votos contra cero; la prima de riesgo tocó 175 puntos el 22 de octubre.
- Lecornu anunció un 1,6% de subida del salario mínimo desde el 1 de diciembre, hasta unos 1.502 euros netos, 24 más que ahora.
Fuente: parismatch.be
Resumen generado con inteligencia artificial a partir del primer mensaje del tema.