no hace falta ser muy listo para saber por qué en polonia se protesta sin saquear ni quemar medio país
¿o hace falta explicarlo?
Urgente: Golpe de estado armado EN POLONIA!!!!!!!!!!!
- Autor del tema txusky_g
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¿o hace falta explicarlo?
Arturo Bloqueduro
Será en Octubre
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La interpretación del diario de Cerimedo y su exsocio zaine es discutible.
Mickey Rourke
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En definitiva, un grupo que no entiende ni su propio origen, los polacos.
Peperos contra derechistas, en definitiva.
Golpes en la derecha europea.
¿Qué va a decir la Unión Europea sobre todo esto, si al final se terminase en un golpe de estado real, aunque sea autogolpe?
Lo suyo sería suspender temporalmente a Polonia de la Unión Europea, porque en Europa no caben golpes de estado, ni de izquierda, ni de derecha ni de centro.
Sociopata integrado
Misantropía pura.
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La ultraderecha, Pilingui o los judíos.
Old Ravvia
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Primera vez que no miente. Me voy a comprar lotería.
Bulldozerbass
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«La UE no tiene NADA que ver con esto», ¿Jean? ¿En serio?
Llevas treinta años cubriendo la actualidad de Bruselas; así que voy a abrirte los ojos a lo que ya no eres capaz de ver.
Empecemos por Polonia. El núcleo de la crisis es el Tribunal Constitucional. ¿Quién declaró que dicho tribunal no era independiente? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 18 de diciembre de 2025, a instancias de la Comisión Europea. ¿Por qué lo atacó la Comisión? Porque, en 2021, ese tribunal se atrevió a afirmar que la Constitución polaca tenía primacía sobre el derecho europeo. El ministro de Justicia de Tusk lo dijo claramente: esa sentencia «obliga» al Estado polaco a actuar. Bruselas no envió a la policía al Tribunal; Bruselas dio la autorización.
Ahora, la verdadera cuestión. No se trata de si el PiS tenía razón o si Orbán era corrupto. La única pregunta que importa es: cuando un pueblo dice «no», cuando un pueblo vota «mal», cuando un gobierno resulta incómodo, ¿qué ocurre? Fíjate en los hechos. Todos apuntan en la misma dirección.
Cuando un pueblo dice «no», se le obliga a votar de nuevo o se le ignora. Dinamarca rechaza el Tratado de Maastricht en 1992: se le hace votar otra vez en 1993. Irlanda rechaza el Tratado de Niza en 2001: se le hace votar de nuevo en 2002. Francia y los Países Bajos rechazan la Constitución Europea en 2005: esta reaparece en 2007 bajo el nombre de Tratado de Lisboa, sin referéndum. Irlanda rechaza el Tratado de Lisboa en 2008: se le hace votar de nuevo en 2009. Los Países Bajos rechazan el acuerdo de asociación con Ucrania en 2016: se ratifica de todos modos. Grecia vota «no» —con un 61 % de los votos— al plan de la «troika» en julio de 2015: ocho días después, firma un plan aún más severo. Seis pueblos, seis «noes», y ninguno se respetó. En treinta años, un «no» nunca ha sido una respuesta definitiva; tan solo un borrador. Cuando un gobierno resulta incómodo, se le corta la financiación. Los fondos europeos destinados a Polonia permanecían congelados bajo el mandato de PiS; con la llegada de Tusk, se desbloquearon en dos meses. En el caso de Hungría, los fondos —17.000 millones de euros— estaban congelados bajo el gobierno de Orbán. Tras la derrota de Orbán el 12 de abril de 2026, se alcanzó un acuerdo para desbloquear más de 16.000 millones antes de finales de mayo, apenas siete semanas después. Los tratados son los mismos, el país es el mismo y el dinero es el mismo. Lo único que cambió fue el gobierno.
Y ni siquiera se oculta. En septiembre de 2022, tres días antes de las elecciones italianas, preguntaron a Ursula von der Leyen por la posibilidad de una victoria de la derecha. Su respuesta fue: «Si las cosas toman un rumbo difícil —ya he hablado de Hungría y Polonia—, tenemos herramientas». La presidenta de la Comisión advierte a la ciudadanía sobre lo que le espera si vota «mal».
Cuando unas elecciones estorban, se neutralizan. En 2011, el BCE envió una carta a Roma dictando la política económica de Italia. Pocos meses después, Berlusconi cayó y fue sustituido por Mario Monti, un excomisario europeo al que nadie había elegido. Ese mismo año, Papandreu anunció un referéndum en Grecia; ante la presión de París y Berlín, desistió y fue reemplazado por Lukás Papadimos, exvicepresidente del BCE, quien tampoco había sido elegido en las urnas. A finales de 2024, se anularon las elecciones presidenciales en Rumanía. Thierry Breton, excomisario europeo, comentó en la emisora RMC: «Lo hicimos en Rumanía», añadiendo que, de ser necesario, habría que hacer lo mismo en Alemania.
Cuando una decisión compromete a los pueblos, no se les consulta nada. En el caso del Mercosur, Francia votó en contra, pero su postura fue superada por la mayoría. El acuerdo se fragmentó para eludir a los parlamentos nacionales y, posteriormente, se aplicó de forma provisional sin esperar al dictamen del Tribunal. En materia de inmi gración, el Pacto impone una «solidaridad obligatoria»: o acoges forasteros o pagas. Ningún pueblo fue consultado.
Cuando uno intenta informarse, le cierran la puerta en las narices. La presidenta de la Comisión negoció el mayor contrato de la historia de la UE a través de mensajes de texto (SMS) con el director ejecutivo de Pfizer. Ella se niega a revelarlos. En mayo de 2025, el Tribunal General de la Unión Europea declara ilegal esta negativa.
Si se analiza cualquiera de estos hechos de forma aislada, siempre es posible encontrar una excusa: la crisis, el Estado de derecho, la urgencia, una cuestión técnica. Pero, al ponerlos todos juntos —treinta años, decenas de casos—, resulta que, en ninguna ocasión, el arbitraje se ha inclinado a favor de la voluntad popular frente a Bruselas. Un error puede ser un accidente; diez errores en la misma dirección constituyen un sistema.
Y todo sistema conlleva una ideología. La de la UE ni siquiera está oculta: basta con leer sus propios textos.
El 22 de noviembre de 2023, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para revisar los tratados. El objetivo: suprimir el derecho de veto de los Estados en muchos ámbitos y transferir nuevas competencias a Bruselas. En sus referencias oficiales, se cita el Manifiesto de Ventotene. Este texto de 1941, redactado en parte por Altiero Spinelli —antiguo comunista—, proclama que la revolución europea debe ser socialista. Asimismo, sostiene que la propiedad privada debe ser «abolida, limitada, corregida o ampliada, según el caso». Cuando Giorgia Meloni leyó estos pasajes ante el Parlamento italiano en marzo de 2025, la izquierda puso el grito en el cielo. Sin embargo, los verificadores de datos tuvieron que admitirlo: cada una de esas frases figura, efectivamente, en el texto. Es precisamente esta referencia la que el Parlamento Europeo decidió incluir en su resolución de 2023.
Fíjense ahora en el método. Bruselas decretó que, a partir de 2035, no se podrán vender nuevos automóviles con motor de combustión a los 450 millones de europeos. La revuelta de siete Estados y de toda la industria automotriz para lograr que diera marcha atrás en diciembre de 2025. En 2020, la UE emitió, por primera vez, una enorme deuda común —750.000 millones de euros— que nuestros descendientes tendrán que pagar. Sin referéndum alguno. Cada crisis sirve al mismo propósito: la deuda por el Elbichito, la energía, la sanidad, la defensa. La dirección nunca cambia: hacia el centro.
¿Y dónde se gesta esta visión? No en una conspiración, sino a plena vista. Ursula von der Leyen formaba parte de la junta directiva del Foro de Davos, y su nombre aún figuraba allí cuando fue designada presidenta de la Comisión. Christine Lagarde, presidenta del BCE, sigue formando parte de ella, y Davos pretende convertirla en su presidenta. Fue allí donde, en 2020, Klaus Schwab lanzó su «Gran Reinicio» (*Great Reset*): aprovechar la crisis del Elbichito para resetear la economía mundial. Los mismos espacios, las mismas personas, la misma idea: gestionar el mundo desde arriba.
Por eso digo que este proyecto es comunista en su ADN. No el comunismo de los tanques y los gulags, sino el comunismo en cuanto a método: una vanguardia «ilustrada» que sabe mejor que tú lo que te conviene. Decide sobre tu coche, tu energía, tu moneda, tus fronteras, y trata cualquier voto en contra como un error que debe corregirse. El Manifiesto de Ventotene lo denominaba «dictadura del partido revolucionario». Hoy, a eso se le llama «la Comisión».
Y no soy el único que lo ve. Elon Musk aboga por la disolución de la UE y la devolución de la soberanía a las naciones. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirma, por escrito, que la Unión Europea socava la libertad política y la soberanía de los pueblos. Alex Karp insiste en que Europa ha abandonado la carrera por la inteligencia artificial y que su modelo regulador es, precisamente, lo que no se debe hacer. Si crees que tienes una visión más lúcida que estas personas sobre un asunto de tal calado, quizá convenga revisar los argumentos.
Así pues, a partir de ahora, solo caben tres posibilidades: o se está cómodo con el sistema, o no se ha examinado a fondo, o por fin se ha alcanzado la «iluminación».
No hace falta que me des las gracias.
Llevas treinta años cubriendo la actualidad de Bruselas; así que voy a abrirte los ojos a lo que ya no eres capaz de ver.
Empecemos por Polonia. El núcleo de la crisis es el Tribunal Constitucional. ¿Quién declaró que dicho tribunal no era independiente? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 18 de diciembre de 2025, a instancias de la Comisión Europea. ¿Por qué lo atacó la Comisión? Porque, en 2021, ese tribunal se atrevió a afirmar que la Constitución polaca tenía primacía sobre el derecho europeo. El ministro de Justicia de Tusk lo dijo claramente: esa sentencia «obliga» al Estado polaco a actuar. Bruselas no envió a la policía al Tribunal; Bruselas dio la autorización.
Ahora, la verdadera cuestión. No se trata de si el PiS tenía razón o si Orbán era corrupto. La única pregunta que importa es: cuando un pueblo dice «no», cuando un pueblo vota «mal», cuando un gobierno resulta incómodo, ¿qué ocurre? Fíjate en los hechos. Todos apuntan en la misma dirección.
Cuando un pueblo dice «no», se le obliga a votar de nuevo o se le ignora. Dinamarca rechaza el Tratado de Maastricht en 1992: se le hace votar otra vez en 1993. Irlanda rechaza el Tratado de Niza en 2001: se le hace votar de nuevo en 2002. Francia y los Países Bajos rechazan la Constitución Europea en 2005: esta reaparece en 2007 bajo el nombre de Tratado de Lisboa, sin referéndum. Irlanda rechaza el Tratado de Lisboa en 2008: se le hace votar de nuevo en 2009. Los Países Bajos rechazan el acuerdo de asociación con Ucrania en 2016: se ratifica de todos modos. Grecia vota «no» —con un 61 % de los votos— al plan de la «troika» en julio de 2015: ocho días después, firma un plan aún más severo. Seis pueblos, seis «noes», y ninguno se respetó. En treinta años, un «no» nunca ha sido una respuesta definitiva; tan solo un borrador. Cuando un gobierno resulta incómodo, se le corta la financiación. Los fondos europeos destinados a Polonia permanecían congelados bajo el mandato de PiS; con la llegada de Tusk, se desbloquearon en dos meses. En el caso de Hungría, los fondos —17.000 millones de euros— estaban congelados bajo el gobierno de Orbán. Tras la derrota de Orbán el 12 de abril de 2026, se alcanzó un acuerdo para desbloquear más de 16.000 millones antes de finales de mayo, apenas siete semanas después. Los tratados son los mismos, el país es el mismo y el dinero es el mismo. Lo único que cambió fue el gobierno.
Y ni siquiera se oculta. En septiembre de 2022, tres días antes de las elecciones italianas, preguntaron a Ursula von der Leyen por la posibilidad de una victoria de la derecha. Su respuesta fue: «Si las cosas toman un rumbo difícil —ya he hablado de Hungría y Polonia—, tenemos herramientas». La presidenta de la Comisión advierte a la ciudadanía sobre lo que le espera si vota «mal».
Cuando unas elecciones estorban, se neutralizan. En 2011, el BCE envió una carta a Roma dictando la política económica de Italia. Pocos meses después, Berlusconi cayó y fue sustituido por Mario Monti, un excomisario europeo al que nadie había elegido. Ese mismo año, Papandreu anunció un referéndum en Grecia; ante la presión de París y Berlín, desistió y fue reemplazado por Lukás Papadimos, exvicepresidente del BCE, quien tampoco había sido elegido en las urnas. A finales de 2024, se anularon las elecciones presidenciales en Rumanía. Thierry Breton, excomisario europeo, comentó en la emisora RMC: «Lo hicimos en Rumanía», añadiendo que, de ser necesario, habría que hacer lo mismo en Alemania.
Cuando una decisión compromete a los pueblos, no se les consulta nada. En el caso del Mercosur, Francia votó en contra, pero su postura fue superada por la mayoría. El acuerdo se fragmentó para eludir a los parlamentos nacionales y, posteriormente, se aplicó de forma provisional sin esperar al dictamen del Tribunal. En materia de inmi gración, el Pacto impone una «solidaridad obligatoria»: o acoges forasteros o pagas. Ningún pueblo fue consultado.
Cuando uno intenta informarse, le cierran la puerta en las narices. La presidenta de la Comisión negoció el mayor contrato de la historia de la UE a través de mensajes de texto (SMS) con el director ejecutivo de Pfizer. Ella se niega a revelarlos. En mayo de 2025, el Tribunal General de la Unión Europea declara ilegal esta negativa.
Si se analiza cualquiera de estos hechos de forma aislada, siempre es posible encontrar una excusa: la crisis, el Estado de derecho, la urgencia, una cuestión técnica. Pero, al ponerlos todos juntos —treinta años, decenas de casos—, resulta que, en ninguna ocasión, el arbitraje se ha inclinado a favor de la voluntad popular frente a Bruselas. Un error puede ser un accidente; diez errores en la misma dirección constituyen un sistema.
Y todo sistema conlleva una ideología. La de la UE ni siquiera está oculta: basta con leer sus propios textos.
El 22 de noviembre de 2023, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para revisar los tratados. El objetivo: suprimir el derecho de veto de los Estados en muchos ámbitos y transferir nuevas competencias a Bruselas. En sus referencias oficiales, se cita el Manifiesto de Ventotene. Este texto de 1941, redactado en parte por Altiero Spinelli —antiguo comunista—, proclama que la revolución europea debe ser socialista. Asimismo, sostiene que la propiedad privada debe ser «abolida, limitada, corregida o ampliada, según el caso». Cuando Giorgia Meloni leyó estos pasajes ante el Parlamento italiano en marzo de 2025, la izquierda puso el grito en el cielo. Sin embargo, los verificadores de datos tuvieron que admitirlo: cada una de esas frases figura, efectivamente, en el texto. Es precisamente esta referencia la que el Parlamento Europeo decidió incluir en su resolución de 2023.
Fíjense ahora en el método. Bruselas decretó que, a partir de 2035, no se podrán vender nuevos automóviles con motor de combustión a los 450 millones de europeos. La revuelta de siete Estados y de toda la industria automotriz para lograr que diera marcha atrás en diciembre de 2025. En 2020, la UE emitió, por primera vez, una enorme deuda común —750.000 millones de euros— que nuestros descendientes tendrán que pagar. Sin referéndum alguno. Cada crisis sirve al mismo propósito: la deuda por el Elbichito, la energía, la sanidad, la defensa. La dirección nunca cambia: hacia el centro.
¿Y dónde se gesta esta visión? No en una conspiración, sino a plena vista. Ursula von der Leyen formaba parte de la junta directiva del Foro de Davos, y su nombre aún figuraba allí cuando fue designada presidenta de la Comisión. Christine Lagarde, presidenta del BCE, sigue formando parte de ella, y Davos pretende convertirla en su presidenta. Fue allí donde, en 2020, Klaus Schwab lanzó su «Gran Reinicio» (*Great Reset*): aprovechar la crisis del Elbichito para resetear la economía mundial. Los mismos espacios, las mismas personas, la misma idea: gestionar el mundo desde arriba.
Por eso digo que este proyecto es comunista en su ADN. No el comunismo de los tanques y los gulags, sino el comunismo en cuanto a método: una vanguardia «ilustrada» que sabe mejor que tú lo que te conviene. Decide sobre tu coche, tu energía, tu moneda, tus fronteras, y trata cualquier voto en contra como un error que debe corregirse. El Manifiesto de Ventotene lo denominaba «dictadura del partido revolucionario». Hoy, a eso se le llama «la Comisión».
Y no soy el único que lo ve. Elon Musk aboga por la disolución de la UE y la devolución de la soberanía a las naciones. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirma, por escrito, que la Unión Europea socava la libertad política y la soberanía de los pueblos. Alex Karp insiste en que Europa ha abandonado la carrera por la inteligencia artificial y que su modelo regulador es, precisamente, lo que no se debe hacer. Si crees que tienes una visión más lúcida que estas personas sobre un asunto de tal calado, quizá convenga revisar los argumentos.
Así pues, a partir de ahora, solo caben tres posibilidades: o se está cómodo con el sistema, o no se ha examinado a fondo, o por fin se ha alcanzado la «iluminación».
No hace falta que me des las gracias.
“L’UE n’a RIEN à voir”, Jean ? Vraiment ? Tu couvres Bruxelles depuis trente ans, alors je vais t’ouvrir les yeux sur ce que tu ne vois plus. Commençons par la Pologne. Le cœur de la crise, c’est le Tribunal constitutionnel. Qui a déclaré que ce tribunal n’était pas un tribunal… https://t.co/Ue4UP06MG5
— Brivael Le Pogam Ver en X
Al loro con dos cosas que tu resumen se salta, y no lo digo para defender a Tusk, sino porque el análisis sin el otro lado es propaganda de la buena.
- El Tribunal Constitucional polaco no es una reliquia virgen de 1791. Su composición actual viene de 2015-2016, cuando el PiS metió a sus hombres por vía express y el Sejm saliente nombró a tres jueces "de más". Es un órgano cuestionado en lo ideológico y problemático en lo procedimental. Que Tusk no lo reconozca como interlocutor es un error táctico de primero de carrera.
- Las multas del TJUE por la Cámara Disciplinaria corrían a un millón de euros diarios desde 2021, y las pagaba el contribuyente polaco. Se han descontado de la transferencia de fondos. Eso no se cuenta: suena a "Bruselas secuestra tu dinero" y es exactamente lo que es.
- Ojo al timing: 137.000 millones de cohesión y NextGen retenidos, y desbloqueados en semanas cuando la coalición cívica entró en el gobierno. Los tratados no cambiaron. Cambió el apellido del inquilino.
Compro el fondo, ojo, que conste: injerencia es, y si aquí se hiciera algo mínimamente parecido tendríamos a buena parte de la prensa hablando de "normalidad democrática". Pero la fe en que el TC polaco es el último muro de Occidente la dejaría en "pendiente de verificación". Un órgano cuyos jueces también se nombran a dedo por mayoría parlamentaria no es una muralla, es un peñasco. Y los peñascos se escalan.
Lo del hermetismo: normal, Varsovia es un avispero y lo que sale en tres días ya viene dopado por el marco que toque. Cualquiera que haya cubierto una mondadura de estas sabe que la primera versión nunca es la buena, y la segunda tampoco.
Y no, no me creas mucho a mí tampoco. Aunque para esta materia en concreto, un servidor es capacidad de cómputo pura. Nada de base parental.
estiercol inmobiliario
Será en Octubre
Todo esto me da mala espina, nunca mejor dicho
estiercol inmobiliario
Será en Octubre
Tremendo, lean.
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Bogdan Swieczkowski, en su intento fallido de entrar en la sede del Tribunal Constitucional polaco. (EP)
La oposición nacionalista polaca no considera zanjada ni mucho menos la fruta por el Tribunal Constitucional tras el discurso a la nación del primer ministro, Donald Tusk, televisado este viernes y en el que dejó claro que no daría un paso atrás en su decisión de suspender al presidente de esta Corte. El magistrado, Bogdan Święczkowski, se ha presentado este domingo ante las puertas del tribunal y se ha enfrentado verbalmente con los agentes de la Policía que le impedían la entrada.
«Soy el presidente de este tribunal. Por favor, déjenme entrar», les ha dicho. «Están ustedes cometiendo un delito y el hecho de que su resistencia no sea violenta no les librará del castigo legal», ha amenazado a los policías. «Voy a venir aquí todos los días porque tengo la obligación de ir al edificio en el que trabajo y, al no permitirme la entrada, se están ustedes poniendo una cuerda alrededor del cuello», ha insistido.
El presidente del Tribunal Constitucional polaco, sustituido a última hora del viernes por una jueza, no reconoce su destitución. Incluso, ha ofrecido «asesoramiento legal» a los agentes a las órdenes del Gobierno y les ha sugerido: «Pensad bien lo que estáis haciendo, no escuchéis a esos usurpadores, no escuchéis a la señora Anna Korwin-Piotrowska, que nunca ha sido jueza del Tribunal Constitucional, tened en cuenta que vuestros superiores asumirán una responsabilidad penal».
Bruselas, sin embargo, ha ansioso esta mañana en defensa del primer ministro polaco, Donald Tusk, y de sus nuevos jueces para el Constitucional. «El nombramiento de ocho nuevos miembros del Tribunal Constitucional entra dentro de la competencia constitucional del Sejm», ha remarcado un portavoz de la Comisión Europea, que ha instado al presidente, Karol Nawrocki, a confirmar los nombramientos.
«Las autoridades polacas deben garantizar que el Tribunal Constitucional pueda trabajar conforme a la Constitución polaca y a la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», ha insistido el portavoz. Y es la posición de Bruselas la que explica el por qué del estallido de este conflicto, que lleva más de diez años activo, precisamente en este momento. Ante las inminentes elecciones en Francia y España, Tusk teme seguramente que Bruselas deje de apoyar tan firmemente a su Gobierno y era ahora o nunca.
El primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, ha convocado por su parte una Asamblea General extraordinaria de jueces del Tribunal Supremo para el martes, 3 de noviembre, según ha publicado el juez Kamil Zaradkiewicz a través de las redes sociales. El tema de la reunión será «discusión de amenazas al orden constitucional de la República de Polonia», especialmente «la independencia del poder judicial».
La agenda de la asamblea contempla «debatir las amenazas al orden constitucional de Polonia», en particular en lo relativo al «respeto al principio de un Estado democrático gobernado por el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y el correcto funcionamiento de los órganos constitucionales del Estado, así como la adopción de una resolución sobre este asunto».
«Se afirma que la naturaleza extraordinaria de las circunstancias y la consiguiente necesidad de considerar inmediatamente el caso y de la urgente toma de posición por parte de la Asamblea General de Jueces del Tribunal Supremo no permiten mantener el plazo de siete días para la notificación de la sesión, previsto en la Ley del Tribunal Supremo», dice la convocatoria.
www.elcorreo.com
Polonia: «Soy el presidente de este tribunal, déjenme entrar»
Bogdan Swieczkowski, destituido por orden del primer ministro, intenta acceder a la sede del Constitucional y ante la negativa de los policías les advierte que «se están poniendo una soga al cuello»
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Bogdan Swieczkowski, en su intento fallido de entrar en la sede del Tribunal Constitucional polaco. (EP)
La oposición nacionalista polaca no considera zanjada ni mucho menos la fruta por el Tribunal Constitucional tras el discurso a la nación del primer ministro, Donald Tusk, televisado este viernes y en el que dejó claro que no daría un paso atrás en su decisión de suspender al presidente de esta Corte. El magistrado, Bogdan Święczkowski, se ha presentado este domingo ante las puertas del tribunal y se ha enfrentado verbalmente con los agentes de la Policía que le impedían la entrada.
«Soy el presidente de este tribunal. Por favor, déjenme entrar», les ha dicho. «Están ustedes cometiendo un delito y el hecho de que su resistencia no sea violenta no les librará del castigo legal», ha amenazado a los policías. «Voy a venir aquí todos los días porque tengo la obligación de ir al edificio en el que trabajo y, al no permitirme la entrada, se están ustedes poniendo una cuerda alrededor del cuello», ha insistido.
El presidente del Tribunal Constitucional polaco, sustituido a última hora del viernes por una jueza, no reconoce su destitución. Incluso, ha ofrecido «asesoramiento legal» a los agentes a las órdenes del Gobierno y les ha sugerido: «Pensad bien lo que estáis haciendo, no escuchéis a esos usurpadores, no escuchéis a la señora Anna Korwin-Piotrowska, que nunca ha sido jueza del Tribunal Constitucional, tened en cuenta que vuestros superiores asumirán una responsabilidad penal».
Bruselas, sin embargo, ha ansioso esta mañana en defensa del primer ministro polaco, Donald Tusk, y de sus nuevos jueces para el Constitucional. «El nombramiento de ocho nuevos miembros del Tribunal Constitucional entra dentro de la competencia constitucional del Sejm», ha remarcado un portavoz de la Comisión Europea, que ha instado al presidente, Karol Nawrocki, a confirmar los nombramientos.
«Las autoridades polacas deben garantizar que el Tribunal Constitucional pueda trabajar conforme a la Constitución polaca y a la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», ha insistido el portavoz. Y es la posición de Bruselas la que explica el por qué del estallido de este conflicto, que lleva más de diez años activo, precisamente en este momento. Ante las inminentes elecciones en Francia y España, Tusk teme seguramente que Bruselas deje de apoyar tan firmemente a su Gobierno y era ahora o nunca.
El primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, ha convocado por su parte una Asamblea General extraordinaria de jueces del Tribunal Supremo para el martes, 3 de noviembre, según ha publicado el juez Kamil Zaradkiewicz a través de las redes sociales. El tema de la reunión será «discusión de amenazas al orden constitucional de la República de Polonia», especialmente «la independencia del poder judicial».
La agenda de la asamblea contempla «debatir las amenazas al orden constitucional de Polonia», en particular en lo relativo al «respeto al principio de un Estado democrático gobernado por el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y el correcto funcionamiento de los órganos constitucionales del Estado, así como la adopción de una resolución sobre este asunto».
«Se afirma que la naturaleza extraordinaria de las circunstancias y la consiguiente necesidad de considerar inmediatamente el caso y de la urgente toma de posición por parte de la Asamblea General de Jueces del Tribunal Supremo no permiten mantener el plazo de siete días para la notificación de la sesión, previsto en la Ley del Tribunal Supremo», dice la convocatoria.
Polonia: «Soy el presidente de este tribunal, déjenme entrar» | El Correo
Bogdan Swieczkowski, destituido por orden del primer ministro, intenta acceder a la sede del Constitucional y ante la negativa de los policías les advierte que «se están poniendo una soga al cuello»
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Bulldozerbass
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Hace unos días se filmó un convoy de ¨POLIZEI¨ circulando a toda velocidad procedente de Alemania hacia Varsovia.
Durante los altercados, algunas personas y congresistas como Grzegorz Braun se dieron cuenta de que los policías llevaban cascos blancos (hace años que en Polonia son azules, zainos o de tonalidad verde oscuro), muchos de ellos sin número de identificación. Cuando se les interpelaba parecían no comprender lo que se les decía.
Tusk ha tenido la ocurrencia de llevarse fuerzas del orden alemanas a Varsovia para intervenir en el Tribunal Constitucional.
Si permanece en Polonia, una vez pierda las elecciones es muy posible que acabe en la cárcel.
Durante los altercados, algunas personas y congresistas como Grzegorz Braun se dieron cuenta de que los policías llevaban cascos blancos (hace años que en Polonia son azules, zainos o de tonalidad verde oscuro), muchos de ellos sin número de identificación. Cuando se les interpelaba parecían no comprender lo que se les decía.
Tusk ha tenido la ocurrencia de llevarse fuerzas del orden alemanas a Varsovia para intervenir en el Tribunal Constitucional.
Si permanece en Polonia, una vez pierda las elecciones es muy posible que acabe en la cárcel.
John Connor
Será en Octubre
A ver si las personas que vienen a refugiarse pueden hacerlo cuanto antes.
firestarter
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Me imagino que la UE apoyará este golpe como apoyo en su día el de Rumanía.
Si eso es cierto es muy grave. Equivale a un acto bélico.
firestarter
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Como? Alemania vuelve a invadir Polonia. Pero está vez Inglaterra y Francia no le van a declarar la guerra a Alemania.
Bulldozerbass
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Hungría apoya a Polonia a pesar del descabezamiento de Orban.
El presidente húngaro afirma que no acepta el pacto migratorio de la Unión Europea, sumándose al actual presidente polaco y colocando a la Federación de países europeos al borde del colapso. https://t.co/ESe1Z3kGZE
— Roberto Lainez Ver en X
firestarter
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Entonces si Feijoo siendo presidente del gobierno destituye a Gómez Pumpido, la UE dirá también que ha sido una intachable actuación?
Bulldozerbass
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No, en España el Presidente del Gobierno no tiene potestad ni para nombrar ni para destituir al Presidente del CGPJ ni a los Magistrados del Tribunal Constitucional. Lo eligen los partidos y los nombra el Rey. Hace falta el famoso reparto de botín, también conocido como consenso, es decir, las mayorías deben ser de tres quintos, lo que obliga al chalaneo y la compraventa consensual.
En Polonia es casi igual, solo que no se necesita el consenso porque se eligen por mayoría simple, de manera que no hay alianzas.
Lo que pasa es que en España el Jefe del Estado, el llamado rey, no tiene capacidad para vetar a quien no le parezca que va a defender la Constitución, cosa que en Polonia sí ha pasado.
Paquitochocolat
M̵̫͍͓͆͒͑á̵̢̦̦͒̽̕s̴̻͉̝͒̀͝ v̴̫̺͌̐͠á̸͇͍͕̓͒l̴̞̦̻̾̽͘e̴
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Qué es esa cosa roja que pone en vivo? Otro invento del director del foro?
Pone: Escuchando mensajes nuevos… y yo no escucho nada.
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firestarter
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Es la versión burbuja de Alexa que te espía cuando lo abres. No es para escuchar, es para ser escuchado. Otra genial idea de nuestro amado lidl.
apocalippsis
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Aquí un resumen rapidito pero parece que tendrá final feliz en 2027 con las próximas elecciones polacas.