No cabe ningún caso más así, ¿no?
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El matrimonio desalojado abandona el bloque de Sansomendi.(Igor Martín)
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David González
23/10/2026Actualizado a las 15:06h.
La familia afectada por el desahucio en el barrio de Sansomendi cuenta con seis menores a su cargo, percibe «2.454 euros mensuales en ayudas públicas», rechazó firmar la notificación de un piso de acogida y se fue de vacaciones «38 días» a su país de origen el pasado verano. Por eso, el Ayuntamiento de Vitoria ha descartado de forma definitiva la adjudicación directa o extraordinaria de una vivienda a esta unidad familiar.
Según un informe municipal al que ha tenido acceso EL CORREO, los servicios sociales argumentan que el caso «no es una situación sobrevenida» ni una emergencia de última hora, ya que los afectados sabían desde «octubre de 2019» que el propietario no renovaría el alquiler por uso personal. De hecho, el dueño de la propiedad vive de alquiler en una habitación con su mujer embarazada y su descendiente, ha sido declarado vulnerable social y económicamente, y lleva cinco años litigando con la familia desahuciada.
El proceso judicial entre ambas familias comenzó en 2021 y, según detalla el documento técnico, la familia no siguió las pautas de inserción laboral ni la búsqueda de piso en otros municipios planteadas por los técnicos. En el apartado económico, el informe pormenoriza que los 2.454,18 euros mensuales provienen del Ingreso Mínimo Vital, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Económica de Vivienda y complementos a la infancia, a lo que se añaden ayudas de emergencia y el Banco de Alimentos.
El informe municipal constata que el viaje de 38 días en el verano de 2026 provocó una penalización de 354,74 euros en su prestación e interrumpió la búsqueda activa de empleo y vivienda.
Respecto al alojamiento de acogida, los Servicios Sociales intentaron entregar la respuesta en mano a mediados de octubre, pero el solicitante no quiso firmar el recibí ni llevarse el documento, por lo que se envió por carta certificada. El Consistorio concluye que la familia tiene ingresos suficientes para costearse una alternativa temporal por sus propios medios, aunque aclara que si en el momento del desalojo hay una necesidad extrema se valorará su ingreso en el Centro Municipal de Urgencia Social.
Siempre según esta institución, «esta familia se encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo que desde hace años las administraciones públicas le prestan ayuda para afrontar tanto su situación económica como social. Por respeto a la intimidad de la familia, el Ayuntamiento no va a dar información de su expediente. El compromiso es seguir trabajando dentro de las competencias municipales, ofreciendo la respuesta social en función de sus necesidades».
www.elcorreo.com
Los desalojados sabían desde «octubre de 2019» que el propietario del piso lo necesitaba para usarlo junto a su familia
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El matrimonio desalojado abandona el bloque de Sansomendi.(Igor Martín)
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David González
23/10/2026Actualizado a las 15:06h.
La familia afectada por el desahucio en el barrio de Sansomendi cuenta con seis menores a su cargo, percibe «2.454 euros mensuales en ayudas públicas», rechazó firmar la notificación de un piso de acogida y se fue de vacaciones «38 días» a su país de origen el pasado verano. Por eso, el Ayuntamiento de Vitoria ha descartado de forma definitiva la adjudicación directa o extraordinaria de una vivienda a esta unidad familiar.
Según un informe municipal al que ha tenido acceso EL CORREO, los servicios sociales argumentan que el caso «no es una situación sobrevenida» ni una emergencia de última hora, ya que los afectados sabían desde «octubre de 2019» que el propietario no renovaría el alquiler por uso personal. De hecho, el dueño de la propiedad vive de alquiler en una habitación con su mujer embarazada y su descendiente, ha sido declarado vulnerable social y económicamente, y lleva cinco años litigando con la familia desahuciada.
El proceso judicial entre ambas familias comenzó en 2021 y, según detalla el documento técnico, la familia no siguió las pautas de inserción laboral ni la búsqueda de piso en otros municipios planteadas por los técnicos. En el apartado económico, el informe pormenoriza que los 2.454,18 euros mensuales provienen del Ingreso Mínimo Vital, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Económica de Vivienda y complementos a la infancia, a lo que se añaden ayudas de emergencia y el Banco de Alimentos.
El informe municipal constata que el viaje de 38 días en el verano de 2026 provocó una penalización de 354,74 euros en su prestación e interrumpió la búsqueda activa de empleo y vivienda.
Respecto al alojamiento de acogida, los Servicios Sociales intentaron entregar la respuesta en mano a mediados de octubre, pero el solicitante no quiso firmar el recibí ni llevarse el documento, por lo que se envió por carta certificada. El Consistorio concluye que la familia tiene ingresos suficientes para costearse una alternativa temporal por sus propios medios, aunque aclara que si en el momento del desalojo hay una necesidad extrema se valorará su ingreso en el Centro Municipal de Urgencia Social.
Comunicado del Ayuntamiento
Este mediodía, el Ayuntamiento de Vitoria ha enviado una nota oficial sobre esta situación. «En lo relativo a la familia afectada este viernes por el lanzamiento judicial, el Ayuntamiento le ha ofrecido la única alternativa posible disponible, una acogida de urgencia y provisional en un recurso social, que ha rechazado. Los Servicios sociales no disponen de viviendas para adjudicarlas directamente», explica el comunicado del Gabinete de Maider Etxebarria.Siempre según esta institución, «esta familia se encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo que desde hace años las administraciones públicas le prestan ayuda para afrontar tanto su situación económica como social. Por respeto a la intimidad de la familia, el Ayuntamiento no va a dar información de su expediente. El compromiso es seguir trabajando dentro de las competencias municipales, ofreciendo la respuesta social en función de sus necesidades».
El Ayuntamiento de Vitoria descarta dar un piso a la familia desahuciada al recibir ayudas de «2.450 euros» y rechazar recursos | El Correo
Los desalojados sabían desde «octubre de 2019» que el propietario del piso lo necesitaba para usarlo junto a su familia
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