El inminente retorno de Carles Puigdemont, que se producirá de forma solemne y con toda pomposidad tras las elecciones del 29 de noviembre, ha generado mucho debate por el hecho de poder volver sin haber respondido ante la Justicia del golpe que dirigió durante el año 2017 y que supuso el mayor desafío institucional de la democracia española.
Puigdemont, que hace unos días cumplió nueve años en Waterloo (Bélgica), la ciudad que eligió para autoexiliarse, ya puede regresar después de que el juez que instruía su causa, Pablo Llarena, levantase la orden de detención una vez el Tribunal Constitucional avaló la amnistía que aprobó Pedro Sánchez a cambio de los votos de Junts para la investidura.
Pese a todo ello, es decir, que de regresar a España como hizo de forma fugaz en octubre de 2024 ya no sería detenido, la defensa del expresidente, ejercida por Gonzalo Boye, ha optado por esperar a que el Tribunal Supremo extinga por completo el procedimiento que sigue abierto en el Alto Tribunal.
Con el objetivo de seguir defendiendo el papel institucional de 'president', como, según su entorno ha hecho durante todo el autoexilio, su abogado comunicó hace unos días que su vuelta a España no se producirá hasta después de las elecciones del 29 de noviembre. Desde Junts, aunque admiten que Puigdemont sigue siendo su principal activo electoral, asumen que su retorno distorsionaría la campaña y podría beneficiar a Sánchez.
En el partido que todavía lidera el expresidente catalán, al margen del debate sobre seguir al frente de la formación, que se reabrirá una vez vuelva a residir en Cataluña, ya preparan un recibimiento por todo lo alto, «a lo Josep Tarradellas». La diferencia entre uno y otro es que Puigdemont no podrá salir al balcón del Palau de la Generalitat, ahora en manos del PSC, a pronunciar el ya famoso «Ja sóc aquí».
En Junts, que sí tienen el control del Parlament con un perfil muy próximo a Puigdemont como es Josep Rull al frente de la presidencia de la Cámara, miran hacia el Parc de la Ciutadella como epicentro de los actos de bienvenida. El Parlament es el último recinto institucional en el que se le vio antes de fugarse de Cataluña. Allí proclamó la breve República Catalana. Y ahí, explican en el entorno del expresidente, «se quedó con ganas de dar un discurso» tras marcharse. Voluntad que permanece a día de hoy, después de no haberlo podido hacer el día de la investidura de Salvador Illa. De momento es fruta, pero renunciará a su escaño.
la Ley 6/2003, del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat, recoge toda una serie de beneficios que ostentará todo aquel que haya ocupado, como es el caso de Puigdemont, la presidencia de la Generalitat. Aunque sea un breve espacio de tiempo de alrededor de dos años, como fue el caso del máximo responsable del golpe independentista.
Desde una oficina con tres personas nombradas a dedo y a sueldo de los presupuestos públicos, hasta medios de representación y protección, además de los derechos económicos que legalmente le correspondan, son parte de los privilegios que tendrá pese a no haber respondido ni pagado ante los tribunales por lo que hizo —a diferencia de otros dirigentes políticos en su misma situación—.
Está por ver el salario que percibirá, al que renunció inicialmente ya que le salía más a cuenta el de fruta y ambos son incompatibles. Se establece que tras dejar la presidencia tiene derecho a 117.308,67 euros, cantidad a la que dijo que no entonces y que se recibe proporcionalmente al tiempo que estuvo en el cargo. Estos 117.308,67 euros son el 80 por ciento del salario que tiene actualmente el president de la Generalitat, Salvador Illa, de tal forma que cada actualización que se haga también hace aumentar el sueldo de los expresidentes. Por ley la renuncia de entonces le impediría volver a recuperarlos, pero en la Generalitat no aclaran si hay algún resquicio que le permita recuperarlos.
A partir de que se jubile cobrará de forma vitalicia el 60% del sueldo del presidente de la Generalitat
A partir de que se jubile —queda poco más de un año para los 65—, esa asignación se reducirá al 60 por ciento de lo que cobre el presidente en ejercicio. Pero tiene una ventaja: aquí ya no se contabiliza el tiempo que estuvo al frente del Ejecutivo, su sueldo pasa a ser vitalicio hasta que fallezca. Está por ver, teniendo en cuenta que ya ha dicho que no ejercería de jefe de la oposición ni se quedaría en su escaño del Parlament, si podría prejubilarse también ahora con esas mismas condiciones, ya que la edad se lo permitiría.
A partir de ese momento, y sin menoscabo de esas actualizaciones que se puedan ir haciendo a lo largo de cada legislatura, Puigdemont percibirá un salario mensual de 70.385,20 euros. Se trata de una cifra muy superior a la pensión máxima establecida en España en 47.034,40 € brutos al año. Además, en su caso, hay que sumarle otros beneficios no contemplados en la nómina y que aumentan su poder adquisitivo.
Entre esos beneficios hay, también de por vida, la asignación de un coche oficial del parque móvil de la Generalitat que se renueva de forma periódica. Dicho vehículo cuenta con conductor. Además todos los expresidentes cuentan con una cápsula de escoltas que les acompañan en su día a día, bien sea para acudir a actos institucionales o para fines personales.
Al margen de todo eso, y no menos importante teniendo en cuenta el rechazo que sigue generando para muchos españoles el papel que jugó durante el procés, Carles Puigdemont conservará su condición de expresidente, con el tratamiento protocolario y la precedencia que correspondan en actos oficiales.
Puigdemont, que hace unos días cumplió nueve años en Waterloo (Bélgica), la ciudad que eligió para autoexiliarse, ya puede regresar después de que el juez que instruía su causa, Pablo Llarena, levantase la orden de detención una vez el Tribunal Constitucional avaló la amnistía que aprobó Pedro Sánchez a cambio de los votos de Junts para la investidura.
Pese a todo ello, es decir, que de regresar a España como hizo de forma fugaz en octubre de 2024 ya no sería detenido, la defensa del expresidente, ejercida por Gonzalo Boye, ha optado por esperar a que el Tribunal Supremo extinga por completo el procedimiento que sigue abierto en el Alto Tribunal.
Con el objetivo de seguir defendiendo el papel institucional de 'president', como, según su entorno ha hecho durante todo el autoexilio, su abogado comunicó hace unos días que su vuelta a España no se producirá hasta después de las elecciones del 29 de noviembre. Desde Junts, aunque admiten que Puigdemont sigue siendo su principal activo electoral, asumen que su retorno distorsionaría la campaña y podría beneficiar a Sánchez.
En el partido que todavía lidera el expresidente catalán, al margen del debate sobre seguir al frente de la formación, que se reabrirá una vez vuelva a residir en Cataluña, ya preparan un recibimiento por todo lo alto, «a lo Josep Tarradellas». La diferencia entre uno y otro es que Puigdemont no podrá salir al balcón del Palau de la Generalitat, ahora en manos del PSC, a pronunciar el ya famoso «Ja sóc aquí».
En Junts, que sí tienen el control del Parlament con un perfil muy próximo a Puigdemont como es Josep Rull al frente de la presidencia de la Cámara, miran hacia el Parc de la Ciutadella como epicentro de los actos de bienvenida. El Parlament es el último recinto institucional en el que se le vio antes de fugarse de Cataluña. Allí proclamó la breve República Catalana. Y ahí, explican en el entorno del expresidente, «se quedó con ganas de dar un discurso» tras marcharse. Voluntad que permanece a día de hoy, después de no haberlo podido hacer el día de la investidura de Salvador Illa. De momento es fruta, pero renunciará a su escaño.
Beneficios de expresidente
Pero al margen de todo el simbolismo que acompañará durante unas semanas la vuelta de una de las figuras más reconocidas del independentismo catalán, todavía con cierto predicamento entre ciertos sectores —está por ver si lo suficiente para que decida intenta otra vez ser president o que desista en sus intentos—, su retorno viene acompañado de ciertos privilegios.la Ley 6/2003, del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat, recoge toda una serie de beneficios que ostentará todo aquel que haya ocupado, como es el caso de Puigdemont, la presidencia de la Generalitat. Aunque sea un breve espacio de tiempo de alrededor de dos años, como fue el caso del máximo responsable del golpe independentista.
Desde una oficina con tres personas nombradas a dedo y a sueldo de los presupuestos públicos, hasta medios de representación y protección, además de los derechos económicos que legalmente le correspondan, son parte de los privilegios que tendrá pese a no haber respondido ni pagado ante los tribunales por lo que hizo —a diferencia de otros dirigentes políticos en su misma situación—.
Está por ver el salario que percibirá, al que renunció inicialmente ya que le salía más a cuenta el de fruta y ambos son incompatibles. Se establece que tras dejar la presidencia tiene derecho a 117.308,67 euros, cantidad a la que dijo que no entonces y que se recibe proporcionalmente al tiempo que estuvo en el cargo. Estos 117.308,67 euros son el 80 por ciento del salario que tiene actualmente el president de la Generalitat, Salvador Illa, de tal forma que cada actualización que se haga también hace aumentar el sueldo de los expresidentes. Por ley la renuncia de entonces le impediría volver a recuperarlos, pero en la Generalitat no aclaran si hay algún resquicio que le permita recuperarlos.
A partir de que se jubile cobrará de forma vitalicia el 60% del sueldo del presidente de la Generalitat
A partir de que se jubile —queda poco más de un año para los 65—, esa asignación se reducirá al 60 por ciento de lo que cobre el presidente en ejercicio. Pero tiene una ventaja: aquí ya no se contabiliza el tiempo que estuvo al frente del Ejecutivo, su sueldo pasa a ser vitalicio hasta que fallezca. Está por ver, teniendo en cuenta que ya ha dicho que no ejercería de jefe de la oposición ni se quedaría en su escaño del Parlament, si podría prejubilarse también ahora con esas mismas condiciones, ya que la edad se lo permitiría.
A partir de ese momento, y sin menoscabo de esas actualizaciones que se puedan ir haciendo a lo largo de cada legislatura, Puigdemont percibirá un salario mensual de 70.385,20 euros. Se trata de una cifra muy superior a la pensión máxima establecida en España en 47.034,40 € brutos al año. Además, en su caso, hay que sumarle otros beneficios no contemplados en la nómina y que aumentan su poder adquisitivo.
Entre esos beneficios hay, también de por vida, la asignación de un coche oficial del parque móvil de la Generalitat que se renueva de forma periódica. Dicho vehículo cuenta con conductor. Además todos los expresidentes cuentan con una cápsula de escoltas que les acompañan en su día a día, bien sea para acudir a actos institucionales o para fines personales.
Reconocimiento oficial
Además, la Generalitat proporciona a todos los que en algún momento de su vida estuvieron al frente del gobierno autonómico una oficina, presupuesto para su funcionamiento y medios personales que pueden ser nombrados a dedo por cada expresidente a sueldo a cargo de los presupuestos públicos. En los últimos días Puigdemont ha iniciado la mudanza de su oficina a un dúplex que la consejería de Presidencia le ha dispuesto en una de las zonas más ricas de Barcelona.Al margen de todo eso, y no menos importante teniendo en cuenta el rechazo que sigue generando para muchos españoles el papel que jugó durante el procés, Carles Puigdemont conservará su condición de expresidente, con el tratamiento protocolario y la precedencia que correspondan en actos oficiales.