Me parto, la culpa es de otras, dice que nunca recibió información del desastre. COMO POLLOS SIN CABEZA. Como medida va a reforzar las direcciones generales, ja ja ja, nivel premium.
A una semana de la vuelta de los alumnos a las aulas, la consejera de Educación,
Esther Niubó, ha confirmado hoy en comparencia ante los medios el cese de la secretaria general del Departamento, Teresa Sambola, y la apertura de tres expedientes disciplinarios por las irregularidades en la preparación de la muestra catalana para el informe de la OCDE.
«Han habido personas que no han estado a la altura de las responsabilidades que tenían asignadas», ha afirmado Niubó, que ha defendido que nunca recibió información sobre el problema que se estaba produciendo con la selección de alumnos. «Nunca se me trasladó ni llegó a mi mesa ninguna información o problemática relativa a estas excepciones relativas al alumnado de las pruebas PISA», ha asegurado. La titular de Educación ha querido desvincular el relevo de su número 2 en el Departamento con la polémica con las pruebas, aunque ha admitido que puede ser un "detonante", y ha dicho que quiere encarar la segunda parte de la legislatura con un fortalecimiento del departamento y las direcciones generales.
Según ha precisado ante los medios, con este relevo al frente de la Secretaría General de Educación se abre "una nueva etapa para acelerar el camino de la excelencia educativa". Niubó ha asegurado que ya tiene el nombre de la persona que sucederá a Sambola al frente de la Secretaría General que se aprobará mañana martes en el
Consell Executiu, informa Ep.
Respecto a los tres expedientes disciplinarios, la consejera no ha querido dar nombres, aunque ha trascendido que se trata de dos fincionarios y un alto cargo. En cuanto al motivo de la sanción, dos son "por una falta grave" y la tercera por "actos y omisiones" que suponen negligencia.
La decisión supone un paso más respecto a las explicaciones ofrecidas por la consejera el pasado mes de julio, cuando atribuyó el problema a una posible confusión provocada por la coincidencia de las pruebas PISA con los exámenes de final de etapa de
cuarto de ESO. Según aquella hipótesis, los centros podrían haber trasladado a PISA criterios de exclusión propios de las evaluaciones catalanas. Una explicación que los centros educativos han rechazado y que tampoco ha convencido a los expertos ni a la oposición.
El problema tiene una consecuencia especialmente grave: Cataluña no podrá comparar sus resultados de PISA 2025 con los de las ediciones anteriores. De los alumnos seleccionados para participar en la evaluación internacional, un
23,2% quedó excluido, cuando la OCDE establece en torno al 5% el límite para garantizar que la muestra siga siendo representativa. La incidencia fue detectada cuando la relación de alumnos llegó al Ministerio de Educación y a la empresa encargada de realizar las pruebas por encargo de la OCDE.
El episodio resulta especialmente delicado porque llega después de que Cataluña registrara en la anterior edición de PISA sus peores resultados históricos, con descensos en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. La imposibilidad de disponer ahora de una comparación fiable impide conocer si la evolución del sistema educativo catalán ha continuado en la misma dirección o si se ha producido alguna mejora.
Más recursos para un sistema tensionado
Niubó ha intentado contrarrestar el impacto político del caso PISA presentando las principales medidas de un curso que incorpora un importante aumento de recursos humanos. El sistema educativo catalán contará este año con 94.422 profesionales, 1.830 más que el curso anterior. De ellos,
1.103 serán nuevos docentes, 531 corresponderán a profesionales de atención educativa y 196 a personal de administración y servicios.
El incremento de recursos se produce pese al descenso del alumnado. El próximo 8 de septiembre están llamados a las aulas 1.604.988 estudiantes de las diferentes etapas educativas, 735 menos que el curso anterior, en una tendencia marcada por la caída de la natalidad.
Se doblan las aulas de acogida
Uno de los principales refuerzos se concentra en la atención a los alumnos recién llegados de otros países. Educación creará 500 nuevas aulas de acogida, hasta alcanzar las 2.141 en el conjunto de Cataluña. Se trata de un aumento destinado a responder a la creciente llegada al sistema educativo de estudiantes que se incorporan sin conocimientos suficientes de catalán y que necesitan un periodo específico de adaptación lingüística y curricular.
El refuerzo es todavía más acusado en las aulas de acogida intensiva. Estos espacios pasarán de 27 a 45, mientras que las dotaciones docentes asociadas a ellos aumentarán de 54 a 104. Cada aula contará con dos profesores y tendrá un máximo de 18 alumnos. El objetivo es que los estudiantes recién llegados que carecen de conocimientos previos de catalán puedan adquirir una
base lingüística antes de incorporarse plenamente a las clases ordinarias.
El Departamento incorporará además 50 dotaciones docentes para atender a alumnos de Formación Profesional básica y otras 50 de apoyo lingüístico para estudiantes que hayan ansioso del aula de acogida pero todavía necesiten ayuda para desenvolverse en el aula ordinaria.
Refuerzos en educación especial
La apuesta por la inclusión se extiende también a la educación especial. Este curso se crearán 80 grupos nuevos, con 204 plazas adicionales, mediante una inversión de 6,3 millones de euros. También se reforzarán los Programas de Formación e Inserción, que sumarán 27 grupos hasta alcanzar los 792.
La Generalitat también ampliará la presencia de profesionales vinculados a la escuela inclusiva. A ello se suma el despliegue de
profesionales sanitarios en los centros educativos: este curso tendrán cobertura la mitad de los centros y el objetivo es alcanzar la totalidad el próximo año, especialmente para atender a alumnos con enfermedades crónicas.
Otro de los grandes cambios será la regulación del uso de la inteligencia artificial en las aulas. El Departamento recomendará que los menores de 14 años no utilicen de forma autónoma herramientas generales de IA que no estén diseñadas específicamente para entornos educativos. Entre los 14 y los 18 años será necesaria autorización. En Bachillerato sí se permitirá su utilización en los trabajos de investigación, siempre que el alumno declare su uso, cite las herramientas empleadas y contraste la información obtenida.
Los docentes recibirán asimismo una mejora retributiva de 700 euros anuales, que se suma a los más de 800 euros percibidos en mayo dentro del complemento específico. También cobrarán un complemento de 50 euros por noche cuando participen en colonias o viajes escolares.
Vuelta a las aulas bajo amenaza de huelga
Todas estas medidas no han conseguido, sin embargo, cerrar el conflicto con los sindicatos. El curso comenzará el 8 de septiembre con una huelga convocada por el sector educativo si finalmente no se alcanza un acuerdo. Niubó ha admitido que «no será el inicio del curso que hubiéramos querido», aunque ha reivindicado los acuerdos alcanzados durante los últimos meses.
«El país merece empezar el curso con normalidad. El Gobierno respeta el derecho a huelga, pero pide garantizar el derecho a la educación y a la movilidad», ha señalado.
La consejera ha anunciado que se reunirá esta semana con los sindicatos convocantes para intentar desactivar el paro. «Las mejoras tienen que ir más allá. El Gobierno tiene voluntad de seguir avanzando», ha asegurado. El escenario es especialmente complejo después de un curso 2025-2026 marcado por una elevada conflictividad: los centros educativos acumularon 22 jornadas de huelga, que ascendieron a 25 si se suman las tres movilizaciones de las escuelas infantiles.
Así, la consejera afronta el nuevo curso con amenazas de huelga y con una crisis de confianza provocada por el
error de PISA. El relevo de la secretaria general y los tres expedientes disciplinarios constituyen la primera asunción de responsabilidades dentro del Departamento por un fallo que ha dejado a Cataluña sin una de las principales herramientas internacionales para medir la evolución de su sistema educativo.
La consejera Esther Niubó asume responsabilidades por el fiasco de las pruebas mientras prepara un curso con 1.103 docentes más y 500 nuevas aulas de acogida para alumnos forasteros
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