Ruego echéis un vistazo a esta noticia que es una vergüenza: El Gobierno concede tres indultos a condenados por delitos de corrupción, entre ellos el de Laura Borràs
El indulto nació como un mecanismo de clemencia excepcional. Su finalidad histórica ha sido permitir que el poder ejecutivo corrija, en circunstancias extraordinarias, los efectos excesivamente severos que puede producir la aplicación estricta de la ley penal. Los tribunales juzgan conforme a la ley; el indulto introduce, de forma excepcional, un elemento de humanidad y compasión cuando concurren circunstancias extraordinarias.
El ejemplo clásico es el de quien comete un delito impulsado por una necesidad extrema. Pensemos en una persona que roba alimentos para poder comer. El robo sigue siendo un delito y merece una respuesta jurídica, pero la situación de miseria o vulnerabilidad puede justificar que el Estado, una vez dictada la sentencia, ejerza la clemencia. Los jueces aplican la ley; el indulto atenúa sus consecuencias cuando concurren circunstancias excepcionales.
El problema es que, en la política española contemporánea, esta lógica parece haberse desdibujado. A mi juicio, el indulto se está utilizando con una amplitud que desnaturaliza su sentido original, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
En primer lugar, por una cuestión cuantitativa. Si el indulto es una medida verdaderamente excepcional, su utilización también debería ser excepcional. No debería convertirse en una herramienta administrativa más, sino reservarse para supuestos muy concretos y extraordinarios. Cuanto más frecuente es su aplicación, menos extraordinaria resulta y menor es la confianza de los ciudadanos en que las sentencias judiciales serán efectivamente cumplidas.
En segundo lugar, existe un problema cualitativo. Resulta difícil justificar que el indulto se utilice para beneficiar a personas condenadas por delitos relacionados con la corrupción o el abuso de funciones públicas. En esos casos no estamos hablando, al menos según las sentencias condenatorias, de individuos que actuaron impulsados por una situación de necesidad, incapacidad o especial vulnerabilidad, sino de personas que disponían de responsabilidades públicas y que utilizaron esas responsabilidades en beneficio propio o de terceros.
Los recientes indultos concedidos a Laura Borràs, Juan Fernández y Natalio Grueso ilustran, desde esta perspectiva, un problema de fondo.
Laura Borràs fue condenada por prevaricación y falsedad documental en relación con la fragmentación de contratos públicos para adjudicarlos a una persona de su confianza, eludiendo los procedimientos legales de contratación.
Juan Fernández, exalcalde de Linares, fue condenado por malversación tras percibir durante años cantidades procedentes de fondos del grupo municipal que no podían destinarse a remuneraciones personales.
Natalio Grueso fue condenado por malversación, falsedad documental y otros delitos relacionados con el uso de recursos de una fundación pública para gastos ajenos a sus fines.
Se puede discutir jurídicamente cada uno de estos casos, pero todos tienen un elemento común: se trata de delitos vinculados a la gestión de recursos públicos y al ejercicio de responsabilidades institucionales. Precisamente por eso, la concesión del indulto en estos supuestos transmite un mensaje preocupante: que quienes administran dinero público pueden acabar disfrutando de un tratamiento excepcional incluso después de haber sido condenados por los tribunales.
El indulto no debería convertirse en una vía para generar sensación de impunidad. Cuando se aplica a cargos públicos condenados por corrupción, malversación o falsedad, el problema ya no afecta solo al condenado; afecta también a la confianza de los ciudadanos en la igualdad ante la ley.
Por ello, considero que la reforma debería orientarse hacia criterios mucho más estrictos.
En primer lugar, limitar de manera muy severa el número de indultos concedidos cada año. Una cifra reducida obligaría al Gobierno a justificar con especial rigor cada decisión y reforzaría el carácter extraordinario de la institución.
En segundo lugar, restringir los supuestos en los que el indulto puede concederse. Debería reservarse para personas cuya vulnerabilidad esté objetivamente acreditada: enfermedades graves, discapacidad, trastornos mentales, situaciones de necesidad extrema u otras circunstancias excepcionales verificadas mediante informes técnicos independientes, elaborados por profesionales como médicos forenses, psiquiatras o trabajadores sociales.
En tercer lugar, excluir del indulto determinados delitos relacionados con la corrupción y la administración desleal de recursos públicos, salvo circunstancias humanitarias absolutamente excepcionales. Quien ha gestionado dinero de todos los ciudadanos debe responder ante la ley con un grado de ejemplaridad superior, no inferior.
Una democracia necesita instituciones de clemencia, pero también necesita que esas instituciones sean creíbles. Cuando el indulto se percibe como una herramienta para proteger a personas con poder político o influencia institucional, deja de ser un acto de justicia excepcional para convertirse en un motivo de desconfianza ciudadana.
Reformar la ley del indulto no significaría eliminar la compasión del sistema penal; significaría devolver al indulto su verdadero sentido: una medida extraordinaria, rigurosa y excepcional, reservada para quienes realmente la necesitan y nunca para quienes utilizaron el poder público en beneficio propio.
El indulto debe volver a ser una medida excepcional
La ley del indulto necesita una reforma profunda. No porque la figura del indulto carezca de valor, sino precisamente porque es una institución valiosa que ha perdido parte de su legitimidad debido al uso que se hace de ella en determinados casos.El indulto nació como un mecanismo de clemencia excepcional. Su finalidad histórica ha sido permitir que el poder ejecutivo corrija, en circunstancias extraordinarias, los efectos excesivamente severos que puede producir la aplicación estricta de la ley penal. Los tribunales juzgan conforme a la ley; el indulto introduce, de forma excepcional, un elemento de humanidad y compasión cuando concurren circunstancias extraordinarias.
El ejemplo clásico es el de quien comete un delito impulsado por una necesidad extrema. Pensemos en una persona que roba alimentos para poder comer. El robo sigue siendo un delito y merece una respuesta jurídica, pero la situación de miseria o vulnerabilidad puede justificar que el Estado, una vez dictada la sentencia, ejerza la clemencia. Los jueces aplican la ley; el indulto atenúa sus consecuencias cuando concurren circunstancias excepcionales.
El problema es que, en la política española contemporánea, esta lógica parece haberse desdibujado. A mi juicio, el indulto se está utilizando con una amplitud que desnaturaliza su sentido original, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
En primer lugar, por una cuestión cuantitativa. Si el indulto es una medida verdaderamente excepcional, su utilización también debería ser excepcional. No debería convertirse en una herramienta administrativa más, sino reservarse para supuestos muy concretos y extraordinarios. Cuanto más frecuente es su aplicación, menos extraordinaria resulta y menor es la confianza de los ciudadanos en que las sentencias judiciales serán efectivamente cumplidas.
En segundo lugar, existe un problema cualitativo. Resulta difícil justificar que el indulto se utilice para beneficiar a personas condenadas por delitos relacionados con la corrupción o el abuso de funciones públicas. En esos casos no estamos hablando, al menos según las sentencias condenatorias, de individuos que actuaron impulsados por una situación de necesidad, incapacidad o especial vulnerabilidad, sino de personas que disponían de responsabilidades públicas y que utilizaron esas responsabilidades en beneficio propio o de terceros.
Los recientes indultos concedidos a Laura Borràs, Juan Fernández y Natalio Grueso ilustran, desde esta perspectiva, un problema de fondo.
Laura Borràs fue condenada por prevaricación y falsedad documental en relación con la fragmentación de contratos públicos para adjudicarlos a una persona de su confianza, eludiendo los procedimientos legales de contratación.
Juan Fernández, exalcalde de Linares, fue condenado por malversación tras percibir durante años cantidades procedentes de fondos del grupo municipal que no podían destinarse a remuneraciones personales.
Natalio Grueso fue condenado por malversación, falsedad documental y otros delitos relacionados con el uso de recursos de una fundación pública para gastos ajenos a sus fines.
Se puede discutir jurídicamente cada uno de estos casos, pero todos tienen un elemento común: se trata de delitos vinculados a la gestión de recursos públicos y al ejercicio de responsabilidades institucionales. Precisamente por eso, la concesión del indulto en estos supuestos transmite un mensaje preocupante: que quienes administran dinero público pueden acabar disfrutando de un tratamiento excepcional incluso después de haber sido condenados por los tribunales.
El indulto no debería convertirse en una vía para generar sensación de impunidad. Cuando se aplica a cargos públicos condenados por corrupción, malversación o falsedad, el problema ya no afecta solo al condenado; afecta también a la confianza de los ciudadanos en la igualdad ante la ley.
Por ello, considero que la reforma debería orientarse hacia criterios mucho más estrictos.
En primer lugar, limitar de manera muy severa el número de indultos concedidos cada año. Una cifra reducida obligaría al Gobierno a justificar con especial rigor cada decisión y reforzaría el carácter extraordinario de la institución.
En segundo lugar, restringir los supuestos en los que el indulto puede concederse. Debería reservarse para personas cuya vulnerabilidad esté objetivamente acreditada: enfermedades graves, discapacidad, trastornos mentales, situaciones de necesidad extrema u otras circunstancias excepcionales verificadas mediante informes técnicos independientes, elaborados por profesionales como médicos forenses, psiquiatras o trabajadores sociales.
En tercer lugar, excluir del indulto determinados delitos relacionados con la corrupción y la administración desleal de recursos públicos, salvo circunstancias humanitarias absolutamente excepcionales. Quien ha gestionado dinero de todos los ciudadanos debe responder ante la ley con un grado de ejemplaridad superior, no inferior.
Una democracia necesita instituciones de clemencia, pero también necesita que esas instituciones sean creíbles. Cuando el indulto se percibe como una herramienta para proteger a personas con poder político o influencia institucional, deja de ser un acto de justicia excepcional para convertirse en un motivo de desconfianza ciudadana.
Reformar la ley del indulto no significaría eliminar la compasión del sistema penal; significaría devolver al indulto su verdadero sentido: una medida extraordinaria, rigurosa y excepcional, reservada para quienes realmente la necesitan y nunca para quienes utilizaron el poder público en beneficio propio.