Manifestación histórica en málaga contra airverbenas

Málaga: 40.000 pisos turísticos frente a 4.000 de alquiler​

Miles de personas salieron a la calle en Málaga contra el turismo masivo y la gentrificación, con una vivienda inaccesible como detonante. Dos semanas antes, el alcalde defendía la tasa turística con un argumento que da la medida del problema: serviría para que los trabajadores de los hoteles paguen unos alquileres que hoy no pueden. Las consignas, «Málaga no se vende» y «Málaga no es guirilandia». Y la cuenta que nadie discute: 40.000 viviendas turísticas en la provincia frente a 4.000 pisos de alquiler publicados en Idealista.

No es solo la capital. El problema se extiende a buena parte de los municipios costeros, donde a nadie le extraña ya que un piso pase de rentar por meses a rentar por noches. La protesta llegó con años de retraso y con una pregunta incómoda encima de la mesa: si el ladrillo no da de comer, ¿de qué come aquí la gente?

Cuántas viviendas turísticas hay en Málaga y cuántas en alquiler​

La proporción que maneja la protesta es de diez a uno, y ese desequilibrio tiene una consecuencia inmediata: el inquilino de larga estancia compite con una demanda dispuesta a pagar por noche lo que él paga por un mes. Airbnb y compañía han industrializado algo que ya existía. Hay quien sostiene que el alquiler turístico irregular lleva décadas funcionando en la costa, sin declarar y sin contrato, y que lo que ha cambiado es el canal, no la costumbre.

El matiz importa porque desmonta el relato más cómodo. Si el fenómeno no nació con las plataformas, la culpa no se agota en una aplicación. Lo que sí es nuevo es la escala: un mismo gestor puede colocar veinte viviendas bajo un único anuncio, y el vecino de al lado deja de tener vecinos.

Por qué el sueldo de 19.400 euros no compra el metro cuadrado más caro​

Málaga figura en lo alto de la tabla nacional de precio por metro cuadrado mientras el salario medio se queda en la cola: 19.400 euros brutos al año. Ahí está la contradicción que sostiene la protesta. No es que el alquiler haya subido mucho; es que ha subido contra una nómina que no se movió.

La gentrificación hace el resto. Y conviene precisar quién la sufre, porque el estereotipo del inquilino precario se queda corto: también hay propietarios que no pueden volver al barrio donde crecieron, y jubilados europeos comprando casoplones en zonas que antes eran de temporada baja. El resultado es el mismo: la ciudad se llena de gente que pasa y se vacía de gente que vive.

El Círculo de Empresarios de Málaga también se queja del alquiler​

El argumento ha dejado de ser exclusivamente vecinal. Hasta el Círculo de Empresarios de Málaga admite que la situación del alquiler le complica la vida: sus empleados piden subidas de sueldo, con razón, porque los precios de la vivienda se han comido cualquier mejora salarial.

El alcalde lo resumió hace dos semanas: «La tasa turística es buena, servirá para que los trabajadores de los hoteles paguen los alquileres que ahora no pueden». Añadió que muchos empresarios del sector turístico encuentran dificultades para contratar porque sus posibles empleados no acceden a una vivienda asequible. Un círculo, dijo, virtuoso. La calle contestó que de virtuoso tiene poco.

¿De qué vive Málaga si no es del turismo?​

Aquí empieza el terreno resbaladizo. Aparte del turismo y del campo, la provincia no ofrece gran cosa, y el PTA aglutina empresas que en su mayoría no pagan precisamente de más. Hay quien estudió una ingeniería y tuvo que irse a Madrid a buscar oportunidades; otros se han reciclado a profesiones que nada tienen que ver con lo que estudiaron. El tejido empresarial no absorbe a los que se quedan.

Y mientras Málaga protestaba contra los pisos turísticos, en Galicia se han manifestado contra la posible construcción de una fábrica. Si no queremos turismo ni fábricas ni minería, ¿de qué vivimos? La pregunta, incómoda, queda flotando sin respuesta en el aire.

Airbnb, okupación y suelo: los tres culpables que compiten​

Los diagnósticos se pelean entre sí. Una corriente sitúa el origen en el suelo: si la edificación estuviera menos restringida, habría más oferta y el precio caería; ayuntamientos y comunidades tendrían, se argumenta, un incentivo perverso en mantener la escasez porque les financia vía impuestos y licencias. Otra pone el foco en la seguridad jurídica del propietario y en las ocupaciones irregulares: si alquilar conlleva riesgo de impagos, el casero prefiere la vía turística. Y una tercera señala directamente a los gestores que acumulan decenas de viviendas.

En el fondo del asunto asoma un reproche que no es económico, sino ético: rentabilizar el piso heredado mientras se exige a otros lo que uno no hace. El detalle fino —cuántos meses al año se puede alquilar una vivienda a turistas antes de que deje de ser temporada y pase a ser negocio— dio para un intercambio de cifras que conviene leer entero.

Con estos mimbres, el debate no cierra. Nadie discute que la vivienda se ha vuelto inaccesible; lo que no aparece es la salida que no sacrifique la propiedad privada, el turismo o el empleo que aún sostiene la provincia. Y exactamente ahí se queda todo.