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La prestación mínima se elevará hasta los 800 euros | El acuerdo alcanzado por Elkarrekin Podemos-IU y el Departamento de Trabajo rebaja de los 23 a los 18 años la edad para solicitar la ayuda si se llevan 12 meses emancipado y buscando empleo
La prestación mínima de la Renta de Garantía de Ingresos pasará el próximo año de los 727 euros actuales a 800. Se adaptará así a la subida del 8,5% que el Gobierno central prevé aplicar al Ingreso Mínimo Vital en los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente a la espiral inflacionista. Desde que se transfirió la gestión del IMV al Ejecutivo vasco, el pasado mes de marzo, su cuantía le sirve a Lanbide como base del sistema de protección sobre la que ir aplicando los complementos correspondientes de la RGI. En el caso de los pensionistas que perciban la ayuda, la cifra mínima se elevará hasta 1.013 euros.
La subida se aplicará con la entrada en vigor de la reforma de la ley de la RGI pactada por Elkarrekin Podemos-IU con el Departamento de Trabajo, prevista para primavera. En principio, será la última vez que la Administración modifique las cuantías de la Renta de Garantía de Ingresos de forma discrecional. El acuerdo, presentado ayer, alumbrará una nueva fórmula para el cálculo de la cuantía mínima. Durante años estuvo vinculada al Salario Mínimo Interprofesional, pero de un tiempo a esta parte la actualización venía siendo potestad del Departamento de Economía y Hacienda, en función de sus previsiones presupuestarias.
A partir de 2024, la cifra dejará de ser aleatoria para quedar regulada por la nueva ley vasca. Según lo acordado, la RGI se modificará según fluctúe el IPC, pero en ningún caso podrá ser «inferior a la tasa de pobreza» española. Su umbral se sitúa ahora mismo en 803 euros mensuales.
Búsqueda «activa»
La Comisión Europea recomendó semanas atrás que el indicador de referencia para calcular la cuantía de las ayudas sociales en los países comunitarios pase a ser la renta mediana. En España actualmente asciende a 16.339 euros anuales –1.361 mensuales– y, según lo pactado, la prestación básica de la RGI no podrá ser inferior al 60% de esa cuantía. Si se empezara a aplicar el 1 de enero serían los citados 803 euros, pero, según confirmaron fuentes del Gobierno autonómico, el compromiso es cambiar el modelo a partir de 2024.
La RGI la cobran en estos momentos algo más de 49.000 personas, según el recuento realizado en septiembre, y alrededor de 12.000 son pensionistas. El presupuesto para este año es de 345 millones, y la memoria económica que acompaña al anteproyecto de la nueva ley calcula que la inversión necesaria podría incrementarse a partir de ahora en otros 50. Se trata, en todo caso, de una cifra orientativa.
El segundo hito del acuerdo para la reforma de la ley de la RGI es la rebaja de la edad mínima para solicitar la prestación. Pasará de los 23 a los 18 años siempre que el demandante lleve un año emancipado y otro tanto realizando una búsqueda «activa» de trabajo a través de Lanbide. Hasta ahora, el demandante debía acreditar 240 días cotizados a la Seguridad Social para iniciar el proceso. ¿Supondrá el cambio un aluvión de demandantes? No lo parece. Según una reciente encuesta del Instituto Vasco de Competitividad, el 91% de los jóvenes de 18 viven con sus familias.
El plazo de empadronamiento requerido para pedir la prestación se mantendrá en tres años, aunque los supuestos en los que el periodo se «flexibiliza» quedan ampliados. La nueva ley no lo exigirá a refugiados, solicitantes de asilo, víctimas de violencia machista y doméstica, y de explotación sensual y trata. A los menores no acompañados que pidan la prestación al cumplir la mayoría de edad se les reclamará que hayan pasado por un «sistema de protección» y que estén empadronados y demuestren su «residencia efectiva» en el momento de tramitar la solicitud.
La reforma de la ley de la RGI también incluirá las recomendaciones que ha venido realizando el Ararteko respecto a la suspensión de la prestación. Ya no podrá ser automática cuando existan únicamente «indicios» de fraude o la documentación requerida esté incompleta.
www.elcorreo.com
La prestación mínima de la Renta de Garantía de Ingresos pasará el próximo año de los 727 euros actuales a 800. Se adaptará así a la subida del 8,5% que el Gobierno central prevé aplicar al Ingreso Mínimo Vital en los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente a la espiral inflacionista. Desde que se transfirió la gestión del IMV al Ejecutivo vasco, el pasado mes de marzo, su cuantía le sirve a Lanbide como base del sistema de protección sobre la que ir aplicando los complementos correspondientes de la RGI. En el caso de los pensionistas que perciban la ayuda, la cifra mínima se elevará hasta 1.013 euros.
La subida se aplicará con la entrada en vigor de la reforma de la ley de la RGI pactada por Elkarrekin Podemos-IU con el Departamento de Trabajo, prevista para primavera. En principio, será la última vez que la Administración modifique las cuantías de la Renta de Garantía de Ingresos de forma discrecional. El acuerdo, presentado ayer, alumbrará una nueva fórmula para el cálculo de la cuantía mínima. Durante años estuvo vinculada al Salario Mínimo Interprofesional, pero de un tiempo a esta parte la actualización venía siendo potestad del Departamento de Economía y Hacienda, en función de sus previsiones presupuestarias.
A partir de 2024, la cifra dejará de ser aleatoria para quedar regulada por la nueva ley vasca. Según lo acordado, la RGI se modificará según fluctúe el IPC, pero en ningún caso podrá ser «inferior a la tasa de pobreza» española. Su umbral se sitúa ahora mismo en 803 euros mensuales.
Búsqueda «activa»
La Comisión Europea recomendó semanas atrás que el indicador de referencia para calcular la cuantía de las ayudas sociales en los países comunitarios pase a ser la renta mediana. En España actualmente asciende a 16.339 euros anuales –1.361 mensuales– y, según lo pactado, la prestación básica de la RGI no podrá ser inferior al 60% de esa cuantía. Si se empezara a aplicar el 1 de enero serían los citados 803 euros, pero, según confirmaron fuentes del Gobierno autonómico, el compromiso es cambiar el modelo a partir de 2024.
La RGI la cobran en estos momentos algo más de 49.000 personas, según el recuento realizado en septiembre, y alrededor de 12.000 son pensionistas. El presupuesto para este año es de 345 millones, y la memoria económica que acompaña al anteproyecto de la nueva ley calcula que la inversión necesaria podría incrementarse a partir de ahora en otros 50. Se trata, en todo caso, de una cifra orientativa.
El segundo hito del acuerdo para la reforma de la ley de la RGI es la rebaja de la edad mínima para solicitar la prestación. Pasará de los 23 a los 18 años siempre que el demandante lleve un año emancipado y otro tanto realizando una búsqueda «activa» de trabajo a través de Lanbide. Hasta ahora, el demandante debía acreditar 240 días cotizados a la Seguridad Social para iniciar el proceso. ¿Supondrá el cambio un aluvión de demandantes? No lo parece. Según una reciente encuesta del Instituto Vasco de Competitividad, el 91% de los jóvenes de 18 viven con sus familias.
El plazo de empadronamiento requerido para pedir la prestación se mantendrá en tres años, aunque los supuestos en los que el periodo se «flexibiliza» quedan ampliados. La nueva ley no lo exigirá a refugiados, solicitantes de asilo, víctimas de violencia machista y doméstica, y de explotación sensual y trata. A los menores no acompañados que pidan la prestación al cumplir la mayoría de edad se les reclamará que hayan pasado por un «sistema de protección» y que estén empadronados y demuestren su «residencia efectiva» en el momento de tramitar la solicitud.
La reforma de la ley de la RGI también incluirá las recomendaciones que ha venido realizando el Ararteko respecto a la suspensión de la prestación. Ya no podrá ser automática cuando existan únicamente «indicios» de fraude o la documentación requerida esté incompleta.
RGI Euskadi | De 800 a 1.546 euros: estas serán las cuantías en 2023
La prestación mínima se elevará hasta los 800 euros | El acuerdo alcanzado por Elkarrekin Podemos-IU y el Departamento de Trabajo rebaja de los 23 a los 18 años la edad
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