Desde Gerona
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Las favelas de Madrid.
Cerca de 50.000 personas conviven en la veintena de asentamientos de chabolas que salpican la capital | Herencia del pasado, del abandono de viejos huertos, ha resurgido el chabolismo de la posguerra.
“Estamos como en Tahití”, vocea un etniano alegre y algo despistado cuando le preguntan cómo le va, cómo es la vida en Santa Catalina, junto a Vallecas, uno de los veinte campamentos de chabolas aposentados como lágrimas, como salpicaduras de aceite, en la periferia de Madrid. “Como en Tahití estamos: los suelos levantados, todo lleno de porquería, y las ratas asomando la cabeza cuando llueve”, repite el etniano, incurriendo, sin darse cuenta, en un mismo error: para él, lo mismo es Tahití que Haití.
Pero no, no es lo mismo: Tahití es un paraíso en la Tierra, o eso dicen quienes lo visitaron. Y Haití, algo así como un vertedero.
Un vertedero, ciertamente, es esta Santa Catalina, escenario que abunda en el Madrid del siglo XXI, el que se abre paso hacia un nuevo proceso electoral, el Madrid de Ruiz-Gallardón y el PP, el de Ifema, el de la M-30 soterrada, el Serrano remodelado, el Sol remozado y los incontables y frustrados proyectos olímpicos. Encima, llueve, claro: así que por ahí andan las ratas, escarbando entre el lodo y la basura.
Aunque el censo exacto es inescrutable, se calcula que cerca de 50.000 personas ocupan todos estos núcleos chabolistas, muchas de ellas en la célebre Cañada Real, en escenarios de marginalidad, inmundicia y vergüenza que se asoman a los bordes de Madrid. Herencia del pasado, de los años 60, del olvido de los huertos y los descampados, todos estos lugares son consecuencia de la colateralidad: del efecto llamada de la gran capital.
“Estos asentamientos nacen al calor del motor económico de las ciudades”, dice Javier Ramírez, gerente del Instituto de Realojamiento e Integración Social de la Comunidad de Madrid, el Iris. “Como en la mayoría de los asentamientos, donde ahora se encuentra Santa Catalina –alrededor de 140 chabolas en dos hectáreas, cerca de dos campos de fútbol– hubo un montón de huertos de ocio de fin de semana, un espacio que los dueños fueron abandonando y que los excluidos sociales fueron tomando. Como nadie reclamó sus propiedades, los recién llegados se quedaron”.
Y por ahí andan. Dando vueltas, pasando frío, penurias y desánimo en los campamentos del Cañaveral, en Las Mimbreras, en El Ventorro, en el Salobral...
Agustina (27 años, la reconocerán en la foto que ilustra esta página) se pasea sin rumbo entre famélicos perros de cola caída, plásticos y electrodomésticos averiados. “Aquí duermo yo”, dice ella, vuelta hacia el vacío. “Aquí cada noche, en el coche de mi marido: él, la cría y yo. Así desde hace un mes. Porque nos han tirado la chabola y no tenemos adónde ir”.
Pedro, mientras contempla a Agustina, asiente. Pedro es Pedro Navarrete, funcionario del Iris, un hombre con una responsabilidad desasosegante: se encarga de supervisar las condiciones de vida de los moradores de estas chabolas, etnianos en la mayoría de los asentamientos, aunque también marroquíes, como en el caso de la Cañada Real, o rumanos, como en el Gallinero. Acompañado de mediadores de Asivecam, el Servicio de Asistencia Vecinal, Navarrete acostumbra a sumergirse en los campamentos, a tratar con sus habitantes. Así redacta sus informes, expedientes que llegarán a los técnicos del Iris y determinarán el futuro inmediato de muchos de estos excluidos. Quien cumple ciertos requisitos –un DNI, una tarjeta sanitaria, los niños escolarizados– recibe las ayudas del Iris: se trata de un piso de protección oficial a un precio simbólico, de alrededor de 60 euros al mes. “Una vez se les ha realojado, nuestros funcionarios les siguen los pasos durante cinco años –dice Ramírez, el gerente del Iris–. Van a pisos de altura, en barrios distantes entre sí. No queremos nuevos guetos. Y si no pagan el alquiler, se les echa. Hasta ahora, el 95% está abonando sus cuotas”.
En realidad, hablamos de escenarios flotantes. Porque a veces, el trabajo de los servicios sociales hace agua. La despoblación de un núcleo implica el nacimiento de otro poblado, tal vez en los huertos colindantes, tal vez varios kilómetros más allá. En el 2009, mientras el Iris desmontaba siete núcleos en la Comunidad de Madrid, otros trece campamentos aparecían en otros puntos, como en Fuencarral-El Pardo, en Villaverde, en Fuenlabrada o en Leganés. Y otros proyectos han fracasado. El desmantelamiento del Pozo del Huevo, en el 2002, generó otros puntos conflictivos: las 118 familias gitanas de aquel poblado fueron reinstaladas en el Ruedo, enorme edificio levantado en el sudeste de la M-30, donde hoy abundan disputas vecinales. “Los nuevos hacen hogueras en los patios y echan la basura por todas partes, lo dejan todo sucio”, denuncian vecinos de El Ruedo a este diario.
Pedro Navarrete se declara escéptico en el caso de Agustina, la vecina de Santa Catalina que duerme en el coche, casi a cielo raso. Más que escéptico, pesimista. Navarrete dice que la familia de Agustina causa problemas, que ella no cumple ninguno de los requisitos del Iris y que así, ante tantos inconvenientes, no habrá manera de realojarla. “No rellena los papeles, falla en todas las citas que le proponemos. No podremos ayudarla...”.
“¿Pero qué papeles voy a rellenar yo? –se pregunta Agustina–. Si yo no sé hacer papeles, ni siquiera sé escribir. Se me han quitado las ganas de todo”.
Otros sí que se marchan. La familia de Salvador (30) prepara las maletas. Yolanda, su mujer, y los pequeños Antonio y Sara –escolarizados en el colegio Palomares– andan detrás de Navarrete. “¿Cuándo nos dan la casa?”, pregunta Salvador al funcionario, impaciente en su espera. “Es que ahora que están tirando las chabolas de aquí al lado, salen ratas como conejos y se nos meten en la casa, por todas partes”.
Mientras muestra su chabola, Salvador, chatarrero de profesión (a veces, si hay bonanza, puede ganar sesenta euros en cuatro días), nos cuenta su historia. “Tardamos seis días en construirla –dice–. La hicimos hace ocho años y medio. Ya lo ve: pusimos maderas, clavos, palos, cemento y mosaico. De todo. Pero ahora, con la lluvia, el suelo se me levanta, como un océano. Y esto está muy mal, ya no se puede aguantar. Que nosotros somos pobres, pero muy limpios”.
Una estufa calienta la casa, hecha a retazos. Son dos estancias: una habitación y el comedor. En un rincón de la sala, hay un televisor, un microondas y una nevera, todo de segundas y terceras manos. “Son muebles reciclados –dice Salvador–. Los recogí de la urbanización del ex presidente Aznar. Estaban allí tirados, a las puertas de las casas...”.
Fuera, pese a la lluvia, jóvenes en chándal, con la cabeza bajo la capucha, deambulan por el poblado. Circulan entre electrodomésticos abandonados en una amplia llanura: aburridos, pasan junto a neveras, tostadoras, lavadoras, bicicletas rotas, neumáticos, pupitres, cintas de casete, sillas con las patas partidas, tochos, cajas de plástico. A veces, los jóvenes se detienen, cogen una de estas neveras, la vuelcan para inspeccionar los cables, la cargan y se la llevan, haciéndola rodar entre los escombros. “La arreglarán y la venderán –dice Navarrete–. Viven de esto. Es la chatarrería lo que da de comer a los habitantes de Santa Catalina”. Asomada a la puerta de su chabola, Sagrario (35) sueña despierta. “Mi hija será médico. Sólo espero que a los 16 años no se quede atascada”.
Cerca de 50.000 personas conviven en la veintena de asentamientos de chabolas que salpican la capital | Herencia del pasado, del abandono de viejos huertos, ha resurgido el chabolismo de la posguerra.
“Estamos como en Tahití”, vocea un etniano alegre y algo despistado cuando le preguntan cómo le va, cómo es la vida en Santa Catalina, junto a Vallecas, uno de los veinte campamentos de chabolas aposentados como lágrimas, como salpicaduras de aceite, en la periferia de Madrid. “Como en Tahití estamos: los suelos levantados, todo lleno de porquería, y las ratas asomando la cabeza cuando llueve”, repite el etniano, incurriendo, sin darse cuenta, en un mismo error: para él, lo mismo es Tahití que Haití.
Pero no, no es lo mismo: Tahití es un paraíso en la Tierra, o eso dicen quienes lo visitaron. Y Haití, algo así como un vertedero.
Un vertedero, ciertamente, es esta Santa Catalina, escenario que abunda en el Madrid del siglo XXI, el que se abre paso hacia un nuevo proceso electoral, el Madrid de Ruiz-Gallardón y el PP, el de Ifema, el de la M-30 soterrada, el Serrano remodelado, el Sol remozado y los incontables y frustrados proyectos olímpicos. Encima, llueve, claro: así que por ahí andan las ratas, escarbando entre el lodo y la basura.
Aunque el censo exacto es inescrutable, se calcula que cerca de 50.000 personas ocupan todos estos núcleos chabolistas, muchas de ellas en la célebre Cañada Real, en escenarios de marginalidad, inmundicia y vergüenza que se asoman a los bordes de Madrid. Herencia del pasado, de los años 60, del olvido de los huertos y los descampados, todos estos lugares son consecuencia de la colateralidad: del efecto llamada de la gran capital.
“Estos asentamientos nacen al calor del motor económico de las ciudades”, dice Javier Ramírez, gerente del Instituto de Realojamiento e Integración Social de la Comunidad de Madrid, el Iris. “Como en la mayoría de los asentamientos, donde ahora se encuentra Santa Catalina –alrededor de 140 chabolas en dos hectáreas, cerca de dos campos de fútbol– hubo un montón de huertos de ocio de fin de semana, un espacio que los dueños fueron abandonando y que los excluidos sociales fueron tomando. Como nadie reclamó sus propiedades, los recién llegados se quedaron”.
Y por ahí andan. Dando vueltas, pasando frío, penurias y desánimo en los campamentos del Cañaveral, en Las Mimbreras, en El Ventorro, en el Salobral...
Agustina (27 años, la reconocerán en la foto que ilustra esta página) se pasea sin rumbo entre famélicos perros de cola caída, plásticos y electrodomésticos averiados. “Aquí duermo yo”, dice ella, vuelta hacia el vacío. “Aquí cada noche, en el coche de mi marido: él, la cría y yo. Así desde hace un mes. Porque nos han tirado la chabola y no tenemos adónde ir”.
Pedro, mientras contempla a Agustina, asiente. Pedro es Pedro Navarrete, funcionario del Iris, un hombre con una responsabilidad desasosegante: se encarga de supervisar las condiciones de vida de los moradores de estas chabolas, etnianos en la mayoría de los asentamientos, aunque también marroquíes, como en el caso de la Cañada Real, o rumanos, como en el Gallinero. Acompañado de mediadores de Asivecam, el Servicio de Asistencia Vecinal, Navarrete acostumbra a sumergirse en los campamentos, a tratar con sus habitantes. Así redacta sus informes, expedientes que llegarán a los técnicos del Iris y determinarán el futuro inmediato de muchos de estos excluidos. Quien cumple ciertos requisitos –un DNI, una tarjeta sanitaria, los niños escolarizados– recibe las ayudas del Iris: se trata de un piso de protección oficial a un precio simbólico, de alrededor de 60 euros al mes. “Una vez se les ha realojado, nuestros funcionarios les siguen los pasos durante cinco años –dice Ramírez, el gerente del Iris–. Van a pisos de altura, en barrios distantes entre sí. No queremos nuevos guetos. Y si no pagan el alquiler, se les echa. Hasta ahora, el 95% está abonando sus cuotas”.
En realidad, hablamos de escenarios flotantes. Porque a veces, el trabajo de los servicios sociales hace agua. La despoblación de un núcleo implica el nacimiento de otro poblado, tal vez en los huertos colindantes, tal vez varios kilómetros más allá. En el 2009, mientras el Iris desmontaba siete núcleos en la Comunidad de Madrid, otros trece campamentos aparecían en otros puntos, como en Fuencarral-El Pardo, en Villaverde, en Fuenlabrada o en Leganés. Y otros proyectos han fracasado. El desmantelamiento del Pozo del Huevo, en el 2002, generó otros puntos conflictivos: las 118 familias gitanas de aquel poblado fueron reinstaladas en el Ruedo, enorme edificio levantado en el sudeste de la M-30, donde hoy abundan disputas vecinales. “Los nuevos hacen hogueras en los patios y echan la basura por todas partes, lo dejan todo sucio”, denuncian vecinos de El Ruedo a este diario.
Pedro Navarrete se declara escéptico en el caso de Agustina, la vecina de Santa Catalina que duerme en el coche, casi a cielo raso. Más que escéptico, pesimista. Navarrete dice que la familia de Agustina causa problemas, que ella no cumple ninguno de los requisitos del Iris y que así, ante tantos inconvenientes, no habrá manera de realojarla. “No rellena los papeles, falla en todas las citas que le proponemos. No podremos ayudarla...”.
“¿Pero qué papeles voy a rellenar yo? –se pregunta Agustina–. Si yo no sé hacer papeles, ni siquiera sé escribir. Se me han quitado las ganas de todo”.
Otros sí que se marchan. La familia de Salvador (30) prepara las maletas. Yolanda, su mujer, y los pequeños Antonio y Sara –escolarizados en el colegio Palomares– andan detrás de Navarrete. “¿Cuándo nos dan la casa?”, pregunta Salvador al funcionario, impaciente en su espera. “Es que ahora que están tirando las chabolas de aquí al lado, salen ratas como conejos y se nos meten en la casa, por todas partes”.
Mientras muestra su chabola, Salvador, chatarrero de profesión (a veces, si hay bonanza, puede ganar sesenta euros en cuatro días), nos cuenta su historia. “Tardamos seis días en construirla –dice–. La hicimos hace ocho años y medio. Ya lo ve: pusimos maderas, clavos, palos, cemento y mosaico. De todo. Pero ahora, con la lluvia, el suelo se me levanta, como un océano. Y esto está muy mal, ya no se puede aguantar. Que nosotros somos pobres, pero muy limpios”.
Una estufa calienta la casa, hecha a retazos. Son dos estancias: una habitación y el comedor. En un rincón de la sala, hay un televisor, un microondas y una nevera, todo de segundas y terceras manos. “Son muebles reciclados –dice Salvador–. Los recogí de la urbanización del ex presidente Aznar. Estaban allí tirados, a las puertas de las casas...”.
Fuera, pese a la lluvia, jóvenes en chándal, con la cabeza bajo la capucha, deambulan por el poblado. Circulan entre electrodomésticos abandonados en una amplia llanura: aburridos, pasan junto a neveras, tostadoras, lavadoras, bicicletas rotas, neumáticos, pupitres, cintas de casete, sillas con las patas partidas, tochos, cajas de plástico. A veces, los jóvenes se detienen, cogen una de estas neveras, la vuelcan para inspeccionar los cables, la cargan y se la llevan, haciéndola rodar entre los escombros. “La arreglarán y la venderán –dice Navarrete–. Viven de esto. Es la chatarrería lo que da de comer a los habitantes de Santa Catalina”. Asomada a la puerta de su chabola, Sagrario (35) sueña despierta. “Mi hija será médico. Sólo espero que a los 16 años no se quede atascada”.
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