Holmes
Madmaxista
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Informe remitido por el Instituto Armado a la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, en el que los agentes analizan las conversaciones y la documentación intervenidas a varios directivos de la empresa T-Systems investigados por su supuesta participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O.
En una conversación el 18 de marzo de 2016 entre José Manuel Desco, ex director general de la citada sociedad tecnológica, y Rosa María Rodríguez Curto, directora de servicios, el primero se refiere a una cita prevista con el ex president, inhabilitado hasta febrero de 2020 por la consulta del 9-N de 2014. «Me veo con Mas y el partido el día 12», le cuenta antes de añadir: «Ya tengo reuniones con los secretarios de ERC en Economía. Si quieres comenta al equipo, prefiero no escribirlo por email». A lo que su interlocutora responde con una exclamación: «¡Qué fuerte! Ok, lo comento verbalmente».
Se trataba, explican los investigadores en su informe, de "talleres reuniones" en los que exponer la plataforma digital. En esos encuentros habría participado Joan Rigata, entonces asignado a la Consejería de Interior de la Generalitat y actualmente director del CTTI, así como personal de los Mossos que no están identificados.
En los correos electrónicos aparece un listado de los asistentes a esos "talleres", Rigata y diez mossos, pero sólo aparecen iniciales
Según el listado, R.T., J.G., D.I. y A.F. pertenecían a la Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad, mientras que los seis restantes, T.C., C.B., F.M., J.M., A.A. y A.A., estaban adscritos a la Comisaría General de Información.
En correos posteriores, de noviembre de 2016, los directivos de T-Systems llegaron a compartir fotografías del formato de DNI que proponían para una futura República, un modelo que pensaron que podía "encajar" dentro de lo que buscaba la Generalitat. Según consta en el informe, fue el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) era el que había hecho este encargo.
Entre las estructuras de Estado que citan los directivos de T-Systems en su intercambio de e-mails figuran, en la categoría de asuntos estratégicos, la Agenda Tributaria Catalana, la Seguridad Social Catalana, el DNI catalán, la Ciberseguridad, la Identidad Digital, el censo ciudadanos-padrón, servicio de ocupación, Justicia (con un nuevo marco legal y un sistema de justicia independiente del modelo central), las embajadas y el comercio exterior, el turismo, un operador propio "tipo Euskaltel" y un satéllite Cassatt propio.
Investigación del 1-O: «Me veo con Mas y tengo reuniones con ERC»
Los Mossos se reunieron con T-Systems para crear el DNI de la futura república catalana
Responsabilidades directas, sin tener en cuenta la participación en otro tipo de delitos como colaborador.
El artículo 31 bis del Código Penal establece que cualquier persona jurídica, incluidas las Sociedades mercantiles Estatales, pueden ser sujetos responsables.
Las personas jurídicas penalmente responsables solo pueden serlo por los concretos treinta y un delitos que expresamente señala el Código Penal que pueden dar lugar a su responsabilidad.
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis).
Delito sobre la ordenación del territorio (art. 319).
El elenco de penas aplicables a las personas jurídicas se establece en el apartado 7 del artículo 33 del Código Penal.
Multa por cuotas o proporcional.
Disolución de la persona jurídica.
Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
Clausura de sus locales y establecimientos por no más de cinco años.
Prohibición definitiva o temporal de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
Inhabilitación por no más de 15 años para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios fiscales o de Seguridad Social.
Intervención judicial por no más de cinco años a favor de acreedores o trabajadores.
Las sociedades, a través de sus representantes legales, deberán dar estricto cumplimiento a esta nueva y fundamental obligación, mediante la implementación de los debidos sistemas de control de cumplimiento normativo y prevención del delito, con el fin de intentar evitar que la sociedad incurra en contingencias de tipo penal y, sus administradores, en riesgo serio de responsabilidad personal.
En una conversación el 18 de marzo de 2016 entre José Manuel Desco, ex director general de la citada sociedad tecnológica, y Rosa María Rodríguez Curto, directora de servicios, el primero se refiere a una cita prevista con el ex president, inhabilitado hasta febrero de 2020 por la consulta del 9-N de 2014. «Me veo con Mas y el partido el día 12», le cuenta antes de añadir: «Ya tengo reuniones con los secretarios de ERC en Economía. Si quieres comenta al equipo, prefiero no escribirlo por email». A lo que su interlocutora responde con una exclamación: «¡Qué fuerte! Ok, lo comento verbalmente».
Se trataba, explican los investigadores en su informe, de "talleres reuniones" en los que exponer la plataforma digital. En esos encuentros habría participado Joan Rigata, entonces asignado a la Consejería de Interior de la Generalitat y actualmente director del CTTI, así como personal de los Mossos que no están identificados.
En los correos electrónicos aparece un listado de los asistentes a esos "talleres", Rigata y diez mossos, pero sólo aparecen iniciales
Según el listado, R.T., J.G., D.I. y A.F. pertenecían a la Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad, mientras que los seis restantes, T.C., C.B., F.M., J.M., A.A. y A.A., estaban adscritos a la Comisaría General de Información.
En correos posteriores, de noviembre de 2016, los directivos de T-Systems llegaron a compartir fotografías del formato de DNI que proponían para una futura República, un modelo que pensaron que podía "encajar" dentro de lo que buscaba la Generalitat. Según consta en el informe, fue el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) era el que había hecho este encargo.
Entre las estructuras de Estado que citan los directivos de T-Systems en su intercambio de e-mails figuran, en la categoría de asuntos estratégicos, la Agenda Tributaria Catalana, la Seguridad Social Catalana, el DNI catalán, la Ciberseguridad, la Identidad Digital, el censo ciudadanos-padrón, servicio de ocupación, Justicia (con un nuevo marco legal y un sistema de justicia independiente del modelo central), las embajadas y el comercio exterior, el turismo, un operador propio "tipo Euskaltel" y un satéllite Cassatt propio.
Investigación del 1-O: «Me veo con Mas y tengo reuniones con ERC»
Los Mossos se reunieron con T-Systems para crear el DNI de la futura república catalana
Responsabilidades directas, sin tener en cuenta la participación en otro tipo de delitos como colaborador.
El artículo 31 bis del Código Penal establece que cualquier persona jurídica, incluidas las Sociedades mercantiles Estatales, pueden ser sujetos responsables.
Las personas jurídicas penalmente responsables solo pueden serlo por los concretos treinta y un delitos que expresamente señala el Código Penal que pueden dar lugar a su responsabilidad.
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis).
Delito sobre la ordenación del territorio (art. 319).
El elenco de penas aplicables a las personas jurídicas se establece en el apartado 7 del artículo 33 del Código Penal.
Multa por cuotas o proporcional.
Disolución de la persona jurídica.
Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
Clausura de sus locales y establecimientos por no más de cinco años.
Prohibición definitiva o temporal de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
Inhabilitación por no más de 15 años para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios fiscales o de Seguridad Social.
Intervención judicial por no más de cinco años a favor de acreedores o trabajadores.
Las sociedades, a través de sus representantes legales, deberán dar estricto cumplimiento a esta nueva y fundamental obligación, mediante la implementación de los debidos sistemas de control de cumplimiento normativo y prevención del delito, con el fin de intentar evitar que la sociedad incurra en contingencias de tipo penal y, sus administradores, en riesgo serio de responsabilidad personal.
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