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Vuelven los bancos grandes
Mark Roe (Profesor de Harvard)
17:55 - 25/01/2015
El mes pasado, el Congreso de Estados Unidos sucumbió a las presiones de Citigroup y revocó una disposición fundamental de la Ley Dodd-Frank de Protección del Consumidor y Reforma de Wall Street, de 2010: la norma que prohíbe a los bancos comerciar con derivados.
El objetivo de la Ley era el de prevenir otra crisis financiera como la del periodo 2007-2008; la revocación reduce sus posibilidades de éxito.
Los derivados son contratos que deben su valor a las fluctuaciones en un mercado, como, por ejemplo, el de los tipos de interés, tipos de cambio o los precios de materias primas. Los bancos pueden usar los derivados para cubrirse contra el riesgo: por ejemplo, velando por que los productores de petróleo a los que concedan préstamos mantengan sus precios actuales para sus productos mediante contratos de derivados, con lo que se protegen a sí mismos y al banco contra la inestabilidad de los precios. Así, es más probable que el prestatario pueda saldar su préstamo, aun cuando el precio de su producto baje. Ahora bien, se pueden utilizar también los derivados para fines especulativos, permitiendo a los bancos un riesgo excesivo.
La última crisis se originó en el mercado inmobiliario, después de un amplio e inesperado descenso de los precios de las viviendas. Después se propagó a las entidades financieras, que no pudieron afrontar las pérdidas relacionadas con la jovenlandesesidad de las hipotecas, las ejecuciones de éstas y la depreciación de los valores relacionados con las viviendas. Los derivados exacerbaron la crisis, en particular después de que se liquidara la cartera de Lehman Brothers, que entonces ocupaba por su tamaño el cuarto puesto entre los bancos de inversión del mundo, tras haber quebrado.
El día siguiente, el Gobierno de los Estados Unidos tuvo que conceder un rescate de 85.000 millones de dólares al American International Group (AIG), el mayor asegurador del mundo, dada su imposibilidad de respaldar su posición de deterioro en relación con los derivados. Dichas quiebras perturbaron los mercados de derivados del mundo entero, lo que provocó una paralización de los mercados.
La norma Dodd-Frank que el Congreso acaba de revocar, conocida como "norma de exclusión de los derivados", habría requerido que la mayoría de las actividades de comercialización de derivados se diese fuera de los bancos asegurados por el Estado. Si un banco quiebra, el Estado respalda la mayoría de los depósitos. Aunque no garantiza oficialmente nada más, por lo general resulta más fácil y más rápido rescatar todo el banco, incluida su sección de derivados. Sin embargo, si los derivados dejan de formar parte del banco garantizado, el Estado podría rescatar más fácilmente una entidad y dejar que la filial encargada de los derivados se las arreglara por su cuenta. Esa indemnización secreta por parte del Estado para las carteras de derivados de los bancos mayores socava la estabilidad financiera.
Si un banco grande suspende el pago de sus derivados, las entidades con los que las haya negociado podrían quebrar también. Si varios bancos grandes e interconectados que negocien derivados se desploman simultáneamente, el sistema financiero podría quedar paralizado, lo que perjudicaría a la economía real... una vez más.
Y los bancos grandes son los que más están ampliando sus carteras de derivados. De hecho, se trata de otro efecto pernicioso, pero sutil, de la garantía secreta para las carteras de derivados de los bancos: saber que, si un banco grande quiebra, probablemente recibirá un rescate del Estado, incluida su sección de derivados, incita a los operadores a centrar sus contrataciones en los bancos grandes. Así, pues, los operadores menores e independientes a los que el Estado podría permitir quebrar resultan menos atractivos.
Eso explica, al menos en parte, por qué un puñado de megabancos de EEUU -a saber, Citibank, Goldman Sachs, Bank of America y Morgan Stanley- se encargan de la mayor parte del comercio de derivados.
Así se crea un círculo vicioso: la opción del rescate de los bancos demasiado grandes para quebrar concentra el mercado de los derivados entre unas pocas entidades importantes, lo que aumenta aún más su importancia sistémica.
La norma de exclusión de los derivados iba encaminada a romper ese ciclo. Al separar el comercio de derivados del de los bancos asegurados por el Estado, habría eliminado en realidad la subvención en secreto. Aunque el Estado seguiría teniendo que respaldar los depósitos en el caso de los bancos afectados por una crisis, aun cuando eso significara rescatar toda la entidad, habría tenido la opción de permitir que las secciones dedicadas a las operaciones con derivados, que funcionen como organizaciones separadas, se las arreglaran por su cuenta.
Así se habría contribuido a acabar con la impresión de que los grandes operadores de derivados son invulnerables, con lo que se habría reducido su ventaja comercial. Los operadores de tamaño mediano que podrían quebrar sin causar un perjuicio económico excesivo harían más negocio y el sector financiero pasaría a estar más equilibrado... y sería menos propenso al riesgo.
Sobre ese telón de fondo, la revocación de la norma de exclusión de los derivados fue un error.
Es posible que los reglamentadores (y el Congreso) de EEUU confíen tanto en las otras medidas que han adoptado para salvaguardar el sistema financiero, que ya no crean que esa suplementaria capa protectora sea necesaria, pero el éxito de Citigroup al presionar en pro de la revocación de esa norma podría señalar que las medidas reglamentadoras para mitigar el riesgo financiero sistémico hayan llegado a su nivel máximo en el país.
Si Citigroup, que por su deficiente funcionamiento en materia de gestión tuvo que ser rescatado en la última crisis, pudo obligar al Congreso a abandonar dicha norma, es lógico preguntarse si las olas políticas han cambiado de dirección y no se endurecerá más la reglamentación financiera. Tal vez, con cada proyecto de ley de presupuestos, se hará retroceder aún más le ley Dodd-Frank.
El resultado no es inevitable. La revocación puede -y debe- inducir a los reglamentadores a revisar su planteamiento. Concretamente, deberían replantearse el consenso de que los bancos llegarán a ser cada vez más seguros y de que su capital obligatorio debe ascender a no más del diez por ciento de sus activos.
Si los bancos presionan con éxito en pro del derecho a realizar actividades más arriesgadas, los reglamentadores deben examinar la posibilidad de aumentar su cantidad mínima de capital.
Aunque han transcurrido pocos años desde la última crisis financiera y aún se sienten sus efectos, los legisladores de EEUU están olvidando ya las enseñanzas que de ella se desprendieron.
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Mark Roe (Profesor de Harvard)
17:55 - 25/01/2015
El mes pasado, el Congreso de Estados Unidos sucumbió a las presiones de Citigroup y revocó una disposición fundamental de la Ley Dodd-Frank de Protección del Consumidor y Reforma de Wall Street, de 2010: la norma que prohíbe a los bancos comerciar con derivados.
El objetivo de la Ley era el de prevenir otra crisis financiera como la del periodo 2007-2008; la revocación reduce sus posibilidades de éxito.
Los derivados son contratos que deben su valor a las fluctuaciones en un mercado, como, por ejemplo, el de los tipos de interés, tipos de cambio o los precios de materias primas. Los bancos pueden usar los derivados para cubrirse contra el riesgo: por ejemplo, velando por que los productores de petróleo a los que concedan préstamos mantengan sus precios actuales para sus productos mediante contratos de derivados, con lo que se protegen a sí mismos y al banco contra la inestabilidad de los precios. Así, es más probable que el prestatario pueda saldar su préstamo, aun cuando el precio de su producto baje. Ahora bien, se pueden utilizar también los derivados para fines especulativos, permitiendo a los bancos un riesgo excesivo.
La última crisis se originó en el mercado inmobiliario, después de un amplio e inesperado descenso de los precios de las viviendas. Después se propagó a las entidades financieras, que no pudieron afrontar las pérdidas relacionadas con la jovenlandesesidad de las hipotecas, las ejecuciones de éstas y la depreciación de los valores relacionados con las viviendas. Los derivados exacerbaron la crisis, en particular después de que se liquidara la cartera de Lehman Brothers, que entonces ocupaba por su tamaño el cuarto puesto entre los bancos de inversión del mundo, tras haber quebrado.
El día siguiente, el Gobierno de los Estados Unidos tuvo que conceder un rescate de 85.000 millones de dólares al American International Group (AIG), el mayor asegurador del mundo, dada su imposibilidad de respaldar su posición de deterioro en relación con los derivados. Dichas quiebras perturbaron los mercados de derivados del mundo entero, lo que provocó una paralización de los mercados.
La norma Dodd-Frank que el Congreso acaba de revocar, conocida como "norma de exclusión de los derivados", habría requerido que la mayoría de las actividades de comercialización de derivados se diese fuera de los bancos asegurados por el Estado. Si un banco quiebra, el Estado respalda la mayoría de los depósitos. Aunque no garantiza oficialmente nada más, por lo general resulta más fácil y más rápido rescatar todo el banco, incluida su sección de derivados. Sin embargo, si los derivados dejan de formar parte del banco garantizado, el Estado podría rescatar más fácilmente una entidad y dejar que la filial encargada de los derivados se las arreglara por su cuenta. Esa indemnización secreta por parte del Estado para las carteras de derivados de los bancos mayores socava la estabilidad financiera.
Si un banco grande suspende el pago de sus derivados, las entidades con los que las haya negociado podrían quebrar también. Si varios bancos grandes e interconectados que negocien derivados se desploman simultáneamente, el sistema financiero podría quedar paralizado, lo que perjudicaría a la economía real... una vez más.
Y los bancos grandes son los que más están ampliando sus carteras de derivados. De hecho, se trata de otro efecto pernicioso, pero sutil, de la garantía secreta para las carteras de derivados de los bancos: saber que, si un banco grande quiebra, probablemente recibirá un rescate del Estado, incluida su sección de derivados, incita a los operadores a centrar sus contrataciones en los bancos grandes. Así, pues, los operadores menores e independientes a los que el Estado podría permitir quebrar resultan menos atractivos.
Eso explica, al menos en parte, por qué un puñado de megabancos de EEUU -a saber, Citibank, Goldman Sachs, Bank of America y Morgan Stanley- se encargan de la mayor parte del comercio de derivados.
Así se crea un círculo vicioso: la opción del rescate de los bancos demasiado grandes para quebrar concentra el mercado de los derivados entre unas pocas entidades importantes, lo que aumenta aún más su importancia sistémica.
La norma de exclusión de los derivados iba encaminada a romper ese ciclo. Al separar el comercio de derivados del de los bancos asegurados por el Estado, habría eliminado en realidad la subvención en secreto. Aunque el Estado seguiría teniendo que respaldar los depósitos en el caso de los bancos afectados por una crisis, aun cuando eso significara rescatar toda la entidad, habría tenido la opción de permitir que las secciones dedicadas a las operaciones con derivados, que funcionen como organizaciones separadas, se las arreglaran por su cuenta.
Así se habría contribuido a acabar con la impresión de que los grandes operadores de derivados son invulnerables, con lo que se habría reducido su ventaja comercial. Los operadores de tamaño mediano que podrían quebrar sin causar un perjuicio económico excesivo harían más negocio y el sector financiero pasaría a estar más equilibrado... y sería menos propenso al riesgo.
Sobre ese telón de fondo, la revocación de la norma de exclusión de los derivados fue un error.
Es posible que los reglamentadores (y el Congreso) de EEUU confíen tanto en las otras medidas que han adoptado para salvaguardar el sistema financiero, que ya no crean que esa suplementaria capa protectora sea necesaria, pero el éxito de Citigroup al presionar en pro de la revocación de esa norma podría señalar que las medidas reglamentadoras para mitigar el riesgo financiero sistémico hayan llegado a su nivel máximo en el país.
Si Citigroup, que por su deficiente funcionamiento en materia de gestión tuvo que ser rescatado en la última crisis, pudo obligar al Congreso a abandonar dicha norma, es lógico preguntarse si las olas políticas han cambiado de dirección y no se endurecerá más la reglamentación financiera. Tal vez, con cada proyecto de ley de presupuestos, se hará retroceder aún más le ley Dodd-Frank.
El resultado no es inevitable. La revocación puede -y debe- inducir a los reglamentadores a revisar su planteamiento. Concretamente, deberían replantearse el consenso de que los bancos llegarán a ser cada vez más seguros y de que su capital obligatorio debe ascender a no más del diez por ciento de sus activos.
Si los bancos presionan con éxito en pro del derecho a realizar actividades más arriesgadas, los reglamentadores deben examinar la posibilidad de aumentar su cantidad mínima de capital.
Aunque han transcurrido pocos años desde la última crisis financiera y aún se sienten sus efectos, los legisladores de EEUU están olvidando ya las enseñanzas que de ella se desprendieron.
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