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Jesus Cacho
Interesantes las fotos del primer despacho en Zarzuela entre el nuevo rey y el presidente del Gobierno, porque ponen en evidencia dónde está ahora la pelota del relevo generacional, quien necesita un cambio de cara completo, un alicatado hasta el techo, la renovación de un partido envejecido y acartonado, quinta esencia de lo conservador, negado para las exigencias del momento político que vive España, esa barba blanca y ese pelito tan repeinado como sospechosamente neցro, realidad y ficción, verdad y mentira, yin y yang,
Jefe del Estado y primer ministro con el trastero instalado en una silla sospechosamente baja, de modo que la figura de Felipe VI queda elevada por encima de la de Mariano Rajoy, como si alguien hubiera querido hacer evidente una relación de dependencia, una evidencia de superioridad en calidad o rango entre rey y presidente, una anécdota que es casi categoría en este inicio de reinado, cuando muchas voces están pidiendo al sucesor de Juan Carlos I un protagonismo del que constitucionalmente carece para impulsar las reformas que el país reclama, tal que si fuera ese líder carismático con poder bastante para mover la mole del miedo al cambio. ¿Puede Felipe VI convertirse en motor de ese cambio, o es un papel que le está vedado?
¿Cuánto manda un Rey de España?
Mucho. Casi todo. En realidad el poder de Juan Carlos I en la Transición española ha sido casi total, con independencia de que lo ejerciera y, sobre todo, de que lo hiciera para bien.
Abundan estos días los filibusteros empeñados en hacernos comulgar con las ruedas de molino de recluir el papel del rey en nuestra monarquía parlamentaria a los términos explícitos que le asigna la Constitución del 78, un error interesado de quienes pretenden seguir camuflando la realidad española y engañando a la procesión de bobos, algunos pretendidamente listos, dispuestos a picar ese anzuelo.
La pura verdad es que Juan Carlos I ha tenido en España un poder y un protagonismo que ha rebasado con mucho el mero papel moderador y de arbitraje que le adjudica la Carta Magna, y lo ha tenido porque la sociedad española, las generaciones que conocieron el final del franquismo hicieron posible la Transición, con los traumas del franquismo a cuestas, se lo fueron a ofrecer en bandeja de plata, se lo brindaron, incluso le exigieron que lo ejerciera, desde luego que sí la clase política y naturalmente que también las elites económico financieras, que incluso han pretendido hacer de él un aventajado agente comercial dispuesto a conseguirles contratos por las cuatro esquinas del planeta.
La explicación del fenómeno rebasa con mucho los límites de este artículo, pero sin duda tiene que ver con el origen de nuestra pobre, maltratada democracia, con ese franquismo sociológico aún enquistado en personas e instituciones y con las dificultades de poner en marcha una democracia sin demócratas como la nuestra, una democracia que al final ha venido a mostrar todas esas carencias que hoy están en el frontispicio de las exigencias populares. Son los riesgos de una sociedad sin tradición democrática, con querencia a los liderazgos fuertes (el de Franco, antes; el de Juan Carlos I -a la monarquía se le apellidó de “juancarlista”-, después; el liderazgo feble de un Rajoy que tantos detestan ahora), incluso a los viejos espadones de antaño, donde los perfiles del poder siempre son difusos, entre otras cosas porque la separación de poderes es una quimera y no hay límites claros entre lo público y lo privado. Una democracia de muy baja calidad.
Un poder ejercido siempre en la sombra
Sorprende, por eso, que sean precisamente los que con más dureza censuran las carencias del sistema quienes más empeño pongan en aceptar la versión interesada de que el rey “no manda” porque la Constitución lo impide. Desde luego que ha sido un poder ejercido en la sombra, tras las bambalinas, siempre pegado a los banqueros –una de las aficiones del Monarca cesante ha sido la de hablar por teléfono a todas horas con los “amigos” situados en la cúpula de la gran banca-, siempre con notoria falta de transparencia, carencia demostrada en la opacidad que envuelve ingresos y gastos de la familia real, en la ausencia de una regulación específica –esa Ley de la Corona que ahora se ha echado en falta tras la abdicación-, y naturalmente con una total falta de ejemplaridad en las conductas, pecado del que ha sido en parte responsable el blindaje mediático del que ha gozado Juan Carlos I.
Seguramente el “éxito” de la Transición llevaba en su seno la penitencia de una democracia de baja calidad, que los dos grandes partidos, las elites financieras y el propio rey Borbón se encargaron de secuestrar para convertirla en un sistema que garantizaba las libertades formales pero concentraba el ejercicio del poder en manos de unos pocos, rechazando la participación ciudadana, y naturalmente dejando manos libres para operar a su antojo al estandarte del sistema, Juan Carlos I.
El famoso “borboneo” del que tanto se quejaba Felipe González cobró toda su vigencia tras el golpe del 23-F, aunque sea imposible ignorar a estas alturas que ya antes el monarca se había llevado por delante la presidencia de un Adolfo Suárez elegido por las urnas.
La incapacidad de un PSOE recién llegado al Gobierno con mayoría absoluta para lidiar con el problema de un Ejército plagado de golpistas dejó las manos libres al rey para maniobrar a su gusto en los cuarteles, y le otorgó después carta blanca para operar a su antojo, aureolado por el mito del 23-F, como “salvador” de la democracia.
Los pulsos que, al margen del mandato constitucional, mantuvo con José María Aznar (incluso algunas claves “marruecas” que tienen que ver con el 11-M) se conocerán el día en que Franquito quiera contar la verdad, en lugar de esas memorias paniaguadas que ha publicado para hacer caja.
Lo que pasó en el ínterin es sabido, aunque aún no se vea en letra impresa, pero se resume en la plena dedicación a su divertimento personal, mayormente mujeres y caza –hasta 176 días de 365 llegó a cazar durante los años de su noviazgo con Marta Gayá- y a acumular una considerable fortuna personal.
El nuevo rey se ha comprometido a “velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente”. Casi nada. Fue la parte más valiosa y relevante de su discurso de coronación, en tanto en cuanto constituyó una enmienda a la totalidad del reinado de su padre, una denuncia explícita a unas conductas –las jovenlandesales y las otras- que el entonces príncipe Felipe detestaba y que están en el origen del distanciamiento entre ambos.
Alguna prensa ha pretendido desviar la atención hacia el 'caso Urdangarin', cuando lo cierto y verdad es que hija y yerno no hicieron nunca nada que no hubieran visto hacer muchas veces en La Zarzuela.
A esa promesa solemnemente vertida en las Cortes se han agarrado, cual clavo ardiendo, muchos regeneracionistas que, sintiéndose republicanos, quieren creer que tales promesas emplazan a la Corona, y con ella al resto de las instituciones, a emprender una batalla sin cuartel contra la corrupción como principal lacra del sistema.
Desde esta perspectiva, no estaría nada mal que, para empezar, el joven rey hiciera una pública declaración de bienes, para que los españoles terminaran de creerse sus buenas intenciones y supieran a qué atenerse en el futuro.
El envite catalán, primera prueba para Felipe VI
El primer envite se dibuja en Cataluña. Salvadas todas las distancias, el paralelismo entre el peligro golpista al que tuvo que hacer frente el padre y el desafío secesionista catalán que ahora encara el hijo como primer plato de su reinado está servido.
También esta es una amenaza para las libertades y desde luego para la paz y prosperidad de los españoles. Una clase política, con Rajoy a la cabeza, incapaz de hincarle el diente al problema podría tener la tentación de pedirle al joven rey que se arremangue, salte al ruedo y toree ese morlaco, un desafío del que la Corona podría salir trasquilada en caso de fracaso, pero que, de verse aupada por el éxito, podría abrir la puerta al repertorio de abusos que presidió el reinado de Juan Carlos y que, contaminando por el camino todas las instituciones, culminó en el lamentable episodio de Botsuana y en la obligación ahora, a uña de caballo, de proporcionarle un “aforamiento completo” (sic), es decir, un blindaje judicial total capaz de cubrir tanto el ámbito civil como el penal, y que de tapadillo se meterá este martes en una enmienda a la Ley de Racionalización del Sector Público.
Un episodio capaz de avergonzar a cualquier demócrata, pero que a nuestra clase política y periodística, que sigue silbando, distraída, en el muelle de la bahía, le deja indiferente.
¿Cuánto manda un rey de España? Lo que taxativamente marca la Constitución cuando las instituciones están sanas; todo o casi todo cuando, como es el caso, están podridas. Una monarquía pendiente de un hilo, muy dañada en su prestigio, se juega su futuro en ese ejercicio de ejemplaridad que el joven Felipe VI prometió en su discurso, porque solo siendo ejemplar “se hará acreedora de la autoridad jovenlandesal necesaria para el ejercicio de sus funciones”. Son palabras que han abierto una ventana de esperanza a muchos españoles empeñados en la regeneración de nuestra democracia que, con todas las reservas que hacen al caso, han optado por dar un margen de confianza, un periodo de gracia al nuevo titular de la Corona en la ilusión de que, haciendo uso de su enorme capacidad de influencia, anime e impulse esas reformas que después la clase política estará encargada de llevar a efecto.
¿Confiar la regeneración al impulso de un Borbón no es esperanza vana? Nunca como ahora fueron tan válidos para tantos españoles estos hermosos versos de Sor Juana Inés de la Cruz: “En dos partes dividida/ tengo el alma en confusión:/ una, esclava a la pasión,/ y otra, a la razón medida”.
Vozpópuli - Jesús Cacho - ¿Cuánto manda un rey de España?
Jesus Cacho
Interesantes las fotos del primer despacho en Zarzuela entre el nuevo rey y el presidente del Gobierno, porque ponen en evidencia dónde está ahora la pelota del relevo generacional, quien necesita un cambio de cara completo, un alicatado hasta el techo, la renovación de un partido envejecido y acartonado, quinta esencia de lo conservador, negado para las exigencias del momento político que vive España, esa barba blanca y ese pelito tan repeinado como sospechosamente neցro, realidad y ficción, verdad y mentira, yin y yang,
Jefe del Estado y primer ministro con el trastero instalado en una silla sospechosamente baja, de modo que la figura de Felipe VI queda elevada por encima de la de Mariano Rajoy, como si alguien hubiera querido hacer evidente una relación de dependencia, una evidencia de superioridad en calidad o rango entre rey y presidente, una anécdota que es casi categoría en este inicio de reinado, cuando muchas voces están pidiendo al sucesor de Juan Carlos I un protagonismo del que constitucionalmente carece para impulsar las reformas que el país reclama, tal que si fuera ese líder carismático con poder bastante para mover la mole del miedo al cambio. ¿Puede Felipe VI convertirse en motor de ese cambio, o es un papel que le está vedado?
¿Cuánto manda un Rey de España?
Mucho. Casi todo. En realidad el poder de Juan Carlos I en la Transición española ha sido casi total, con independencia de que lo ejerciera y, sobre todo, de que lo hiciera para bien.
Abundan estos días los filibusteros empeñados en hacernos comulgar con las ruedas de molino de recluir el papel del rey en nuestra monarquía parlamentaria a los términos explícitos que le asigna la Constitución del 78, un error interesado de quienes pretenden seguir camuflando la realidad española y engañando a la procesión de bobos, algunos pretendidamente listos, dispuestos a picar ese anzuelo.
La pura verdad es que Juan Carlos I ha tenido en España un poder y un protagonismo que ha rebasado con mucho el mero papel moderador y de arbitraje que le adjudica la Carta Magna, y lo ha tenido porque la sociedad española, las generaciones que conocieron el final del franquismo hicieron posible la Transición, con los traumas del franquismo a cuestas, se lo fueron a ofrecer en bandeja de plata, se lo brindaron, incluso le exigieron que lo ejerciera, desde luego que sí la clase política y naturalmente que también las elites económico financieras, que incluso han pretendido hacer de él un aventajado agente comercial dispuesto a conseguirles contratos por las cuatro esquinas del planeta.
La explicación del fenómeno rebasa con mucho los límites de este artículo, pero sin duda tiene que ver con el origen de nuestra pobre, maltratada democracia, con ese franquismo sociológico aún enquistado en personas e instituciones y con las dificultades de poner en marcha una democracia sin demócratas como la nuestra, una democracia que al final ha venido a mostrar todas esas carencias que hoy están en el frontispicio de las exigencias populares. Son los riesgos de una sociedad sin tradición democrática, con querencia a los liderazgos fuertes (el de Franco, antes; el de Juan Carlos I -a la monarquía se le apellidó de “juancarlista”-, después; el liderazgo feble de un Rajoy que tantos detestan ahora), incluso a los viejos espadones de antaño, donde los perfiles del poder siempre son difusos, entre otras cosas porque la separación de poderes es una quimera y no hay límites claros entre lo público y lo privado. Una democracia de muy baja calidad.
Un poder ejercido siempre en la sombra
Sorprende, por eso, que sean precisamente los que con más dureza censuran las carencias del sistema quienes más empeño pongan en aceptar la versión interesada de que el rey “no manda” porque la Constitución lo impide. Desde luego que ha sido un poder ejercido en la sombra, tras las bambalinas, siempre pegado a los banqueros –una de las aficiones del Monarca cesante ha sido la de hablar por teléfono a todas horas con los “amigos” situados en la cúpula de la gran banca-, siempre con notoria falta de transparencia, carencia demostrada en la opacidad que envuelve ingresos y gastos de la familia real, en la ausencia de una regulación específica –esa Ley de la Corona que ahora se ha echado en falta tras la abdicación-, y naturalmente con una total falta de ejemplaridad en las conductas, pecado del que ha sido en parte responsable el blindaje mediático del que ha gozado Juan Carlos I.
Seguramente el “éxito” de la Transición llevaba en su seno la penitencia de una democracia de baja calidad, que los dos grandes partidos, las elites financieras y el propio rey Borbón se encargaron de secuestrar para convertirla en un sistema que garantizaba las libertades formales pero concentraba el ejercicio del poder en manos de unos pocos, rechazando la participación ciudadana, y naturalmente dejando manos libres para operar a su antojo al estandarte del sistema, Juan Carlos I.
El famoso “borboneo” del que tanto se quejaba Felipe González cobró toda su vigencia tras el golpe del 23-F, aunque sea imposible ignorar a estas alturas que ya antes el monarca se había llevado por delante la presidencia de un Adolfo Suárez elegido por las urnas.
La incapacidad de un PSOE recién llegado al Gobierno con mayoría absoluta para lidiar con el problema de un Ejército plagado de golpistas dejó las manos libres al rey para maniobrar a su gusto en los cuarteles, y le otorgó después carta blanca para operar a su antojo, aureolado por el mito del 23-F, como “salvador” de la democracia.
Los pulsos que, al margen del mandato constitucional, mantuvo con José María Aznar (incluso algunas claves “marruecas” que tienen que ver con el 11-M) se conocerán el día en que Franquito quiera contar la verdad, en lugar de esas memorias paniaguadas que ha publicado para hacer caja.
Lo que pasó en el ínterin es sabido, aunque aún no se vea en letra impresa, pero se resume en la plena dedicación a su divertimento personal, mayormente mujeres y caza –hasta 176 días de 365 llegó a cazar durante los años de su noviazgo con Marta Gayá- y a acumular una considerable fortuna personal.
El nuevo rey se ha comprometido a “velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente”. Casi nada. Fue la parte más valiosa y relevante de su discurso de coronación, en tanto en cuanto constituyó una enmienda a la totalidad del reinado de su padre, una denuncia explícita a unas conductas –las jovenlandesales y las otras- que el entonces príncipe Felipe detestaba y que están en el origen del distanciamiento entre ambos.
Alguna prensa ha pretendido desviar la atención hacia el 'caso Urdangarin', cuando lo cierto y verdad es que hija y yerno no hicieron nunca nada que no hubieran visto hacer muchas veces en La Zarzuela.
A esa promesa solemnemente vertida en las Cortes se han agarrado, cual clavo ardiendo, muchos regeneracionistas que, sintiéndose republicanos, quieren creer que tales promesas emplazan a la Corona, y con ella al resto de las instituciones, a emprender una batalla sin cuartel contra la corrupción como principal lacra del sistema.
Desde esta perspectiva, no estaría nada mal que, para empezar, el joven rey hiciera una pública declaración de bienes, para que los españoles terminaran de creerse sus buenas intenciones y supieran a qué atenerse en el futuro.
El envite catalán, primera prueba para Felipe VI
El primer envite se dibuja en Cataluña. Salvadas todas las distancias, el paralelismo entre el peligro golpista al que tuvo que hacer frente el padre y el desafío secesionista catalán que ahora encara el hijo como primer plato de su reinado está servido.
También esta es una amenaza para las libertades y desde luego para la paz y prosperidad de los españoles. Una clase política, con Rajoy a la cabeza, incapaz de hincarle el diente al problema podría tener la tentación de pedirle al joven rey que se arremangue, salte al ruedo y toree ese morlaco, un desafío del que la Corona podría salir trasquilada en caso de fracaso, pero que, de verse aupada por el éxito, podría abrir la puerta al repertorio de abusos que presidió el reinado de Juan Carlos y que, contaminando por el camino todas las instituciones, culminó en el lamentable episodio de Botsuana y en la obligación ahora, a uña de caballo, de proporcionarle un “aforamiento completo” (sic), es decir, un blindaje judicial total capaz de cubrir tanto el ámbito civil como el penal, y que de tapadillo se meterá este martes en una enmienda a la Ley de Racionalización del Sector Público.
Un episodio capaz de avergonzar a cualquier demócrata, pero que a nuestra clase política y periodística, que sigue silbando, distraída, en el muelle de la bahía, le deja indiferente.
¿Cuánto manda un rey de España? Lo que taxativamente marca la Constitución cuando las instituciones están sanas; todo o casi todo cuando, como es el caso, están podridas. Una monarquía pendiente de un hilo, muy dañada en su prestigio, se juega su futuro en ese ejercicio de ejemplaridad que el joven Felipe VI prometió en su discurso, porque solo siendo ejemplar “se hará acreedora de la autoridad jovenlandesal necesaria para el ejercicio de sus funciones”. Son palabras que han abierto una ventana de esperanza a muchos españoles empeñados en la regeneración de nuestra democracia que, con todas las reservas que hacen al caso, han optado por dar un margen de confianza, un periodo de gracia al nuevo titular de la Corona en la ilusión de que, haciendo uso de su enorme capacidad de influencia, anime e impulse esas reformas que después la clase política estará encargada de llevar a efecto.
¿Confiar la regeneración al impulso de un Borbón no es esperanza vana? Nunca como ahora fueron tan válidos para tantos españoles estos hermosos versos de Sor Juana Inés de la Cruz: “En dos partes dividida/ tengo el alma en confusión:/ una, esclava a la pasión,/ y otra, a la razón medida”.
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