Mientras el Banco Central Europeo se felicita por haber llevado la inflación general al 2%, las familias españolas viven una realidad paralela en los pasillos del supermercado, donde llenar el carro cuesta un tercio más que antes de la pandemia. Y no hablamos de productos gourmet: hablamos de leche, pan, carne y aceite. Lo básico. Lo esencial.
España ha registrado una subida del 34% en el precio de los alimentos desde finales de 2019. Una cifra que debería escandalizar a cualquier gobierno con un mínimo de sensibilidad social. Pero en lugar de actuar con contundencia, lo único que hemos visto son medidas tímidas, mal diseñadas o directamente ineficaces. Mientras tanto, los hogares con menos recursos —que destinan una mayor parte de su renta a alimentación— siguen soportando el grueso del golpe.
Europa sufre, pero España no reacciona
Es cierto que esta tendencia inflacionaria afecta a toda Europa, pero la respuesta institucional ha sido muy desigual. En países como Francia, Italia o Portugal, donde el encarecimiento ha sido algo menor, se han articulado medidas fiscales o ayudas directas para amortiguar el impacto. Aquí, el Gobierno ha preferido confiar en que «el mercado se autorregula» y ha puesto parches tarde y mal.
Mientras en Alemania los precios han subido un 37% y en Eslovaquia un 52%, en España el aumento del 34% no es consuelo alguno. Sobre todo porque no ha habido ni un plan estratégico a medio plazo para proteger a los consumidores más vulnerables, ni un verdadero control de márgenes en la cadena de distribución alimentaria.
El aceite de oliva como símbolo del despropósito
El caso del aceite de oliva es paradigmático. En 2022 y 2023, las sequías en el sur del país —perfectamente previsibles en un contexto de cambio climático— dispararon los precios. ¿Qué hizo el Gobierno? Esperar. Mirar. Lamentarse. El resultado: el oro líquido de nuestra gastronomía convertido en artículo de lujo.
Y no es el único ejemplo. Productos como el café, el cacao o el chocolate también se han encarecido por factores climáticos o de oferta internacional. Pero la ausencia de políticas de anticipación y respuesta rápida en España ha multiplicado el impacto sobre el consumidor final.
El espejismo de los salarios y la inflación “controlada”
Desde el Gobierno se insiste en que “los salarios han crecido” y que “la inflación está bajo control”. Pero ¿de qué sirve ese discurso si, cuando una familia va al supermercado, se siente cada vez más pobre? Las estadísticas pueden cuadrar en los despachos, pero la realidad se impone con brutalidad en la caja del supermercado.
Una de cada tres personas en España teme no poder pagar los alimentos que quiere consumir, según datos del propio BCE. No es una percepción ni un capricho: es consecuencia directa de políticas ineficaces, falta de ambición y desconexión total con la vida real de la gente.
¿Dónde está la política alimentaria en España?
El BCE recuerda que los alimentos tienen un peso del 20% en el índice que mide la inflación en la zona euro, el doble que la energía. Aun así, no hay un plan nacional claro, ambicioso y bien financiado para contener los precios de los productos básicos o para proteger a los más afectados. Ni control de márgenes comerciales, ni fomento de la producción local, ni medidas de emergencia climática que garanticen la seguridad alimentaria en el futuro.
España necesita con urgencia una política alimentaria real, transversal y valiente, que deje de tratar el precio de los alimentos como una variable de segundo orden y empiece a verlo como lo que realmente es: una cuestión de justicia social.