El Estado español recaudó en 2024 más de 290.000 millones de euros en impuestos. Una cifra tan grande que resulta casi abstracta, como intentar imaginar el tamaño del universo: sabes que es enorme, pero no puedes visualizarlo. Lo que sí puedes visualizar, si alguien se molesta en explicártelo, es adónde fue a parar ese dinero. Y ahí es donde la conversación se pone interesante, porque el presupuesto público es, en esencia, una declaración de prioridades. No lo que el gobierno dice que le importa, sino lo que realmente le importa, expresado en euros y céntimos.
El Presupuesto General del Estado para 2025 —que en realidad es una prórroga del de 2023, porque España lleva años sin aprobar cuentas nuevas, lo cual ya dice bastante— mueve en torno a 198.000 millones de euros en gasto no financiero. A eso hay que sumar el gasto de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que gestionan una parte sustancial del dinero público, especialmente en sanidad y educación. En total, el gasto de las administraciones públicas españolas ronda el 47% del PIB, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Casi la mitad de todo lo que produce el país pasa por manos del sector público, y aun así la mayoría de ciudadanos no saben con precisión qué se hace con ese dinero más allá de vagas referencias a «los políticos» y «los funcionarios».
La razón de esa ignorancia no es la falta de inteligencia del ciudadano medio, sino la opacidad casi artística con la que se presentan los datos. Los presupuestos públicos están clasificados por organismos, por programas, por capítulos económicos y por políticas de gasto, en una arquitectura burocrática que parece diseñada específicamente para que nadie entienda nada sin un máster en Hacienda Pública. Este artículo hace ese trabajo de traducción: toma los datos reales de la IGAE y del Ministerio de Hacienda y los convierte en algo que cualquier persona que paga el IRPF puede entender y, con suerte, discutir en la próxima cena familiar.
Porque lo que revela ese desglose es una fotografía de la sociedad española que no siempre coincide con el relato oficial. Hay partidas que crecen sin parar, otras que llevan décadas estancadas y algunas que, vistas en perspectiva europea, deberían provocar algo más que un encogimiento de hombros.
La reina indiscutible: La protección social
Si tuvieras que apostar por la partida más grande del gasto público español y apostaras por sanidad o educación, perderías. La campeona absoluta, y por mucho, es la protección social, que engloba pensiones, desempleo, prestaciones por incapacidad y servicios sociales. Según los datos de la IGAE correspondientes a la ejecución presupuestaria de 2024, esta función se lleva aproximadamente el 40% del gasto total de las administraciones públicas. Las pensiones contributivas por sí solas suponen más de 180.000 millones de euros anuales, una cifra que ha crecido de forma sostenida durante la última década y que seguirá creciendo conforme la pirámide demográfica española envejece. Dicho de otra forma: de cada 10 euros que paga el conjunto de las administraciones, 4 van a cubrir prestaciones sociales, en su mayor parte para personas mayores.
Esto no es necesariamente malo. Un sistema de pensiones público y de reparto es uno de los logros más importantes del Estado del bienestar europeo, y España lo construyó relativamente tarde comparado con Alemania o Francia. El problema es que esa concentración de recursos en la protección social deja poco margen para otras partidas cuando la economía no crece al ritmo suficiente. El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones no es un invento de los liberales para recortar derechos: es una aritmética que los propios organismos europeos, incluyendo la Comisión Europea en sus informes de envejecimiento demográfico, llevan años señalando con creciente preocupación.
Lo irónico del asunto es que el gasto en protección social, a pesar de su tamaño descomunal, convive con tasas de pobreza relativa que rondan el 26% de la población según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. España gasta mucho en protección social pero la distribuye de forma que no siempre llega a quien más la necesita. El grueso va a pensiones, que benefician principalmente a generaciones que ya acumularon derechos, mientras que las prestaciones para familias con hijos, para jóvenes en situación de precariedad o para personas en exclusión social son comparativamente raquíticas en el contexto europeo.
Sanidad y educación: El estado del bienestar de segunda velocidad
La sanidad es la segunda gran partida del gasto público español. Las comunidades autónomas gestionan la mayor parte de este gasto, ya que la sanidad está transferida desde hace décadas, y en conjunto el sistema sanitario público consume alrededor del 6,5% del PIB, según los datos del Ministerio de Sanidad para 2024. Es una cifra que suena razonable hasta que la comparas con la media de la OCDE, que se sitúa cerca del 8,8% del PIB para los países con sistemas públicos similares. Alemania gasta en torno al 11%, Francia supera el 11,5% y los Países Bajos rondan el 11%. España, en otras palabras, tiene un sistema sanitario que funciona razonablemente bien con una financiación por debajo de lo que correspondería a su nivel de desarrollo económico. El mérito de los profesionales sanitarios en ese contexto es considerable; el del sistema de financiación, bastante más discutible.
La educación sigue un patrón similar. El gasto público en educación en España se sitúa alrededor del 4,2% del PIB, también por debajo de la media europea. Y aquí aparece una de las contradicciones más llamativas del sistema: España es uno de los países de la OCDE con mayor tasa de abandono escolar temprano, aunque ha mejorado en los últimos años y sigue por encima de la media europea, y al mismo tiempo uno de los que menos invierte en educación como porcentaje de su riqueza. No hace falta ser economista para ver que hay una relación entre ambos datos, aunque la causalidad sea compleja.
Lo que resulta especialmente revelador es comparar la evolución temporal. Mientras el gasto en pensiones ha crecido de forma casi ininterrumpida en términos reales durante los últimos veinte años, el gasto en educación y sanidad sufrió recortes significativos durante la crisis de 2010-2014 de los que no se ha recuperado del todo en términos relativos. Cuando hubo que ajustar, se ajustó por los servicios que usan los jóvenes y las familias, no por las prestaciones que usan los jubilados. Que cada uno saque sus conclusiones sobre quién vota más y con qué regularidad.
La deuda: El gasto que no se ve pero que todos pagamos
Hay una partida del gasto público que no aparece en los titulares sobre sanidad o educación pero que consume una cantidad de dinero que haría palidecer a más de uno: el pago de intereses de la deuda pública. España acumula una deuda pública que supera el 107% del PIB según los datos del Banco de España para 2024, lo que la convierte en uno de los países más endeudados de la zona euro. El servicio de esa deuda, es decir, los intereses que hay que pagar cada año a los acreedores, ronda los 30.000 millones de euros anuales. Treinta mil millones de euros que van directamente a bancos, fondos de inversión y tenedores de bonos, sin que se construya un hospital, se contrate un médico ni se abra una escuela.
Con los tipos de interés al alza desde 2022, cuando el Banco Central Europeo los subió de forma agresiva para combatir la inflación, el coste de refinanciar esa deuda ha aumentado notablemente. Cada punto porcentual de subida en los tipos significa miles de millones adicionales en intereses que el Estado tiene que pagar, dinero que sale de los impuestos de los ciudadanos y que no se puede gastar en otra cosa. Es el coste de décadas de déficit público acumulado y también, aunque nadie lo presente así, una de las partidas de gasto más regresivas que existen: los que prestan dinero al Estado suelen tener más que los que lo necesitan.
Lo que queda para todo lo demás
Una vez descontadas pensiones, sanidad, educación e intereses de la deuda, queda un espacio presupuestario relativamente estrecho para todo lo demás: infraestructuras, defensa, justicia, vivienda, investigación y desarrollo, cultura, cooperación internacional. El gasto en I+D público en España se sitúa en torno al 0,7% del PIB, según datos del INE para 2024, muy lejos del objetivo del 3% que marca la Unión Europea y a años luz de lo que invierten países como Suecia, Dinamarca o Finlandia, que destinan entre el 3% y el 3,5% de su PIB a investigación. El gasto en vivienda pública, mientras tanto, es casi anecdótico: España destina menos del 0,1% del PIB a políticas de vivienda social, lo que explica con más elocuencia que cualquier discurso político por qué el acceso a la vivienda se ha convertido en el problema generacional que es.
La defensa, por su parte, está en el centro del debate político europeo en 2025 y 2026, con la presión de la OTAN para que los países miembros alcancen el 2% del PIB en gasto militar. España está actualmente en torno al 1,3%, y el gobierno ha anunciado un plan de incremento progresivo que no convence a todos los socios europeos ni a una parte significativa de la opinión pública española. El debate sobre si gastar más en defensa es una necesidad estratégica o una distracción de problemas domésticos más urgentes está servido, y los presupuestos de los próximos años serán el campo de batalla donde se resolverá, al menos en parte.
Lo que los números dicen sobre las prioridades reales
Leer un presupuesto público es leer entre líneas la política real de un gobierno, más allá de sus promesas electorales. España es un país que protege con generosidad a sus mayores, que financia una sanidad pública que funciona por encima de lo que su presupuesto parecería permitir, que lleva décadas sin invertir lo suficiente en educación ni en investigación y que dedica una porción creciente de sus recursos a pagar los intereses de una deuda acumulada durante décadas de déficit. No es un perfil único en Europa, pero sí tiene consecuencias directas sobre la competitividad del país, sobre las oportunidades de las generaciones jóvenes y sobre la capacidad del Estado para responder a los desafíos del futuro.
La próxima vez que pagues el IRPF, el IVA o cualquier otro impuesto, ya sabes con más precisión adónde va ese dinero. Si te parece bien el reparto, perfecto. Si no, al menos ahora tienes los datos para argumentarlo. La democracia presupuestaria, la capacidad de los ciudadanos de influir en cómo se gasta el dinero público, solo funciona cuando los ciudadanos entienden qué se está decidiendo. Y eso empieza por dejar de tratar los presupuestos como un documento técnico incomprensible y verlos como lo que son: la lista de prioridades de un país, escrita en euros.