El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha terciado en el debate sobre las violentas protestas que sacudieron Francia con una promesa que ha incendiado las redes: «Nosotros superamos, en un solo año, un problema cien veces más grave, sin contar con los recursos que Francia tiene a su disposición. Francia podría lograrlo en una semana». La frase, pronunciada en el contexto de los disturbios urbanos y del incremento del precio de los carburantes que Macron citó como detonante del descontento, ha servido de chispa para una discusión que va mucho más allá del caso francés: la del modelo de seguridad, el coste fiscal del Estado y el margen real de maniobra de las democracias europeas.
El argumento de la eficacia salvadoreña
La tesis de Bukele se apoya en un dato que sus defensores repiten sin descanso: El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a registrar cifras de criminalidad comparables a las de Canadá. El instrumento fue el régimen de excepción y la construcción de un macrocentro penitenciario, el CECOT, donde se ha recluido a miles de personas vinculadas a las pandillas. Para una parte del análisis, ese resultado demuestra que el problema no es de recursos sino de voluntad política: si un Estado no acaba con la delincuencia, se argumenta, es porque no quiere. Y ahí entra el cálculo que más revuelve: Francia, con un PIB y una administración incomparablemente mayores, podría replicar el modelo en cuestión de días.
La objeción salta sola. El Salvador es un país de algo más de seis millones de habitantes con una institucionalidad frágil y una guerra urbana de décadas; Francia es una democracia consolidada de 68 millones con un Estado de derecho garantista, un poder judicial independiente y una opinión pública que no admite según qué atajos. Lo que funciona en un Estado fallido no se trasplanta a un Estado que funciona, aunque funcione regular. El propio Bukele reconoció que Francia «sigue siendo igual de hermosa» y que su grandeza «solo aguarda un renacimiento», pero el envoltorio amable no tapa la asimetría del diagnóstico.
El coste del carburante y el contribuyente
El descontento francés no se explica solo por la seguridad. El encarecimiento de los carburantes, con impuestos que en Europa superan el 40% del precio final, ha sido el combustible —nunca mejor dicho— de la protesta. Ahí el debate se vuelve fiscal: bajar la carga impositiva sobre el gasóleo recaudaría casi lo mismo con un precio más bajo, sostienen algunos análisis, mientras otros replican que ese margen ya está comprometido en el presupuesto. La presión fiscal y el precio de la energía son, para buena parte de los intervinientes, el verdadero polvorín, más que la delincuencia.
Del CECOT a la guillotina: el deslizamiento del tono
La conversación derivó hacia territorios donde el análisis se rompe. Hubo quien propuso abrir franquicias del modelo penitenciario salvadoreño por el mundo, como si fuera una cadena de comida rápida, y quien directamente reclamó soluciones de mano dura sin filtro. En el extremo opuesto, la crítica al bukelismo advierte de un riesgo mayor: que las élites presenten la represión estatal como la única respuesta posible al caos que ellas mismas habrían alentado. El poder del ejemplo, se apunta, es demasiado incómodo para que se permita verse en un país desarrollado con decenas de millones de habitantes.
El punto donde el cálculo se atasca
La promesa de una semana no resiste el contraste con la evidencia disponible. El Salvador necesitó un año, un régimen de excepción prorrogado mes a mes y un aparato de seguridad volcado. Francia necesitaría reformar su justicia, su policía y su marco constitucional, y ganar un consenso social que hoy no existe. Bukele ha lanzado un titular brillante; el país galo sigue esperando el manual de instrucciones.