Artículo muy certero (en mi opinión) y muy didáctico para todos aquellos que por lo visto siguen sin aceptar la realidad ni erntender lo que va a pasar.
En medio de la euforia socialista por la inminente investidura de Pedro Sánchez, la presidenta de Junts avisó el viernes: «Sánchez durará lo que dure su palabra», afirmó Laura Borràs, uno de los nombres propios que estuvo obstaculizando el acuerdo entre el PSOE y Junts por la ley de amnistía, puesto que Borràs está condenada e inhabilitada por corrupción.
En el PSOE saben que el nuevo Ejecutivo estará en las manos de Junts, en las de ERC, en la Bildu y en las del PNV. Esa sensación no les es nueva, puesto que la legislatura pasada ya gobernaron a merced del independentismo catalán y vasco, con momentos críticos.
Especialmente la crisis provocada por el caso Pegasus, el espionaje –con autorización judicial– en el año 2019 a varios secesionistas, entre ellos Pere Aragonès. Aunque la diferencia sustancial es que entonces Carles Puigdemont era un cero a la izquierda para Sánchez y ahora no podrá dar un solo paso sin contar con él. Notará su aliento en la cerviz constantemente.
La semana que empieza será la de investidura del candidato del PSOE, que el jueves saldrá elegido con 179 votos a favor y la calle en contra. Los socialistas quieren acallar la infinidad de voces críticas poniendo en valor su capacidad para llegar a acuerdos con otros siete partidos: Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNV, el BNG y Coalición Canaria. «Frente a aquellos que solamente pueden pactar consigo mismos y con la ultraderecha», como señaló el viernes María Jesús Montero, quien restregó a Alberto Núñez Feijóo el voto sorpresivo de Coalición Canaria a la investidura de Sánchez, que anteriormente había votado a la Feijóo.
Los socialistas no necesitaban a la única diputada de CC, era irrelevante para la suma del jueves 16. Sin embargo, cortejaron al líder del nacionalismo canario fundamentalmente para poder regodearse ante Feijóo de que hasta sus socios (CC gobierna con el PP en Canarias) lo abandonan por Sánchez. Y para aislar al PP y Vox.
¿Durará la legislatura?
En los últimos días, tras el acuerdo con Junts del jueves, se está especulando mucho con lo que durará esta legislatura. Los populares creen, o quieren creer, que será corta. Le dan dos años de vida. Pero, por el contrario, hay varias bazas que Sánchez va a utilizar para salirse con la suya también en eso. Son estas:
Primera. Ya tiene asegurados los Presupuestos de 2024. Los acuerdos de investidura incluyen la aprobación de las cuentas públicas para el año que viene, de ahí la participación tan activa de la ministra de Hacienda en las negociaciones. Además, en todos los pactos suscritos por el PSOE sus socios se comprometen a dar «estabilidad» a la legislatura. Aunque sean compromisos muy condicionados, el solo hecho de que figuren por escrito ya es relevante.
Segunda. Baja producción legislativa. El Gobierno ya aprobó las grandes leyes ideológicas (la de memoria democrática, la ley trans, la de la eutanasia, la educativa…) la legislatura pasada. Para ésta, el plan del Ejecutivo es evitar proyectos normativos que sean inasumibles para Junts y el PNV, los dos partidos conservadores de la «coalición progresista» –lo que convierten el término en un oxímoron–. La producción legislativa va a ser escasa. Dado que Sánchez y Yolanda Díaz van a tener enfrente un bloque de 171 escaños (los de PP, Vox y UPN), para la convalidación de decretos ley y la aprobación o reforma de leyes ordinarias el Gobierno necesitará 172 votos a favor.
Tercera. Sánchez es un regalo para el independentismo. Ésta va a ser la legislatura de la llamada «cuestión territorial». Junts pretende arrancar a Sánchez un referéndum de autodeterminación convocado por el propio presidente del Gobierno en virtud del artículo 92 de la Constitución y el PNV y el BNG le han hecho comprometerse al reconocimiento de sus supuestas «naciones». Algo que choca frontalmente con el artículo 2, que solo considera la nación española.
Aunque unos y otros mareen la perdiz, todos los independentistas y nacionalistas tienen claras dos cosas: lo mejor que van a tener en la Moncloa es Pedro Sánchez, sobre todo porque la perspectiva de un Gobierno del PP (o del PP y Vox) es infinitamente peor. Así que cuanto más les dure, mejor, puesto que si vascos y catalanes tienen que elaborar nuevos estatutos de autonomía ése será un proceso largo.
Cuarta. El factor Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda no tiene la imprevisibilidad de Pablo Iglesias. Ella no va a dejar el Gobierno por presentarse unas elecciones autonómicas al grito de «alerta antifascista». Además, su relación personal con Sánchez es buena y de confianza. El elemento desestabilizador dentro de Sumar será Podemos, pero en el Gobierno creen que teniendo controlado al resto tampoco son imprescindibles: Sánchez se puede permitir hasta seis abstenciones en su día a día y los diputados de Podemos son cinco.
Quinta. La mayoría siete a cuatro del Tribunal Constitucional. Se prevé que Cándido Conde-Pumpido sea uno de los principales aliados del presidente en esta legislatura, con la amnistía, la consulta catalana y lo que esté por venir. Antes de su llegada a la Presidencia, el TC de mayoría conservadora anuló los dos estados de alarma del Gobierno en esa época en el 2020 de la que yo le hablo, el cerrojazo al Congreso durante el primero de ellos y hasta el decreto ley por el que incluyó a Iglesias en la comisión delegada del CNI.
Tras su llegada, el Constitucional ha avalado las principales leyes de Sánchez y está jugando un papel trascendental en los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra varias leyes autonómicas. Casi siempre de comunidades gobernadas por el PP.
Sexta. Un PSOE entregado a él con fe ciega. Los 121 escaños socialistas, por sí mismos, no le garantizan a Sánchez ninguna estabilidad parlamentaria. Es evidente. Pero para un presidente es importante tener las filas de su partido prietas a sus espaldas, y Sánchez las tiene, como ha quedado demostrado durante las negociaciones. Las críticas internas por la amnistía se han limitado a exdirigentes, aunque se llamen Felipe González o Alfonso Guerra, y a Emiliano García-Page. Las tímidas maniobras sucesorias que se pusieron en marcha en el PSOE tras el 28-M quedaron todas abortadas con los resultados del 23 de julio.
Séptima. El Senado quiere, pero no puede. La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta es una rémora para Sánchez, pero nada que no pueda sortear. Lo único para lo que el Senado tiene capacidad de veto actualmente es el techo de gasto, que marca los objetivos de déficit y deuda y es el paso previo a la elaboración de los Presupuestos. Pero los socialistas también han pensado en eso: pretenden promover una reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado no se interponga en su camino. Porque, tal y como está redactada ahora, el Congreso y el Senado han de aprobar esos objetivos de estabilidad por mayoría simple y por separado, como contó El Debate en octubre.
Octava. La onda expansiva de las elecciones vascas no será para tanto (otra cosa serán las catalanas). Mucho se ha especulado con ambas como elementos de inestabilidad en la legislatura. Los comicios vascos serán los primeros. Bildu va a seguir su camino, mientras que al PNV Sánchez lo tiene cogido por la solapa, porque los de Andoni Ortuzar aspira a seguir gobernando en el País Vasco gracias al PSE, que va a decantar la Lendakaritza. Así que Sánchez es prisionero del PNV, pero también viceversa. En el caso de los comicios catalanes, aún es muy pronto para saber cómo afectará la nueva estrategia pactista de Puigdemont a la tormentosa relación entre ERC y Junts.
A todo ello se le suma lo más determinante: Sánchez es un político camaleónico que ha ido saltando una tras otra todas sus líneas rojas. Aunque él prefiere llamarlo «cambiar de opinión» y hacer «de la necesidad virtud».
www.eldebate.com
Y colorín colorado, Antonio Fraudillo ha ganado. Otra vez.
Con los votos de los españoles, no lo olvidéis. Todo lo que ocurra lo hemos votado. Igual que todo lo que hizo zetapé lo votamos también.
En medio de la euforia socialista por la inminente investidura de Pedro Sánchez, la presidenta de Junts avisó el viernes: «Sánchez durará lo que dure su palabra», afirmó Laura Borràs, uno de los nombres propios que estuvo obstaculizando el acuerdo entre el PSOE y Junts por la ley de amnistía, puesto que Borràs está condenada e inhabilitada por corrupción.
En el PSOE saben que el nuevo Ejecutivo estará en las manos de Junts, en las de ERC, en la Bildu y en las del PNV. Esa sensación no les es nueva, puesto que la legislatura pasada ya gobernaron a merced del independentismo catalán y vasco, con momentos críticos.
Especialmente la crisis provocada por el caso Pegasus, el espionaje –con autorización judicial– en el año 2019 a varios secesionistas, entre ellos Pere Aragonès. Aunque la diferencia sustancial es que entonces Carles Puigdemont era un cero a la izquierda para Sánchez y ahora no podrá dar un solo paso sin contar con él. Notará su aliento en la cerviz constantemente.
La semana que empieza será la de investidura del candidato del PSOE, que el jueves saldrá elegido con 179 votos a favor y la calle en contra. Los socialistas quieren acallar la infinidad de voces críticas poniendo en valor su capacidad para llegar a acuerdos con otros siete partidos: Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNV, el BNG y Coalición Canaria. «Frente a aquellos que solamente pueden pactar consigo mismos y con la ultraderecha», como señaló el viernes María Jesús Montero, quien restregó a Alberto Núñez Feijóo el voto sorpresivo de Coalición Canaria a la investidura de Sánchez, que anteriormente había votado a la Feijóo.
Los socialistas no necesitaban a la única diputada de CC, era irrelevante para la suma del jueves 16. Sin embargo, cortejaron al líder del nacionalismo canario fundamentalmente para poder regodearse ante Feijóo de que hasta sus socios (CC gobierna con el PP en Canarias) lo abandonan por Sánchez. Y para aislar al PP y Vox.
¿Durará la legislatura?
En los últimos días, tras el acuerdo con Junts del jueves, se está especulando mucho con lo que durará esta legislatura. Los populares creen, o quieren creer, que será corta. Le dan dos años de vida. Pero, por el contrario, hay varias bazas que Sánchez va a utilizar para salirse con la suya también en eso. Son estas:
Primera. Ya tiene asegurados los Presupuestos de 2024. Los acuerdos de investidura incluyen la aprobación de las cuentas públicas para el año que viene, de ahí la participación tan activa de la ministra de Hacienda en las negociaciones. Además, en todos los pactos suscritos por el PSOE sus socios se comprometen a dar «estabilidad» a la legislatura. Aunque sean compromisos muy condicionados, el solo hecho de que figuren por escrito ya es relevante.
Segunda. Baja producción legislativa. El Gobierno ya aprobó las grandes leyes ideológicas (la de memoria democrática, la ley trans, la de la eutanasia, la educativa…) la legislatura pasada. Para ésta, el plan del Ejecutivo es evitar proyectos normativos que sean inasumibles para Junts y el PNV, los dos partidos conservadores de la «coalición progresista» –lo que convierten el término en un oxímoron–. La producción legislativa va a ser escasa. Dado que Sánchez y Yolanda Díaz van a tener enfrente un bloque de 171 escaños (los de PP, Vox y UPN), para la convalidación de decretos ley y la aprobación o reforma de leyes ordinarias el Gobierno necesitará 172 votos a favor.
Tercera. Sánchez es un regalo para el independentismo. Ésta va a ser la legislatura de la llamada «cuestión territorial». Junts pretende arrancar a Sánchez un referéndum de autodeterminación convocado por el propio presidente del Gobierno en virtud del artículo 92 de la Constitución y el PNV y el BNG le han hecho comprometerse al reconocimiento de sus supuestas «naciones». Algo que choca frontalmente con el artículo 2, que solo considera la nación española.
Aunque unos y otros mareen la perdiz, todos los independentistas y nacionalistas tienen claras dos cosas: lo mejor que van a tener en la Moncloa es Pedro Sánchez, sobre todo porque la perspectiva de un Gobierno del PP (o del PP y Vox) es infinitamente peor. Así que cuanto más les dure, mejor, puesto que si vascos y catalanes tienen que elaborar nuevos estatutos de autonomía ése será un proceso largo.
Cuarta. El factor Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda no tiene la imprevisibilidad de Pablo Iglesias. Ella no va a dejar el Gobierno por presentarse unas elecciones autonómicas al grito de «alerta antifascista». Además, su relación personal con Sánchez es buena y de confianza. El elemento desestabilizador dentro de Sumar será Podemos, pero en el Gobierno creen que teniendo controlado al resto tampoco son imprescindibles: Sánchez se puede permitir hasta seis abstenciones en su día a día y los diputados de Podemos son cinco.
Quinta. La mayoría siete a cuatro del Tribunal Constitucional. Se prevé que Cándido Conde-Pumpido sea uno de los principales aliados del presidente en esta legislatura, con la amnistía, la consulta catalana y lo que esté por venir. Antes de su llegada a la Presidencia, el TC de mayoría conservadora anuló los dos estados de alarma del Gobierno en esa época en el 2020 de la que yo le hablo, el cerrojazo al Congreso durante el primero de ellos y hasta el decreto ley por el que incluyó a Iglesias en la comisión delegada del CNI.
Tras su llegada, el Constitucional ha avalado las principales leyes de Sánchez y está jugando un papel trascendental en los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra varias leyes autonómicas. Casi siempre de comunidades gobernadas por el PP.
Sexta. Un PSOE entregado a él con fe ciega. Los 121 escaños socialistas, por sí mismos, no le garantizan a Sánchez ninguna estabilidad parlamentaria. Es evidente. Pero para un presidente es importante tener las filas de su partido prietas a sus espaldas, y Sánchez las tiene, como ha quedado demostrado durante las negociaciones. Las críticas internas por la amnistía se han limitado a exdirigentes, aunque se llamen Felipe González o Alfonso Guerra, y a Emiliano García-Page. Las tímidas maniobras sucesorias que se pusieron en marcha en el PSOE tras el 28-M quedaron todas abortadas con los resultados del 23 de julio.
Séptima. El Senado quiere, pero no puede. La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta es una rémora para Sánchez, pero nada que no pueda sortear. Lo único para lo que el Senado tiene capacidad de veto actualmente es el techo de gasto, que marca los objetivos de déficit y deuda y es el paso previo a la elaboración de los Presupuestos. Pero los socialistas también han pensado en eso: pretenden promover una reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado no se interponga en su camino. Porque, tal y como está redactada ahora, el Congreso y el Senado han de aprobar esos objetivos de estabilidad por mayoría simple y por separado, como contó El Debate en octubre.
Octava. La onda expansiva de las elecciones vascas no será para tanto (otra cosa serán las catalanas). Mucho se ha especulado con ambas como elementos de inestabilidad en la legislatura. Los comicios vascos serán los primeros. Bildu va a seguir su camino, mientras que al PNV Sánchez lo tiene cogido por la solapa, porque los de Andoni Ortuzar aspira a seguir gobernando en el País Vasco gracias al PSE, que va a decantar la Lendakaritza. Así que Sánchez es prisionero del PNV, pero también viceversa. En el caso de los comicios catalanes, aún es muy pronto para saber cómo afectará la nueva estrategia pactista de Puigdemont a la tormentosa relación entre ERC y Junts.
A todo ello se le suma lo más determinante: Sánchez es un político camaleónico que ha ido saltando una tras otra todas sus líneas rojas. Aunque él prefiere llamarlo «cambiar de opinión» y hacer «de la necesidad virtud».
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Y colorín colorado, Antonio Fraudillo ha ganado. Otra vez.
Con los votos de los españoles, no lo olvidéis. Todo lo que ocurra lo hemos votado. Igual que todo lo que hizo zetapé lo votamos también.
