Corren por ahí informaciones sobre una supuesta alta demanda de energía para fabricar paneles fotovoltaicos. La realidad es que los módulos fotovoltaicos generan mucha más energía que la que se precisa para su funcionamiento, empleada fundamentalmente en la fabricación del panel (recrecido o reordenación cristalina, corte, pulido, unión de electrodos, tratamiento antirreflectante y encapsulado) y de su estructura. Se considera que el período de recuperación energética directa es de tan sólo unos 28 meses, aunque si se llegaran a cumplir las expectativas tecnológicas, en diez años podría reducirse a 4 ó 5. Las diatribas en contra de la producción solar que se esgrimen quizás incluyan la transformación del silicio, materia prima de nueve de cada diez sistemas heliotécnicos que, a pesar de ser el semiconductor más abundante de la corteza terrestre, a causa de su sensible banda electromagnética debe ser obtenido con el grado más puro posible por la desintegración del cuarzo en hornos eléctricos que trabajan a altas temperaturas. Pero es que el silicio utilizado para estas aplicaciones es aquél inservible para la industria electrónica, en una cantidad cien veces menor y con un precio ligeramente inferior. Se aprovechan, por lo tanto, los subproductos de las extracciones mineras destinadas principalmente a los circuitos que forman parte de los millones de elementos tecnológicos que nos rodean; sin embargo, ¿cuántos habitantes de nuestro entorno se preguntan por la magnitud del consumo energético de éstos? Es como si incluyéramos en el balance energético de los combustibles petrolíferos los costes de destilación que darán lugar a otros productos, una idea que ni siquiera se considera para asignar a las fuentes convencionales los precios internalizados.
¿Comparamos gastos de producción y los efectos medioambientales consecuentes de los consumos de energía? Bien, en todo generador influye la tríada rendimiento-coste-duración que pone a prueba su capacidad de autofinanciación: como sabemos, debe producir energía suficiente como para recuperar la consumida en el proceso de configuración y transformación y, al mismo tiempo, compensar el coste de fabricación. La situación actual de los sistemas fotovoltaicos es de un elevado precio de construcción y rendimientos relativamente bajos, debido al círculo vicioso entre la escasa investigación sobre nuevos procesos y materiales y la baja demanda que no justifica una producción en serie, pero con una calidad final que asegura una vida media entre 20 y 30 años. Como recurre una fuente limpia, e inagotable desde el punto de vista biológico, no emite gases, fluidos ni sólidos tóxicos sus impactos contaminantes se reducen al mantenimiento de una silenciosa instalación y a los restos no reciclables tras su servicio útil; además, su descentralización favorece la autogestión local y evita redes de transporte, con el consiguiente ahorro económico y energético. Según el CIEMAT, con que nos limitemos a comparar las externalidades de las fuentes convencionales sobre la salud, el lignito rozaría los 22 cent/Kwh; el fuel, 6; el gas, 1,5; y el uranio, 1. Del resto, la eólica resultaría la más cara: 0,17 cent/Kwh. De manera similar, a partir de las investigaciones de AUMA se deduce que el poder contaminante del lignito es un 25% mayor que el del petróleo -o sea, 2,6 veces el de la energía nuclear-, multiplica por 6,5 el del gas natural y equivale a 26,7 impactos de la generación eólica.
Durante su ciclo vital, la electricidad solar emite unos 6 gramos de CO2 por Kwh, frente a los 1060 de las plantas de carbón y los 825 de las que funcionan con fuel o gas. Y aún quedaría por comparar las emisiones de NOx, SO2, partículas... Aunque no sólo hemos de calibrar vertidos atmosféricos.
El primer Gigavatio de una planta nuclear necesita apartar medio millón de metros cúbicos de tierras en un yacimiento rico en uranio, con su correspondiente despilfarro energético y emanaciones de radón cancerosas de los muchos escombros radiactivos. Ya solamente encontrar una eficiente concentración del isótopo U235, antes de ser bombardeado con neutrones que produzcan su ruptura, requiere un voluminoso gasto Cada Kilovatio-hora que genera cuesta más de 3.000 euros, lo que endeuda a las empresas eléctricas hasta el punto de no haber podido amortizar conjuntamente el valor de su construcción, a pesar de haber llegado a los 10 años de vida útil.
Sin embargo, el Estado español les viene concediendo inconcebibles subvenciones desde que se empezaron a implantar en la década de los sesenta hasta el verdadero aplazamiento decretado en 1998. En este país, el usuario de la línea eléctrica asume dentro del impuesto general sobre electricidad un 5% del coste del Kwh entre compensación por cierres y moratoria, financiación de las existencias de uranio y sufragio de la segunda parte del ciclo combinado de estas centrales. Es completamente falso que se trate de una generación barata, y mucho menos limpia, pues la quema del combustible enriquecido en el reactor que moverá los generadores de electricidad es abundante en isótopos pesados, y puede dar lugar a gases radiactivos; al final de la reacción controlada, cada tonelada de combustible tiene una actividad cercana a los 180 Mcurie. Sabiendo que cada año toda central ha de recargar 30 toneladas de un material que será mortífero durante centenares de milenios, nos podemos hacer una idea del perjuicio por los productos remanentes de la fisión. El transporte de sustancias tan destructivas entraña inadmisibles riesgos de accidente, robo o atentado, además de facilitar la malversación, como se ha comprobado con el comercio de plutonio y uranio en Europa Central. El almacenamiento de estos desperdicios se hace sobre la suposición de que el firme resistirá los embates magmáticos durante medio millón de años. Las masas que hoy podemos encontrar geológicamente estables seguramente sufrirán, como lo sufrieron en el pasado, seísmos y fisuraciones por las que el agua penetrará y disolverá los elementos.
Por si fuera poco, los enterramientos se hacen en zonas pobres, no obligadamente deshabitadas, si acaso a cambio de una mezquina indemnización, allá donde la población es indiferente ante los manejos del poder. Al funcionar como una factoría térmica, el enfriamiento de sus instalaciones pasa por utilizar agua de un lago que sufrirá un crítico incremento de temperatura y de radiaciones y hará imposible la vida de especies animales y vegetales. En conclusión, el coste internalizado de un Kwh nuclear, calculando los daños ya producidos y los riesgos de otros nuevos, alcanzaría valores inadmisibles para las economías globales. Po otra parte, las explotaciones petroleras sólo resultan rentables a costa de los millones de vidas humanas y devastaciones de la biosfera que las compañías llevan a cabo con las complicidades gubernametales, como contra los pueblos iraquí, afgano, colombiano, nigeriano, indonesio, mexicano… A pesar de todo, España generó durante 2002, en detrimento de su capacidad renovable, 63 Twh de electricidad de origen atómico y 132,2 a partir de carbón, petróleo y gas. La producción eléctrica alcanzó los 233 Twh y se importaron otros 5,3. Así pues, el peso relativo de las plantas de carbón ascendió al 35% y el de las centrales termonucleares se mantuvo en el 27%; el 11% de la gran hidráulica denunció su flojeza, que cedió terreno ante un inquietante 20% de gas y fuel. Mientras, la electricidad limpia queda calada en un triste 5% de la producción.
Las empresas nacionales de generación se beneficiarán hasta el fin de 2007, según su presencia en el mercado, de 10.177 millones de euros como retribución estatal para Costes de Transición a la Competencia y de 1.775 millones de euros como primas por consumo de carbón autóctono, además de la financiación del stock de carbón y las compensaciones por moratoria. En el reciente Documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011, el Gobierno ha aprobado una inversión de 26.500 M€ –los 8.000 del erario público financiarán el transporte– para cubrir un aumento anual del 3,7% en la demanda eléctrica con más de 30.000 Mw de nuevas instalaciones, principalmente de ciclo combinado. Ello significa que el peso relativo del gas en España pasará en esta década del 12,2% actual al 22,5%, en sustitución del carbón, principalmente, y que las nuevas centrales térmicas añadirán 18 Mt anuales de CO2 a la atmósfera, un aumento de emisiones del 58% en el sector eléctrico, en contra del Protocolo de Kyoto, y sin ninguna medida para frenar el derroche energético. Añadamos que el último Plan de Ahorro y Eficiencia Energética dejó de tener vigencia al acabar 1999, y no tiene visos de ser mejorado, renovado ni reemplazado y que el crecimiento financiero, es decir, de la banca y la gran empresa, durante el quinquenio pasado ha acelerado el consumo, pues la forzada entrada en el mercado de la moneda única a falta de importantes arreglos en casa ha hecho emerger el masivo dinero oscuro que se ha legalizado con la compra de residencias, automóviles y terrenos rurales, ante las complacencias ministeriales. España es uno de los veinte estados más infictivos del mundo en emisiones de gases antropogénicos: 284,7 millones de toneladas salieron de nuestras chimeneas y de los tubos de escape de nuestros motores y reactores entre enero y diciembre de 2000. La regla en equivalente carbónico anual de los combustibles no regenerables es de 7,1 toneladas por cada habitante, casi el doble de la media mundial. En otros términos, son 2.280 Kg de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6 los que cada tonelada equivalente de petróleo que consumimos expulsa al aire o, lo que es lo mismo, cada euro que pasa por nuestras manos y nuestras cuentas en conceptos de energía es culpable de que, en doce meses, unos 400 gramos de estos productos fatales se agreguen a otros 23.500 millones de toneladas con la sola meta de hacer inhabitable el planeta.
Sin embargo, el Gobierno, en lugar de animar a sus congéneres a acercarse a nuestros niveles, acordó con ellos aumentarlo en un 15%, cota rebasada con creces (35%) entre 1990 y 2001, y no lleva a cabo ninguna política para cumplir los compromisos asumidos ni para el uso sostenible de la diversidad biológica. La característica gestión del Gabinete español, que ha bloqueado las iniciativas comunitarias para la fiscalidad ecológica, elude completamente el diálogo con la sociedad civil. Para lograr el compromiso con la fotovoltaica expuesto en el Plan de Fomento de las Energías Renovables, se deben elevar y garantizar durante 20 años las primas a las instalaciones conectadas a red. Para 2003, deberían haber supuesto un total de 3,46 millones de euros (0,65 euros/Kwh si se prevé ir reduciendo luego su cantidad), lo que equivale a un sobreprecio de sólo el 0,02% en la factura eléctrica. Ya sólo las primas al consumo de carbón autóctono en 2002 sumaron 214 millones de euros, con todos sus perjuicios ambientales. Visto lo anterior, son innegables la fatal intensidad contaminante, la brutal sobreexplotación y la interesada centralización del dominio de la actual estructura de energías. Si evaluáramos el verdadero valor de cada unidad con la verdadera internalización de los costes, ninguna de las fuentes convencionales sería rentable. Quienes controlan las fuentes contaminantes ven en las renovables un peligroso enemigo comercial: el usuario dejaría de depender de un poder concentrado, utilizaría recursos gratuitos y se concienciaría de lo imprescindible que resulta preservar el ambiente natural, ese mismo entorno que asolan incesantemente sus técnicas de explotación.
