Por si no lo sabias: Una jueza exculpa a Ayuso y causa pánico en Moncloa: señala por las muertes a Sánchez y a Iglesias

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Los socios de HAMAS se han hecho una amnistía, sin hacer amnistía, para no pagar por el millón de personas asesinadas.
 

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Una jueza exculpa a Ayuso y causa pánico en Moncloa: señala por las muertes a Sánchez y a Iglesias
La magistrada es clara sobre quién tiene la responsabilidad y hunde con su auto al Gobierno
DAVID LOZANO
15 Sep 2020 - 14:40 CET


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La Justicia ha echado por tierra las aspiraciones de la izquierda, encabezada por PSOE y Podemos, de desviar toda la responsabilidad de la desastrosa gestión de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo del cobi19 en la Comunidad de Madrid y más concretamente en el enemigo a batir, su presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Tal y como ha publicado el portal Vozpópuli, la juez de instrucción número 5 de Leganés ha rechazado estudiar una querella de familiares contra varios responsables de residencias de ancianos y consejeros de la Comunidad de Madrid. La resolución supone un varapalo para los querellantes a los que acusa de basarse en “conjeturas”. Disculpa al Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, hasta el punto de alegar que el el bichito-19 es una enfermedad de la que aún se desconocen sus efectos o que la falta de materiales de protección era “una carencia estatal”.
La querella acusaba a la Comunidad de Madrid y a varios consejeros de una “inadecuada aplicación de protocolos, de un actuar tardío e insuficiente y de decisiones equivocadas que provocaron el fallecimiento de miles de residentes de geriátricos”. Sin embargo, la magistrada Mónica Boticario alega en su auto que la el bichito-19 es “una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en el mes de marzo y del que poco se ha averiguado» hasta el día de hoy «como demuestra la situación de ‘segunda ola’ con numerosos rebrotes en todo el territorio nacional».
El Juzgado de Leganés recibió la querella el 28 de mayo. La firman 11 familias de ancianos, según apuntan a Periodista Digital fuentes conocedoras del caso familias próximas ideológicamente tanto a PSOE como a Podemos. Varios de sus mayores han muerto y otros resultaron contagiados en residencias del municipio madrileño de Leganés. Apostaron por la vía penal y la querella se presentó contra diversos directores de centros geriátricos y consejeros de la Comunidad de Madrid que preside Díaz Ayuso.
Les acusan de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y trato degradante. Sin embargo, la juez considera que “no se deduce la existencia de indicios racionales de criminalidad”.
Pero lo más interesante del auto judicial (y que puede servir de precedente al Supremo después de que la Fiscalía haya pedido archivar el caso contra el Gobierno) es lo que dice la magistrada sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez o la gestión del responsable directo, Pablo Iglesias, : “tampoco el Estado español, autoridad suprema en la materia desde la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, garantizó esas dotaciones”.
En su exposición de argumentos en el auto, además, la jueza no olvida la pésima gestión sanitaria del Gobierno central recordando “la polémica suscitada en cuanto a la compra de test masivos a una empresa china que luego resultaron inadecuados para el fin para el que fueron adquiridos”.

Quien controla a jueces y fiscales?

Pues eso.

El bichito fantasma bolivarianizador que se teletransporto desde Wuhan a las residencias de ancianos de las estepas castellanas y madrileñas sin tocar ni Vietnam, ni Tailandia, ni Camboya, ni Corea ni Japón etc era en realidad sobredosis de morfina y midazolam en resiencias de ancianos intervenidas y desatención sistemática de urgencias médicas en hospitales, lo cual evidentemente género una importante sobremortalidad.

El resto son cuentos chinos y nunca mejor dicho.

Saludos al CNI y a las cloacas.
 

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«Se quedaban en la residencia, los sedaban y morían. Esa es la verdad. Había instrucciones»

Santa Elena. En Torrent aseguran que del 25 de marzo al 2 de abril murieron nueve ancianos que no llevaron al General, y en Alcoy eran conscientes «de lo que se podía derivar al hospital»


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F. RICÓS
Domingo, 24 mayo 2020, 07:29
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Entre el 25 de marzo y el 2 de abril fallecieron nueve personas por cobi19 que vivían en el centro de mayores Santa Elena. No los llevaron al hospital. Se quedaron en la residencia. Los médicos los sedaron para evitarles el dolor y allí murieron». El testimonio, crudo, es de Francisco Nemesio, secretario y portavoz del patronato que rige este centro, referencia en Torrent desde que se creó en 1927 a través de una fundación inspirada en el humanismo cristiano.

Esta semana también se ha conocido un informe interno de la conselleria de Sanidad sobre estadísticas de lugares en los que ha habido víctimas mortales por cobi19. Indicaba que un 57% de los residentes en los geriátricos valencianos fallecidos por la esa época en el 2020 de la que yo le hablo han muerto en sus centros y no en los hospitales. Eso supone que 6 de cada 10 enfermos de el bichito-19 de las residencias no fue llevado a un hospital para su tratamiento. En esta esa época en el 2020 de la que yo le hablo han muerto 525 residentes, dos de ellos se contabilizaron ayer, después de tres días sin ningún fallecido, y ha dejado un rastro de más de 170 geriátricos afectados. Ahora hay 80 con algún caso.



La residencia Santa Elena está intervenida por la conselleria de Sanidad desde el 16 de abril, cuando empezaron a incorporarse sanitarios de la administracion autonómica. La toma de control de esas instalaciones culminó el 19 de marzo. Buena parte de la plantilla del asilo estaba entonces o enferma de cobi19 o en cuarentena. El patronato había lanzado un grito de socorro porque con los medios que tenía no disponía de manos ni medos para atender a sus residentes enfermos. Y pese a la intervención, siguió el goteo de muertes. «Había un protocolo que tenían establecido para no enviar a los mayores de 75 años al hospital. Se quedaban en la residencia, los sedaban y morían. Esa es la verdad», recalca Nemesio. «Había instrucciones», reitera.

«En el hospital no iban a llevarlos a la UCI ni a ponerles ventiladores. Todos tenían más de 80 años y la instrucción era no mandar al hospital a los mayores de 75 con patologías previas o con enfermedades crónicas», afirma dolido.

Durante los últimos 15 años la edad media de los mayores que viven en geriátricos se ha situado en 84 años y muchos de ellos presentan patologías y enfermedades crónicas, lo que dificulta un tratamiento exitoso, especialmente la intubación, a los que caen bajo las garras del el bichito-19.

«De esta manera, sin llevarlos al hospital, no fallecieron ni uno ni dos ni tres residentes, sino muchos más», asegura Francisco Nemesio.

Recuerda este directivo del patronato de Santa Elena que entre el 12 y el 16 de marzo murieron tres residentes en el Hospital General ingresados días antes, cuando el bichito todavía no había llegado a desbordar a los sanitarios. El 16 y el 18 de marzo murieron dos ancianos en la residencia. Del 21 al 24 de marzo expiraron tres residentes que habían sido hospitalizados tiempo atrás, igual que el 27, cuando finó otro en el General, «y entre el 25 de marzo y el 2 de abril fallecieron nueve residentes que no fueron hospitalizados», asegura. La conselleria de Sanidad tenía, y aún tiene, el control médico de la residencia Santa Elena. La conselleria ha llegado a medicalizar una treintena de geriatricos durante la parte más dura de la crisis, una de cada 10. Ahora aún hay 28 residencias intervenidas.

«A partir de la segunda semana de abril, cuando bajó la curva de contagio, ya volvieron a enviar a residentes de Santa Elena al hospital», sostiene Francisco Nemesio.

El secretario del patronato y portavoz de la residencia Santa Elena ya relató cómo procedían los médicos destacados por la conselleria de Sanidad en Santa Elena. «Hemos pedido explicaciones de por qué no se llevan al hospital a los casos graves y nos han contestado que no se les aplican procedimientos extraordinarios», lamentó Nemesio. «Nos han dicho que se aplica el protocolo y que los mayores de 75 años con cobi19 y otras patologías que se pueden complicar ya no ingresan en la UCI del Hospital General ni se les conecta a un respirador automático. Los médicos hablan con la familia, les cuentan cómo está la situación y les solicitan permiso para aplicarle un tratamiento paliativo», describía Nemesio en los peores días de la residencia.

En esas fechas de las que habla el dirigente del patronato, el Hospital General, del que depende médicamente Santa Elena, no atravesaba por sus mejores momentos. El sindicato de enfermería Satse realizaba una denuncia pública sobre la saturación de este centro sanitario. Esta organización sindical, el 27 de marzo, aseguraba que la UCI estaba llena, tenía 250 pacientes ingresados en planta por el bichito-19 y se estaba empezando a derivar a pacientes de otras patologías a diferentes hospitales. El General se quedaba sin hueco para los pacientes de las residencias.

Por su parte, José Fina Pérez, directora asistencial de las residencias Domus Vi para la Comunitat Valenciana, que regenta los centros de Alicante, Cocentaina y Alcoy, el más afectado con diferencia por la esa época en el 2020 de la que yo le hablo con 75 mayores fallecidos, cifra dada por los familiares de los finados, también se pronunció sobre cómo se funcionaba en los días más crudos de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Pérez afirma que en Alcoy «siempre hemos tenido el soporte del hospital», el Verge dels Lliris, pero también desliza que se actuó como buenamente se pudo: «Hemos sido muy conscientes de que había que derivar al hospital lo que se podía derivar porque había cierto colapso del sistema». Y apuntó también que «lo que está claro con esta crisis es que la sanidad no estaba preparada».

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, negó el pasado martes que no se atendiera en los hospitales a los mayores con cobi19 procedentes de las residencias, pero tampoco negó que seis de cada 10 residentes murieran en la cama de su geriátrico. «No comparto que no se hospitalizaran los casos más graves. Siempre se hizo siguiendo el criterio clínico, fuera cual fuera la circunstancia», dijo. Barceló afirmó que a mediados de abril, en la fase más grave de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, «estuvimos a un 71 % de camas críticas, nunca se dio saturación» en los hospitales.

También dijo la consellera que «se trasladó a los departamentos de salud que el objetivo era cuidar de los mayores» y afirmó que «siempre ha primado la atención y la asistencia a las personas. Se ha seguido el criterio médico: ante la gravedad, hospitalización».

Aunque los datos y los testimonios de quienes han sufrido esta situación, como el de Francisco Nemesio o el del presidente de Aerte, la patronal de las residencias, José María Toro, no parecen dar la razón a la consellera.

José María Toro también ha manifestado que considera que hubo internos de los geriatricos, enfermos de el bichito-19, que fallecieron por no ser trasladados a un hospital. Cree que posiblemente por la saturación del sistema sanitario «los hospitales no fueron capaces de dar respuesta», con lo que «hubo residentes que acabaron falleciendo en la residencia por no haber podido recibir esa atención».

Y en un informe de finales del pasado mes de abril, elaborado por la profesora de Psicología Social y doctora Sacramento Pinazo, afirmaba que durante la crisis «ha habido protocolos de triaje y se ha incluido la edad para la no realización de determinados procedimientos terapéuticos». El estudio de Pinazo, presidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, se redactó para la Universitat de València y el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local.

Pinazo incidió en la discriminación. «El estado de cuarentena en el que nos encontramos desde el 14 marzo condiciona la elaboración de protocolos de triaje para facilitar la toma de decisiones clínicas en un marco de recursos insuficientes. Y se incluye la edad para la (no) realización de determinados procedimientos terapéuticos», indicó en el informe.
 

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La presidenta de las residencias: «Llamé a casi todos los ministros para pedir auxilio y sólo encontré reproches»

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LUZ SELA 05/06/2020 14:32

Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), patronal española de residencias de mayores, ha expuesto este viernes en el Congreso de los Diputados la durísima situación vivida en los centros durante la crisis pandémica y la falta de respuesta por parte del Gobierno a sus reiteradas peticiones de ayuda.

Durrante su intervención en el grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión de Reconstrucción, Pascual ha relatado cómo, en los momentos más críticos, contactó con los propios ministros. «Hablé con ellos ¿Y qué encontré? Reproches entre comunidades, entre partidos políticos… Nosotros no queríamos reproches. Estábamos en medio de una esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Lo que estábamos sufriendo era inhumano. Sólo les pedía que nos sentáramos en una mesa y que el Gobierno dijese: vamos a solucionarlo».


«Un infierno»

En un testimonio durísimo, ha descrito rotunda que los últimos meses «han sido un infierno» y ha denunciado la falta de medios personales y de recursos para hacer frente a la crisis.

«Le pedimos a los ministros que lo hicésemos juntos, que nos facilitasen los medios, nada más. No puedo entender, se lo digo de verdad, que nadie nos echase una mano y estuviese a nuestro lado», ha aseverado.


«Después de haber vivido este infierno no entiendo los discursos demagogos que he oido en foros, televisiones y en el Congreso de los Diputados. No creo que sea el discurso que necesita este país», ha lamentado.

Pascual ha llegado a mostrar a los diputados un listado con todas las «llamadas de auxilio» que el sector realizó a los distintos dirigentes políticos. «Ha sido un infierno. Nadie ha venido a nuestro lado», ha insistido.

Asimismo, ha respondido veladamente a las críticas vertidas por parte del vicepresidente social, Pablo Iglesias, al sector privado de las residencias.

«No somos mercenarios, somos pymes que hemos luchado mucho para llegar hasta aquí. En algunos pueblos somos la empresa más grande que hay», ha advertido.

Los protocolos del Ministerio de Sanidad obligaban a aislar a los mayores con síntomas en los propios centros. Pascual ha descrito cómo «cuando las puertas se cerraron, el el bichito ya estaba dentro de las residencias. Y nos decían que teníamos que aislar a las personas con tos y fiebre».

«Pedimos auxilio cuando nos dimos cuenta que no venían los médicos ni enfermeras, que nuestros profesionales no tenían derecho a PCR. Les daban bajas por teléfono y cada día teníamos menos manos para trabajar. Tenían que quedarse en casa», ha narrado.»Nosotros sólo esperábamos algo muy sencillo: EPIs, médicos, enfermeras y test», ha añadido.

Pascual ha considerado que «ha existido un gran problema en esta gestión» y que «ha faltado transparencia y comunicación con el sector».

Además, ha alertado de la falta de previsión para una segunda oleada y ha avisado que un tercio de los pacientes de estos centros son asintomáticos. «Nos estamos planteando una desescalada sin haber hecho test. El ‘test test test’ que dice la OMS es fundamental», ha advertido. «El rebrote está aquí, vivimos una falsa normalidad», ha concluido.
 

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CINTA PASCUAL - Presidente ACRA



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