choza
Madmaxista
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Comunitat Valenciana
La iglesia alicantina ve inmoral la construcción galopante cuando hay 400.000 pisos vacíos
La Diócesis de Orihuela-Alicante cree insostenible que haya gente sin techo y casas desocupadas
La Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis de Orihuela-Alicante ha calificado el desarrollo urbanístico de la provincia de «insostenible». Los responsables del Obispado han tachado de «inmoral» que en Alicante existan unas 400.000 viviendas vacías mientras muchas personas no disponen de un techo digno y «los jóvenes y numerosos desfavorecidos se las ven y se las desean para acceder a una vivienda digna. Se trata de una inmoralidad objetiva, como lo es que el precio medio de la vivienda haya crecido entre 1987 y 2004 trece veces y media más que los salarios», aseguraba ayer el delegado diocesano de Acción Social y Caritativa, el reverendo Lucio Arnáiz.
Ayer presentaron ayer el documento El actual proceso urbanizador en la provincia de Alicante que analiza La Doctrina Social de la Iglesia en nuestros pueblos y ciudades. La Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis, que ya había tratado en otros estudios asuntos como la mujer, el problema del agua en Alicante o la inmi gración, entiende que «el urbanismo no está siendo un tema menor o colateral en la provincia, por lo que la Iglesia no podía dejar de decir lo que tenía que decir, para iluminar la conciencia de los cristianos con criterios éticos y jovenlandesales que les ayuden a juzgar los acontecimientos», afirma el delegado episcopal de Cáritas Diocesana, el sacerdote Antonio Esteve.
La Diócesis considera que es necesaria una intervención del Estado, a través de sus Administraciones. Arnáiz señala que «la Iglesia tiene muy claro que el mercado es importante, pero debe ser regulado convenientemente desde el criterio del bien común». No puede dejarse todo en manos «de un mercantilismo sin freno, no podemos idolatrar al mercado, que debe estar sometido al Estado y a las necesidades de la sociedad». Entre las medidas que el Estado debe adoptar, la Diócesis apunta a la rehabilitación de los cascos tradicionales, a la construcción preferente en vertical, a la promoción de viviendas de protección oficial, al apoyo a las viviendas de alquiler o a la penalización fiscal de las viviendas vacías. «La vivienda es necesaria para que los ciudadanos tengan un buen nivel de vida» y «el derecho a la propiedad del suelo debe ser compatible con el derecho a una vivienda digna». Además, el responsable de la Diócesis expone que el suelo «es un bien escaso y debe ser abordado con criterios de solidaridad». La institución eclesiástica aboga por una concepción del suelo como «patrimonio histórico, social y cultural», y no como un recurso especulativo. Según Arnáiz, el actual crecimiento urbanístico «no tiene en cuenta factores medioambientales, sociales ni de futuro». Estamos ante un «crecimiento desaforado que parece no tener límites. No podemos perder de vista factores medioambientales ni de futuro, ni dejar de lado problemas de responsabilidad social y laboral que se desprenden de esta situación», apunta el director del Secretariado de Migraciones, Fidel Romero, quien considera que un modelo sostenible e integral de la vivienda «facilitaría la integración y cohesión social».
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La iglesia alicantina ve inmoral la construcción galopante cuando hay 400.000 pisos vacíos
La Diócesis de Orihuela-Alicante cree insostenible que haya gente sin techo y casas desocupadas
La Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis de Orihuela-Alicante ha calificado el desarrollo urbanístico de la provincia de «insostenible». Los responsables del Obispado han tachado de «inmoral» que en Alicante existan unas 400.000 viviendas vacías mientras muchas personas no disponen de un techo digno y «los jóvenes y numerosos desfavorecidos se las ven y se las desean para acceder a una vivienda digna. Se trata de una inmoralidad objetiva, como lo es que el precio medio de la vivienda haya crecido entre 1987 y 2004 trece veces y media más que los salarios», aseguraba ayer el delegado diocesano de Acción Social y Caritativa, el reverendo Lucio Arnáiz.
Ayer presentaron ayer el documento El actual proceso urbanizador en la provincia de Alicante que analiza La Doctrina Social de la Iglesia en nuestros pueblos y ciudades. La Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis, que ya había tratado en otros estudios asuntos como la mujer, el problema del agua en Alicante o la inmi gración, entiende que «el urbanismo no está siendo un tema menor o colateral en la provincia, por lo que la Iglesia no podía dejar de decir lo que tenía que decir, para iluminar la conciencia de los cristianos con criterios éticos y jovenlandesales que les ayuden a juzgar los acontecimientos», afirma el delegado episcopal de Cáritas Diocesana, el sacerdote Antonio Esteve.
La Diócesis considera que es necesaria una intervención del Estado, a través de sus Administraciones. Arnáiz señala que «la Iglesia tiene muy claro que el mercado es importante, pero debe ser regulado convenientemente desde el criterio del bien común». No puede dejarse todo en manos «de un mercantilismo sin freno, no podemos idolatrar al mercado, que debe estar sometido al Estado y a las necesidades de la sociedad». Entre las medidas que el Estado debe adoptar, la Diócesis apunta a la rehabilitación de los cascos tradicionales, a la construcción preferente en vertical, a la promoción de viviendas de protección oficial, al apoyo a las viviendas de alquiler o a la penalización fiscal de las viviendas vacías. «La vivienda es necesaria para que los ciudadanos tengan un buen nivel de vida» y «el derecho a la propiedad del suelo debe ser compatible con el derecho a una vivienda digna». Además, el responsable de la Diócesis expone que el suelo «es un bien escaso y debe ser abordado con criterios de solidaridad». La institución eclesiástica aboga por una concepción del suelo como «patrimonio histórico, social y cultural», y no como un recurso especulativo. Según Arnáiz, el actual crecimiento urbanístico «no tiene en cuenta factores medioambientales, sociales ni de futuro». Estamos ante un «crecimiento desaforado que parece no tener límites. No podemos perder de vista factores medioambientales ni de futuro, ni dejar de lado problemas de responsabilidad social y laboral que se desprenden de esta situación», apunta el director del Secretariado de Migraciones, Fidel Romero, quien considera que un modelo sostenible e integral de la vivienda «facilitaría la integración y cohesión social».
