Podeis seguir justificando a vuestros chorizos.
Cuando se han reducido las ayudas para libros, comedores, etc. ESE cheque guardería (el de Lucía) debería desaparecer, aún teniendo derecho (legal) a él, es inadmisible moralmente que alguien que ingresa un pastizal DE DINERO PUBLICO cope MAS ayudas públicas que se supone que debe ser para quienes las necesitan, la familia Aragones-Figar NO LAS NECESITA, por decencia no las debería haber ni tan siquiera solicitado.
Lo escandaloso de esta Ley, y es algo que es escandaloso desde haca 12 años que fue aprobada, es el carácter de abierta financiación de prebendas que tiene la estructura de esta Ley.
Sin embargo, la oposición de izquierda o los sindicatos, que conocen la estructura de esta Ley y de miles de leyes similares desde hace 12 años, no lo han denunciado simplemente porque este estilo de legislar prebendas desde la planificación estatal es el signo de identidad de la izquierda.
Una ley legítima aborda la solución de un problema o una necesidad identificando y definiendo ese problema o necesidad y creando los derechos objetivos correspondientes que forman la solución.
Si se descubre o se denuncia que ciertos niños que padecen cierto tipo de cáncer no reciben atención suficiente en la Sanidad Pública y deben obtener un tratamiento especial en una clínica suiza que es la única que dispone de ese tratamiento, la ley deberá definir que niños, según ciertos criterios clínicos objetivos, adquieren el derecho a ese tratamiento costeado por los contribuyentes.
Cierto año podría ocurrir que 24 niños tengan que recibir ese tratamiento porque tienen ese derecho, y ante eso, a la hora de garantizar ese derecho que tienen, todo lo demás debe ser sacrificado. Otro año podrían adquirir ese derecho y necesitar ese tratamiento solo 14 niños y otro año ser 61.
Como la Administración debe garantizar siempre esos derechos porque así lo exige un mandato legal, un año la Administración tendría que gastar 2 millones, otro año 1,7 y un tercer año 4,3 millones en financiar esos tratamientos.
Un problema o necesidad puede ser mal conocido y cuando se aborda por primera vez recibir una dotación de fondos insuficiente o excesiva y esto obliga a corregir sobre la marcha y a ajustar la solución en presupuestos de años siguientes. Pero en esta caso, tras 12 años, esto no debería ocurrir.
La Ley de guarderías que se discute en este hilo no tiene esa estructura. El criterio de selección que define a los receptores de estas ayudas no define un derecho ni determina quien adquiere objetivamente ese derecho y quien no.
Lo que hacen los criterios de selección en esta ley es definir quien tiene preferencia sobre quien de modo que los aspirantes quedan ordenados según prioridad. Nada en la Ley define quien adquiere y quien no ese derecho ni nada en la Ley obliga a la Administración a garantizar un derecho que algunos ciudadanos tienen.
Lo que hace la Ley es arrojar un fajo definido de billetes al problema y permitir que los aspirantes se repartan el dinero según un orden de preferencia. El derecho llega hasta donde llegue el dinero y un ciudadano con una necesidad objetiva tiene ciertos derechos como ciudadano o no según la partida de dinero que un planificador socialista de la economía haya asignado a ese problema o a esa necesidad.
El centro del sistema es la planificación arbitraria del gestor público y los derechos que los ciudadanos tengan o no es algo secundario que se amolda a los caprichos de planificación de la Administración.
El niño con cáncer no tiene derecho ni deja de tener derecho a un tratamiento. Adquiere ese derecho, como un efecto colateral presupuestario, si sobra dinero suficiente de la autopista radial y no tiene ese derecho, o lo pierde, si una complicación inesperada en la obra de la autopista ha creado un sobrecoste.
Esta es la parte siniestramente terrorífica, pero ni el PSOE ni la UGT la verían jamás.
En esta Ley de guarderías, las necesidades que se cubren no son las necesidades de los ciudadanos sino las necesidades del sector de las guarderías, lo mismo que las leyes de financiación de la sanidad o la educación no cubren las necesidades de los pacientes o los estudiantes sino las necesidades de los lobbies de los profesionales de la Sanidad Pública o los catedráticos de la Universidad Pública que dirigen y disfrutan de esos cortijos.
Esta Ley asigna una partida presupuestaria fija al sector de las guarderías que es independiente de cuales sean las necesidades de los ciudadanos. Esa partida, que está dirigida a las guarderías y no a los ciudadanos, se reparte entre los ciudadanos candidatos, por orden de prioridad, "hasta que se acabe el dinero"
El resultado es que si hay demasiados candidatos para el dinero disponible, un año podrán quedarse sin esas ayudas personas que objetivamente las necesitan.
Otros años, como este, parece que había poca gente en la lista para demasiado dinero pre-asignado al sector. El resultado es que corren y corren puestos en la lista y al final le corresponde una ayuda al banquero Botín para la guardería de su nieto.
Es esta anécdota trivial de que este año haya llegado el dinero hasta los últimos de la lista lo que es empleado demagogicamente por los populistas oportunistas de la izquierda, los mismos que no han denunciado en 12 años la estructura de esta Ley ni de cientos de leyes como esta: una estructura legal que deja al ciudadano indefenso y a expensas de los caprichos del planificador estatal porque no define unos derechos objetivos que el ciudadano pueda exigir en los tribunales.
Usted no tiene ningún derecho, salvo que al gobernante se le ocurra concederle generosa y arbitrariamente algún derecho temporal sobre la marcha.
