Matías Vallés "Las reinas jamás hacen tratos", afirma Lewis Carroll en Alicia a través del espejo. Por tanto, Cristina de Borbón declarará a la fuerza ante el juez como imputada, según consta en el auto de obligado cumplimiento. Nadie satisface una multa a Hacienda o ingresa en prisión "consciente de su vocación de servicio, que también lo es de colaborar al máximo con la Administración de Justicia". Ojalá esta grandilocuencia hueca le hubiera insuflado ánimo para ser "consciente" de los turbios manejos en que participó junto a su marido. De "voluntariamente" nada, Alteza. A rastras, como cualquier ciudadano ante un trámite esencialmente desagradable, sea la extirpación de un forúnculo o la rendición de cuentas ante un magistrado.
El tono perdonavidas del manifiesto de los abogados de la Infanta delata su impotencia. Interponen un recurso acobardado ante la ciudadanía, mostrando su "absoluta y firme discrepancia con los argumentos fácticos y jurídico-penales", ante la dificultad de desmontar los argumentos del juez y por el miedo a rebatirle. Sobre todo, pretenden evitar un nuevo revolcón de la Audiencia, que ya hizo sabedora a Cristina de Borbón de las trapisondas de su sociedad Aizoon.
"Al menos desde marzo de 2006, momento de la intervención parlamentaria en la que se suscitaron las dudas sobre las irregularidades del Instituto Nóos, la Infanta debería saber o conocer que para entonces Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda". Así se expresaba la Audiencia el pasado mes de abril, dentro además de un pronunciamiento favorable a la hija del Rey.
El juez se ha limitado a ensanchar los márgenes de esta convicción. Pretender que Cristina de Borbón impone su declaración "voluntaria" es otro chiste muy caro. Si suspiraba por "colaborar al máximo con la Justicia", pudo ahorrar al contribuyente el año de costosa instrucción adicional que la ha devuelto a la casilla de partida, salvo que con pruebas más abultadas en su contra. Demasiado tarde, Alteza.
El problema ha sido convencer al Rey, que había decretado la imposibilidad ontológica de que su hija declarara como imputada. El mensaje entrecortado de la Pascua Militar ha favorecido el aterrizaje en la realidad del monarca. El cortafuegos de los cortesanos que se enfrentan al juez sin reparar en medios deberá retroceder varias leguas, para evitar ahora el banquillo de la Infanta, una vez entregada de antemano la cabeza de Urdangarin.
La ampulosidad y aristocrático desdén del comunicado transmiten al menos la imagen certera de que la Infanta es la jefa del tinglado Aizoon. Cómo reconciliar a la sumisa esposa que patrocina su defensor con la orgullosa propietaria de jerarquías inmutables. Por seis veces en un folio se refieren a ella sus abogados como S.A.R., a traducir por "Su Alteza Real" aunque también valdría por "Search and Rescue". La omisión del nombre en aras del título contribuye a la atmósfera rancia del texto, y pretende actuar como el mismo bálsamo de Fierabrás que debía proteger a S.A.R. de cualquier inspección.
De la devolución del dinero, ni una palabra. S.A.R. se jacta del título que ha usado para enriquecerse de forma desmedida y, según ella, "en ninguna actividad que pueda ser calificada contraria a Derecho". La hija del Rey quiere compatibilizar la modestia y la presuntuosidad, un dilema que deberá resolver antes de presentarse forzadamente ante el juez. Hubiera surtido más efecto declarar "voluntariamente" al destaparse el escándalo, cuando hubiera podido esgrimir con cierta convicción la inocencia hoy pulverizada.
Conjugando la impostada "voluntariedad" con la declaración forzosa, tal vez unas migajas de fuerza de voluntad hubieran impulsado a la hija del Rey a interrumpir de raíz la trama en la que se ve involucrada. Los millones obtenidos en contratos públicos y consejos de administración privados no surgían de la ignota sagacidad de Urdangarin, sino de la explotación comercial de la marca Borbón, según han confirmado personajes tan poco sospechosos de parcialidad a favor de Castro como Jaume Matas.
Los abogados de la Infanta ponen en labios de su patrocinada una actuación "confiada transparente y respetuosa ante el Derecho". Curioso atavío, cuando defienden simultáneamente su ignorancia absoluta de la ciencia jurídica, sobre todo en los aspectos fiscales que han causado su desgracia y la han convertido en el mayor ariete contra el prestigio de la monarquía. Y si se responde que no se necesita una licenciatura para entender los principios de la justicia, tampoco es necesario un master en alta contabilidad para recordar que hay que incluir los ingresos en la declaración de Hacienda.
En aplicación del acrisolado instinto de supervivencia monárquica, La Zarzuela debería prohibir a la Infanta que abusara del S.A.R., aunque la promoción de la vinculación al Rey debe formar parte de las negociaciones que han llevado a la resignación forzosa. El caso Infanta presenta una intranquilizadora sencillez porque, ¿qué cargos, promociones o retribuciones conservaría Urdangarin si se separara de Cristina de Bobón, cumpliendo así con el deseo de La Zarzuela? En lo demás, Pedro Horrach defiende a S.A.R. con mayor destreza que Miquel Roca.
) que, para que no notasemos el pinchazo, te daba con los dedos tres o cuatro golpecitos, y ya estaba.....ni te enterabas.....:rolleye:
