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Cataluña aprueba un decreto para evitar que los alquileres de temporada esquiven el límite de precios
El Govern modifica de urgencia artículos de las leyes catalanas de Vivienda y Fianzas especificando que si un alquiler de temporada es por uso residencial y no vacacional debe ajustarse a la contención de rentas de la ley española
elpais.com
Cataluña aprueba un decreto para evitar que los alquileres de temporada esquiven el límite de precios
El Govern modifica de urgencia artículos de las leyes catalanas de Vivienda y Fianzas especificando que si un alquiler de temporada es por uso residencial y no vacacional debe ajustarse a la contención de rentas de la ley española
El Gobierno catalán ha aprobado este miércoles un decreto ley de urgencia para regular los alquileres de temporada y evitar que los propietarios de vivienda los utilicen para esquivar la regulación de precios en las zonas de mercado tenso. El decreto, que entrará en vigor en los próximos días (el día después de publicarse en el diario oficial) y tendrá que ser ratificado en un mes, modifica las leyes catalanas de vivienda y de fianzas, y prevé multas a los propietarios que no cumplan de entre 3.000 y 90.000 euros. El decreto llega la víspera del inicio de la campaña de las elecciones del 12-M, pero el Govern niega que sea una medida electoralista, con el argumento de que era un objetivo de la legislatura.
La clave de la regulación es la consideración de que un alquiler por una estancia limitada, que no sea por motivo vacacional sino por estudios o trabajo, cubre las necesidades de vivienda permanente y por ello debe cumplir con las obligaciones de la legislación española aprobada en mayo de 2023. Para justificar la condición de vivienda, el casero deberá justificar y documentar el motivo de la temporalidad al depositar la fianza en el Instituto Catalán del Suelo (Incasol). Y a partir de ahí, argumenta el Govern, quedará sujeto a la Ley española de vivienda en cuestiones como la contención de la renta o que los gastos de la inmobiliaria los pague el arrendatario. El decreto también busca regular el alquiler de habitaciones, de manera que la suma de la cantidad que se paga por cada espacio no pueda superar el precio del índice oficial.
La consejera de Territorio, Ester Capella, responsable de la política de vivienda, lleva meses defendiendo la necesidad de “resolver los agujeros” de la Ley española de vivienda, que han disparado la oferta de alquileres de temporada para esquivar la normativa. La Generalitat, también señala que tiene competencias exclusivas en materia de vivienda, consumo y legislación civil. El decreto busca que los inquilinos puedan beneficiarse de la contención de precios, pero también en otras cuestiones de la ley de vivienda, como dejar de pagar los gastos de la inmobiliaria, que solo tengan que pagar un mes de fianza o que no se les puedan imputar gastos. Capella suele recordar que los precios del alquiler se han disparado un 60% en Cataluña durante la última década, un 10% solo en 2023.
Bajando al detalle, la nueva regulación modifica “quirúrgicamente” la ley 18/2007 (la ley de vivienda del tripartito) de manera que en su artículo 66 (de requisitos para el arrendamiento de viviendas) especificará que si la estacionalidad del alquiler es por causas profesionales, de estudio o de asistencia médica (y no de ocio o vacaciones) se trata de residencia habitual y se somete a la regulación española. Los contratos deberán explicar y justificar con documentación la causa de la temporalidad (con una matrícula universitaria o un contrato laboral, por poner dos ejemplos). Si no incluyen esta justificación en el momento de depositar la fianza en el Incasol (que es un trámite obligatorio), se considerarán por defecto contratos permanentes, ha explicado la consejería de Territorio.
Sobre el alquiler de habitaciones, la Generalitat ha explicado que no realiza una regulación específica porque no lo está en ninguna legislación, sino que contempla que la suma del alquiler de cada estancia supera el precio que fija el índice en una zona tensionada, el inquilino puede denunciarlo de acuerdo a la ley catalana.
