La deflación económica o el ‘chollo’ de los funcionarios
Se suele decir que las crisis económicas agudizan más las contradicciones entre los pobres y los ricos. En tiempos de crisis, también resaltan más las contradicciones entre los trabajadores que son privilegiados por el sistema y los que no lo son. En nuestro caso, existe una casta de privilegiados que quizás podamos considerarlos de rango menor, pero que, como son tantos, suponen un gran porcentaje del gasto público que, en una gran medida, se despilfarra. Los presupuestos públicos son un recurso que cada vez nos resultará más escaso, si lo malgastamos en aras a mantener los privilegios y prebendas que disfrutan los funcionarios, hasta el punto de impedirnos luego hacer frente a la crisis con eficacia.
En efecto, ahora es cuando más necesitamos invertir en actividades e infraestructuras sostenibles para poder salir airosos de la actual grave crisis económico-financiera. Desgraciadamente, nuestros incapaces y mal asesorados políticos no saben más que tirar del déficit para tapar agujeros, imposibles de cubrir por lo grande y profundo que es el agujero de las deudas contraídas y porque son actividades cuyo ‘leit motiv’ se basa en la avaricia. Es como querer saciar la sed con dos gotas de agua. Si los políticos no se atreven a sanear el sector financiero y la función pública, la solución a la crisis económica será más difícil todavía, por no decir que imposible.
Es totalmente injusto el hecho de que, mientras la inmensa mayoría de los trabajadores nos enfrentamos a un futuro incierto pues nadie está seguro en su actual puesto de trabajo, los funcionarios no tengan problemas de sueldo y trabajo. En realidad, están gozando de unos privilegios propios de las castas más reaccionarias de la historia, como lo fueron el clero y la nobleza hasta finales del siglo XVIII. Los privilegios del clero y la nobleza fueron abolidos por la Revolución Francesa pero, con el tiempo y para nuestra desgracia, han ido surgiendo otras castas favorecidas.
Y así fue, surgieron otras castas de privilegiados no menos estériles y dañinas para el progreso de las sociedad. En efecto, al igual que los rentistas del sistema, travestidos en oligopolios, los funcionarios son una casta de privilegiados que se ha instaurado entre nosotros, con el apoyo de políticos —muchos de ellos también son funcionarios y, si no lo son, lo parecen— y sindicatos sin conciencia de clase y de marcado corte corporativista. Gracias a estos valedores, los funcionarios y asimilados son los únicos trabajadores que se creen merecedores del sueldo que cobran por el mero hecho de acudir al puesto de trabajo.
Si allí trabajan o no, es harina de otro costal. Se valora que para hacer el trabajo que actualmente realizan, si trabajaran como en el sector privado, sobraría un tercio de los funcionarios. Lo que significa que si se eliminara ese tercio de funcionarios que tenemos de más, podríamos ahorrar lo suficiente como para acometer inversiones de futuro en otras actividades más necesarias, como son las relacionadas con la incipiente economía sostenible. Por países, Francia es el país que lo tiene más crudo pues su ratio de funcionarios por total de trabajadores es un record, a nivel mundial, y ya representa el 22%.
Los funcionarios son un gasto para los ciudadanos. Las tareas y funciones que desarrollan podrán ser necesarias pero su productividad es excesivamente baja e injustificable con las tecnologías de la información existentes actualmente. Es obvio que dichas tareas las podrían realizar empleando mucho menos personal que hace unos veinte años. Sin embargo, ningún funcionario se va a la calle por ajustes de plantilla. Se hacen transferencias a otras administraciones pero los funcionarios permanecen en sus ministerios aunque ya no tengan competencias, ni trabajo que realizar más que el de pasar papeles de una mesa a otra.
De este modo, los funcionarios se han convertido en una casta laica que gozan de empleo, prerrogativas y prebendas de por vida. Tienen buenos salarios, pocas responsabilidades y, además, apenas trabajan. El número de horas que trabajan, a lo largo del año, es ridículo en comparación con las que tienen que trabajar el resto de los trabajadores. Por si fuera poco, gozan de un añadido de días de fiesta —en España son los famosos nueve días ‘moscosos’— además de los días de vacaciones y que son días que están a la entera y privilegiada disposición de los funcionarios, sin tener que dar cuenta a nadie por ello. En otras palabras, que tienen nueve días más de vacaciones y que, encima, no tienen porqué justificarlos.
Además, no suelen decir la verdad cuando al demandar más privilegios y aumentos de salario insisten en que ellos se lo piden a los gobiernos. En realidad, se lo están pidiendo a los ciudadanos que son los que pagan los impuestos. Lo que vaya de más para pagar sueldos de funcionarios irá de menos para financiar servicios sociales que necesita la sociedad. Unos servicios sociales cada vez más desprovistos y depauperados y donde, a veces, la mayor parte de los gastos del programa se van en pagar los sueldos a los funcionarios. En definitiva, se trata de una lacra, un despilfarro, un abuso y una desvergüenza que claman justicia. No es de recibo que, en pleno siglo XXI, unos trabajadores gocen de prebendas y privilegios que nunca podrán extenderse a los trabajadores del sector privado.
Tampoco es de recibo que, mientras los trabajadores del sector privado van engrosando las cifras del paro, debido a los ajustes de la crisis, los trabajadores del sector público no sufran el mismo riesgo, a pesar de que el sector público esté tan necesitado de una cura de adelgazamiento porque se encuentra muy hinchado y, además, es muy poco productivo y, por tanto, muy caro e ineficaz. De este modo, ahora que ha comenzado la fase de deflación —cuando comienza a generalizarse la caída de los precios, debido al fuerte descenso de la demanda— es cuando la crisis económica destaca más las disparidades entre los privilegios que gozan unos trabajadores y otros.
Sobre todo, cuando frente al miedo de la mayoría de los trabajadores de perder sus puestos de trabajo, contrasta el hecho de que los funcionarios no tengan ningún miedo por la pérdida de sus propios puestos de trabajo. Los consideran de su ‘propiedad’ para toda la vida. De este modo, es como la caída de los precios se está convirtiendo en un verdadero ‘chollo’ para los funcionarios. Mantienen sus salarios actualizados en un contexto de fuerte caída de los precios, con lo que su poder adquisitivo aumenta. Son las injusticias del sistema que permiten que, los funcionarios, comparativa e insolidariamente, cada vez sean más ricos y el resto de los trabajadores, cada vez sean más pobres.
Los ayuntamientos que no puedan cubrir sus gastos con los ingresos que perciben, deberían ajustar el tamaño de sus plantillas y preparar su propios expedientes de regulación de empleo, ERE. Son situaciones graves donde los poderes públicos deberían contribuir dando ejemplo. Recurrir al déficit no es la solución, máxime cuando sólo se dirige a ayudar a los rentistas del sistema, en especial al sector de bancos y cajas de ahorro que han sido los mayores culpables de la crisis actual.
El desplome del consumo y la falta de crédito están empujando la llegada de la deflación. Se trata de una situación económica en la que los precios disminuyen, al caer la demanda. Es también una situación mucho más dañina que la inflación. La deflación nos hace entrar en un círculo vicioso que puede ocasionar graves consecuencias para la economía. Los comerciantes tienen que vender sus bienes, a precios cada vez más baratos —en especial, los bienes que no son duraderos— intentando cubrir, al menos, sus costes fijos.
En la medida que van bajando los precios, la demanda disminuye aún más, porque los consumidores consideran que merece la pena esperar a comprar, porque presienten que, en unos pocos días, los mismos bienes que quieren comprar, los encontrarán todavía más baratos. Al final, la industria manufacturera, tan importante en la economía real, llegará a derrumbarse, al no encontrar salida a sus productos, al tener que hacer frente a los costes estructurales y al entrar, así, en fuertes pérdidas que le llevan a la quiebra.
En este caso, las soluciones que, teóricamente, para evitar la catástrofe, se suelen aplicar, son dos —aunque yo diría que existe una tercera solución complementaria y que interesadamente ni tan siquiera se comenta. La primera de las dos soluciones clásicas consiste en bajar el precio del dinero para luchar contra la deflación. En concreto, se trataría de poner más dinero en circulación —vía déficit o acudiendo al peligroso recurso de darle a la manivela a la máquina de hacer billetes— para que la gente tenga más dinero, el crédito se desarrolle más fluido y barato y, así, se consuma más. A su vez, se rebajan los tipos de interés para que los bancos den menos anualidades por los ahorros depositados. Lo que contribuye a impulsar las inversiones en renta variable o, simplemente, a aumentar los gastos en consumo de bienes y servicios.
La segunda de las soluciones se basa en la utilización de la política fiscal, o bien, fomentando el gasto público o bien, reduciendo significativamente, los impuestos. En el primer caso, se intenta suplir la ausencia de demanda del sector privado, impulsando la demanda del sector público. En el segundo caso, se pretende que la reducción de impuestos suponga más dinero para gastar, que se deposita en manos privadas, y, así, darle un empujón al consumo.
Ambas medidas tienen el problema de que aumentan peligrosamente el endeudamiento del Estado. En efecto, uno de los grandes problemas que tiene el hecho de recurrir al déficit, por parte de las diferentes administraciones públicas, es que se agotan en sí mismas y que con el tiempo son tragadas por su deudas, hipotecando, de este modo, al país y a sus ciudadanos. Lo hemos visto repetidas veces, con el endeudamiento de los países en vías de desarrollo, PVD, que luego se convierten en países cautivos de sus acreedores, que no pueden levantar cabeza pues los potenciales ingresos futuros no se cumplen y el déficit permanece, durante una muy larga temporada, asfixiando a la economía del país con las deudas contraídas.
El Estado, y sus diferentes administraciones, deberá tender a instaurar reformas estructurales que faciliten una mejora de la productividad y la competitividad. Deberá planificar, con visión a largo plazo, la salida a la crisis actual, en clave de sostenibilidad. Cualquier continuismo con las prácticas del pasado, favoreciendo a sus rentistas asociados, no hará sino ahondar la crisis. Necesitamos apostar fuertemente por la economía sostenible, movilizando al sector privado para que asuma las riendas del desarrollo sostenible. A este propósito habrá que dedicar las ayudas públicas y no a mantener un pasado que nunca volverá.
Finalmente, comentaré otra medida que no se cita en los manuales y que, a mi parecer, guarda particular importancia cara al futuro. Me refiero al hecho de que es necesario dejar que quiebren la actividades especulativas —en especial, bancos y caja de ahorros que no cumplen con la función de facilitar el crédito empresas y ciudadanos y/o que están demasiado contaminados con la economía del ‘ladrillo’— y, así realizar una mejor redistribución de la renta, vía impuestos y una óptima asignación de los recursos, mejorando substancialmente, la productividad de los mismos.
Durante los últimos años, en base al neoliberalismo imperante, es un hecho conocido por todos que los ricos se han hecho más ricos y que los pobres se han vuelto más pobres. Así, durante el periodo de tiempo que ocupó los dos mandatos de Bush, la clase más rica de Estados Unidos que representaba el 1% de la población poseía, a finales del año 2000, el 20% de la riqueza. Ocho años más tarde, a finales de 2008, este mismo sector de la población posee ya el 30%. En otros países, también se ha ocasionado lo mismo. En suma, la acumulación de capital en unas pocas manos es uno de los cánceres del capitalismo pues contribuye a la falta de liquidez del sistema.
Este hecho tiene su gran importancia para el consumo ya que un rico, aunque tenga un millón de veces más dinero que un ciudadano de clase media, no consume un millón de veces más que éste último, pues tan sólo tiene una boca, un estómago y un cuerpo para alimentarse, viajar y vestirse. En consecuencia, contribuye a que el consumo descienda poderosamente y a que sea causa de una crisis de liquidez. La actual coyuntura exige imponer mayores impuestos a los que más tienen —ya que muchos se aprovecharon de la corrupción imperante con la economía del ‘ladrillo’— y redistribuir mejor la riqueza entre la población para favorecer el consumo, de manera eficaz y eficiente. A su vez, también se impone acabar con los privilegios que gozan injustamente tanto los funcionarios como los rentistas del sistema. Se trata de una revolución que deberemos realizar cuanto antes, si no queremos caer en una profunda depresión económica. Bajo advertencia, no hay engaño.
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