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Madmaxista
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Es un poco largo, pero en muchos aspectos parece un calco de lo que está ocurriendo ahora en todo el mundo.
Claudio Aranzadi
Maurici Lucena Betriu
Ekonomiaz N.o 52, 1.er Cuatrimestre, 2003.
JAPÓN DESDE 1990
La evolución económica de Japón a lo largo de los últimos dos lustros es en verdad sorprendente si se toman en consideración sus extraordinarios registros en la década de 1980, en la que el producto se expandió a una tasa media del 4% anual y los precios de las acciones y los inmuebles se multiplicaron varias veces. En el último decenio, el crecimiento del PIB real japonés ha promediado el 1% anual (incluyendo tres fases recesivas), muy por debajo de la media de los países desarrollados de la OCDE. El comportamiento del PIB nominal, debido al efecto de la deflación, ha sido todavía peor y, por ejemplo, en 2001 los niveles de actividad nominal apenas alcanzaron los de 1995. La burbuja bursátil reventó en 1990 y el derrumbe de las acciones alcanzó una cota del 60% a mediados de 1992, a lo que se añadió una intensa corrección del precio de las viviendas. Este proceso ocasionó importantes problemas, por la vía de la jovenlandesesidad crediticia y la disminución del valor de los colaterales, a un sector bancario cuyo sistema de regulación y supervisión era bastante débil. Entretanto, el exceso de capacidad y las ratios de endeudamiento (deuda contraída por las empresas para financiar inversiones en la etapa de auge) se dispararon. En definitiva, el impacto de factores estructurales e institucionales característicos del modelo económico japonés, la fuerte caída de los precios de los activos en los mercados de valores e inmobiliario, la fragilidad del sistema bancario y las dificultades en la instrumentación de la política monetaria causadas por la deflación (y también por la política de restricción crediticia adoptada por los bancos) han propiciado que los años noventa se consideren «la década perdida» de Japón (Callen y D. Ostry, 2003).
2.1.El modelo económico japonés
Las peculiaridades del modelo económico japonés desde la posguerra están ancladas en un universo de valores con fuerte arraigo en la sociedad de Japón: cooperación, respeto a la jerarquía, paternalismo, nacionalismo, consenso en la toma de decisiones, valoración de la edad como principio de autoridad, educación como factor diferencial, etc. Este patrón ético se aleja sustancialmente de los valores de competencia e individualismo que están en la base del capitalismo occidental. El economista Michio Morishima (1982) atribuye esta especificidad del capitalismo japonés (de forma análoga al papel que Max Weber asigna al puritanismo como marco ético del capitalismo occidental) al perfil singular que adoptó en Japón la herencia religiosa china: confucianismo, taoísmo (transformado en el sintoísmo) y budismo. Morishima otorga especial importancia a la variante japonesa del confucianismo que —a diferencia del confucianismo chino— coloca la lealtad (servicio incondicional al señor) como principio normativo prioritario. Por consiguiente, el capitalismo japonés (incluido el configurado en la posguerra) sería tributario del sistema de valores que caracteriza el confucianismo tal como se consolidó en Japón. Independientemente de la explicación de sus presuntos determinantes culturales, el funcionamiento del sistema económico japonés presenta suficientes rasgos diferenciales como para que pueda serconsiderado un «modelo». Las pautas de gestión y «gobierno de las empresas» de sus compañías, así como el diseño y ejecución de la política económica (esencialmente las políticas microeconómicas), además de ser peculiares, están imbricadas en un entramado institucional y un código de comportamiento de los agentes económicos y sociales que da consistencia a las singularidades puntuales, configurando un sistema económico específico. Tradicionalmente, el gobierno japonés ha puesto en práctica una amplia batería de medidas de intervención en las decisiones de asignación de recursos de las empresas. Con un papel central otorgado al MITI, el gobierno llevó a cabo sistemáticamente una política microeconómica caracterizada por la selectividad sectorial, la benevolencia con los procesos de «cartelización», la inducción de estrategias de cooperación entre empresas, el proteccionismo (tanto frente a las importaciones como a la inversión exterior), la hiperregulación (en muchos casos utilizada como instrumento proteccionista), el estímulo a las estrategias exportadoras y todo tipo de iniciativas de «persuasión moral» orientadas a alinear el comportamiento de las empresas con los objetivos de desarrollo económico que el gobierno fijaba para el país. Por otra parte, el universo empresarial nipón, aunque heterogéneo, ha mostrado también pautas de conducta específicamente japonesas. Probablemente una de las características más señaladas de la estructura empresarial es la importancia de grandes grupos industriales (los keiretsus), muy diversificados, en los que suele jugar un papel central un banco o una empresa de trading, con un entramado de participaciones cruzadas entre las empresas del grupo y un elevado peso de las transacciones entre las mismas. Este tipo de estructura refuerza pautas de «gobierno de las empresas» caracterizadas por la escasa transparencia y la irrelevancia de los accionistas externos al grupo. Otro rasgo empresarial singular, repetidamente mencionado, ha sido la política de empleo de por vida en las empresas (en realidad aplicada sólo en las grandes empresas y a los empleados varones, lo que representa un colectivo no superior al 30% del empleo3). Esta política está normalmente integrada en una estrategia de gestión de recursos humanos que privilegia el generalismo y la rotación (frente a la especialización), la toma de decisiones por consenso, el establecimiento de horizontes de gestión a largo plazo, la primacía de la edad en los ascensos jerárquicos, la difuminación de la diferencia de estatus entre trabajadores cualificados y no cualificados, la identificación del trabajador con los objetivos de la empresa y la integración empresarial de los sindicatos. Tanto las conductas empresariales como la política microeconómica cobran todo su significado como componentes de una compleja red corporativa de relaciones que engloba la administración, las empresas, los partidos políticos (esencialmente el Partido Liberal Democrático) y una amplia gama de instituciones de la sociedad civil (patronal, universidades, etc.). En este entramado, la elite burocrática es fundamental para el mantenimiento de la correcta integración de dicha redde relaciones, la circulación de la información en la misma y la promoción de consensos en torno a las prioridades gubernamentales en materia económica.
2.2. Valoración del modelo En los años ochenta el modelo económico japonés suscitaba casi unánimemente un sentimiento de admiración. Las políticas microeconómicas del gobierno japonés se convirtieron en paradigmas de la política industrial, hasta el extremo de que Corea y otros países del sudeste asiático desarrollaron réplicas del modelo consolidado en Japón. Como mucho, se admitía la inaplicabilidad del modelo a los países occidentales por su carácter idiosincrásico. En la década de los noventa, no obstante, la valoración retrospectiva del modelo económico japonés se hizo más matizada. Porter y otros (2000) muestran la escasa correlación existente (de hecho una correlación negativa) entre las prioridades sectoriales del MITI y el desarrollo diferencial efectivo de los sectores productivos en Japón. La política de promoción de sectores como la construcción aeronáutica, el sector químico, algunos servicios financieros o el software fue un fracaso. Por el contrario, los autores mencionados analizan un amplio número de sectores donde se han consolidado empresas con un liderazgo mundial y donde la intervención de la administración ha sido escasa (en algún caso incluso, como el sector del automóvil, se han desarrollado estrategias de competencia claramente opuestas a las recomendaciones del gobierno). Con todo, también encuentran evidencias del éxito de determinadas iniciativas de política industrial, como la promoción de demanda para nuevos productos (por ejemplo, fax y robótica) o el establecimiento de reglamentaciones rigurosas en algunas actividades que han incentivado la innovación tecnológica (por ejemplo, eficiencia energética y aire acondicionado). De hecho, Porter y otros (2000) caracterizan Japón como una economía «dual», donde existe, de un lado, un grupo de empresas que han adquirido un liderazgo mundial (apoyándose en la ventaja competitiva de su eficiencia operativa), han desarrollado una agresiva estrategia exportadora y han consolidado «clusters» de pequeñas y medianas empresas en su propio entorno; y, de otro lado, un tejido de empresas ineficientes protegidas de la competencia exterior (comercio interior, logística, telecomunicaciones, banca, transporte aéreo y otros servicios) que excluyen o limitan la competencia internacional. El entorno de las empresas competitivas internacionalmente se ha caracterizado por la intensa rivalidad y la escasa intervención estatal (el sector del automóvil es uno de los casos más claros). Estas empresas han conjugado de manera eficaz las exigencias de un elevado grado de competencia con el aprovechamiento de las potencialidades que el alto nivel educativo de los trabajadores japoneses y la peculiar gestión de los recursos humanos en la empresa ofrecen, a fin de lograr un liderazgo internacional en eficiencia operativa (excelencia en el binomio coste-calidad). Algunas de sus innovaciones, como el «just in time» y la «calidad total», han tenido una difusiónSin embargo, el sobrecoste ligado a la ineficiencia de una parte significativa del tejido empresarial japonés ha tenido un doble efecto negativo. Primero, el incremento significativo del coste de la vida para el consumidor; y, segundo, el mantenimiento de rentabilidades medias de las empresas relativamente bajas, a lo que ha contribuido la política de empleo de por vida y la prioridad otorgada (en el marco de la cultura empresarial japonesa) al crecimiento y la ganancia de cuota de mercado por encima de la rentabilidad. La aceptación por parte de los inversores japoneses de bajas rentabilidades empresariales se explica, en gran medida, por la alta propensión al ahorro en el país así como por las singulares pautas del «gobierno de las empresas» japonés —elevada proporción en el accionariado de participaciones cruzadas entre empresas del mismo grupo y de participaciones de bancos y compañías de seguros (todas ellas muy estables), y cuasi-nulo control de la gestión por parte de los accionistas externos4—. En suma, el modelo empresarial dual permitió alcanzar una de las principales metas de la política económica en Japón: el pleno empleo como factor de estabilidad5. Este objetivo se logró parcialmente con la política de empleo de por vida (por parte de las empresas que la aplican) y se ha complementado con la protección de un tejido empresarial de baja productividad pero fuerte capacidad de absorción de mano de obra. En contrapartida, la población japonesa ha asumido un alto coste de la vida y una baja retribución de su ahorro.
2.3. Perspectivas económicas en Japón En el último decenio, el PIB per capita de Japón se ha reducido un 10% con relación a Europa y en un porcentaje superior con relación a EE.UU. (FMI, 2002). Asimismo, a menos que se aborden las necesarias reformas, nada garantiza que la década actual no sea una prolongación de la anterior en sus resultados económicos. Por de pronto, el crecimiento de la actividad en 2002 (0,3%) y las previsiones del FMI para 2003 y 2004 (0,8% y 1% de expansión del producto real, respectivamente) son significativamente más bajos que los correspondientes a Europa y EE.UU. A corto plazo, Japón debe enfrentar dos complejos problemas económicos —la deflación y la crisis bancaria— que, en cierto sentido, son síntomas de perturbaciones económicas más profundas. Desde mediados de los años noventa, y en particular desde 1999, los precios al consumo han mantenido una caída continua en Japón. La mayoría de analistas prevé que este proceso deflacionista será persistente. Aunque es cierto que el consumo privado ha mantenido un ritmo más elevado que la inversión en el periodo, la caída de los precios no ha provocado una recuperación significativa en la demanda de bienes de consumo. La contención del gasto en consumo de las familias puede estar explicada por la percepción del proceso deflacionista como un indicador de recesión económica (contención de ingresos reales y dificultad de encontrar empleo) que va asociada además a un proceso de caída del precio de los activos (renta variable e inmobiliario), provocando así un efecto riqueza negativo y un aumento del ahorro por motivos de precaución. Asimismo, las expectativas de continuidad del proceso deflacionista provocan un retraso en las decisiones de consumo (pues mañana los bienes y servicios serán más baratos) que contribuye a realimentar el proceso. Por otra parte, en un contexto deflacionista, la lentitud en el ajuste de los costes salariales puede ocasionar una contracción en los márgenes empresariales, impidiendo la recuperación de los bajos niveles de rentabilidad media de las empresas. En el ámbito de la política monetaria, la persistente deflación provoca profundas perturbaciones. En 1991, Larry Summers, a la sazón Secretario del Tesoro de EE.UU., predijo que el manejo monetario con la restricción de tipos de interés del 0% se situaría en el centro del debate económico en la nueva era de bajas tasas de inflación. Pues bien, en Japón los tipos de interés nominales ya han alcanzado el suelo del 0% y, por consiguiente, el control de los tipos de interés reales a corto plazo ha dejado de estar en las manos de la autoridad monetaria y depende exclusivamente de la intensidad del proceso de disminución de los precios. Por otro lado, la existencia de una retribución real positiva del dinero incentiva el atesoramiento, amortiguando de esta manera el impacto en la demanda agregada y los precios de las inyecciones de liquidez por parte del Banco Central. La crisis bancaria es el segundo de los grandes problemas que la política económica debe afrontar en Japón. La proporción de los préstamos de «baja calidad» (non performing loans) en la cartera de los bancos se ha incrementado espectacularmente en los últimos años, como reflejo del deterioro de la capacidad de pago de los prestatarios (inducido por las recesiones y la caída del precio de los activos de los años noventa). El desplome del precio de los activos en los mercados de renta variable e inmobiliario ha desvalorizado además los colaterales. Por último, el elevado peso de las participaciones accionariales en el total de activos de los bancos ha aumentado la fragilidad de las entidades financieras tras la caída del mercado de valores. A los factores exógenos al sistema financiero han de añadirse los de carácter endógeno, puesto que la banca forma parte de los sectores escasamente eficientes que antes se han mencionado. La actividad de intermediación financiera en Japón ha sido tradicionalmente de productividad baja8 y su asignación de riesgos excesivamente condicionada por factores ajenos a una correcta evaluación de los mismos (por ejemplo, los bancos han aplicado criterios muy laxos a la hora de conceder cobertura financiera a las empresas de su mismo keiretsu). Adviértase que la restauración de un correcto funcionamiento de la política monetaria y la superación de la crisis bancaria están estrechamente relacionadas. En efecto, los balances bancarios fuertemente deteriorados exigen un alto rigor en la política de control de riesgos, que a su vez conduce inevitablemente a una intensa contracción del crédito, con efectos totalmente contradictorios a los pretendidos por una política monetaria expansiva —que se presume todavía necesaria— dirigida a frenar la caída de los precios. Las medidas adoptadas por las autoridades japonesas con el fin de restablecer la solvencia bancaria son todavía fragmentarias y teñidas de indecisión. El saneamiento de los balances bancarios con apoyo del sector público, si la inyección de capital privado es insuficiente, presenta dificultades políticas. La alternativa de compra de activos bancarios (como los préstamos de baja calidad) a precios superiores a los de mercado supondría un apoyo retrospectivo a pautas de gestión dudosas a través de los recursos públicos; pero la presencia directa del Estado en el capital tampoco parece una solución satisfactoria. En lo que se refiere a las prescripciones de política monetaria, la mayoría de los expertos se inclina por mantener una política expansiva como vía para superar el proceso deflacionista, porque consideran que la transmisión de los impulsos monetarios a través de los cauces bancarios no está completamente cortocircuitada. Un grupo de economistas de la Reserva Federal estadounidense (véase Ahearne y otros, 2002), que ha analizado la política macroeconómica en Japón en los años noventa, señala que la política monetaria en la primera mitad de la década fue excesivamente restrictiva cuando se examina a posteriori, aunque adecuada en función de las previsiones dominantes en el momento de la decisión. Ahearne y otros aducen que el banco central de Japón no valoró adecuadamente la asimetría de riesgos (tanto la probabilidad de deflación como el coste más alto para la economía japonesa de un proceso de decrecimiento de los precios en comparación con un proceso inflacionista). Esta opinión, sin embargo, adolece de cierto anacronismo; habida cuenta de que las autoridades monetarias —como cualquier autoridad— sólo pueden adoptar decisiones con la información disponible en el momento, su corrección debe ser juzgada en función de la misma (ni siquiera los responsables de los bancos centrales tienen poderes de adivinación). En esta línea de razonamiento, sí es probable, por el contrario, que la autoridad monetaria japonesa equivocara el rumbo de su política monetaria en la segunda mitad de los ochenta (cuando adoptó un perfil básicamente acomodante), etapa en la que los precios de los activos financieros y de los inmuebles se situaron claramente muy por encima de los niveles que emanaban de los fundamentos económicos (Rojo, 2002). Posiblemente, una política monetaria más restrictiva hubiera atemperado la euforia financiera (la misma que alentó la formación de las burbujas bursátil e inmobiliaria), hubiera abortado el proceso de incubación de graves desequilibrios macroeconómicos y, a la postre, hubiera suavizado la severidad de la recesión de los noventa. En cualquier caso, en la situación actual, es muy probable que la orientación adecuada para la política monetaria sea de corte expansivo. Los episodios deflacionistas de Suecia y EE.UU. en la década de 1930, conocida como la «Gran Depresión », demuestran que para revertir un proceso de caída del nivel de precios es necesario ampliar la base monetaria de la economía bastante más de lo que lo ha hecho Japón hasta la fecha (Baig, 2003). Sin embargo, ya se han señalado las dificultades inherentes a la instrumentación de una política monetaria expansiva en un contexto como el japonés, caracterizado por la delicada situación de las entidades financieras, el proceso deflacionista y unos tipos de interés de intervención nulos. En particular, la imposibilidad de bajar más los tipos de intervención implica que la incidencia sobre la cantidad de dinero en la economía debe articularse inyectando liquidez a las entidades financieras (por medio de compra de activos bancarios) y/o adquiriendo activos a largo plazo —en aras de reducir los tipos de interés a largo plazo de la economía—. En el área de la política fiscal, Ahearne y otros (2002) también sostienen que la política presupuestaria de la primera mitad de la década de 1990 fue demasiado restrictiva (igualmente analizando los datos a posteriori) y que los instrumentos utilizados no fueron los idóneos (el impacto de una reducción impositiva o de un aumento del gasto social habría tenido un efecto sobre la demanda más sostenido que el aumento del gasto en obras públicas). No obstante, las opiniones sobre la alternativa idónea en la actual situación son más encontradas. Cualquier opción viene condicionada por dos aspectos. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la solución de la crisis bancaria puede suponer un shock de gasto público significativo, al que habría que añadir nuevos gastos (como prestaciones por desempleo) si se altera el modelo de empleo vigente hasta ahora. Puede también tener un impacto en las cuentas públicas la manifiesta insuficiencia de las empresas japonesas para cubrir sus compromisos de pensiones complementarias (con un elevado porcentaje de prestaciones definidas). En segundo término, el nivel de endeudamiento público japonés está alcanzando niveles inquietantes (en 2003 se prevé un valor del 80% para el cociente Deuda Pública Neta/PIB, que se eleva al 120% si se elimina del cómputo la Seguridad Social). Una vez que los tipos de interés vuelvan a niveles menos anómalos que los actuales, la carga presupuestaria asociada al pago de intereses de la deuda puede ser un freno para una reactivación sostenida. En otro orden de cosas, conviene no olvidar que las actuaciones de política económica no deben circunscribirse a los ámbitos monetario y fiscal, pues las necesidades de reforma estructural de la economía japonesa son probablemente más perentorias —aunque con mayores dificultades de definición y aplicación—. En este sentido, gran parte de los expertos occidentales tiende a preconizar un proceso de convergencia del marco institucional, las políticas microeconómicas y las pautas de «gobierno de las empresas» a los patrones anglosajones. Parece razonable recomendar para Japón medidas conducentes al establecimiento de políticas de defensa de la competencia más estrictas; la reducción de los excesos intervencionistas y reglamentistas; un mayor grado de apertura a la competencia internacional de los sectores tradicionalmente protegidos; la supresión de las barreras a la participación accionarial del capital extranjero en empresas japonesas; la introducción de pautas de «gobierno de las empresas» alineadas con la promoción de una mayor transparencia, una mayor presencia de los accionistas externos y una mayor ponderaciónde la rentabilidad como objetivo empresarial; o el debilitamiento de las conductas empresariales asociadas a la cultura de los keiretsus (como las participaciones cruzadas y la prioridad en las transacciones intragrupo). No obstante, algunas pautas de gestión específicas de la empresa japonesa, mencionadas anteriormente, están en el origen de la excelencia de sus compañías más competitivas. Seguramente, el peculiar sistema de integración de los recursos humanos en las empresas japonesas es un factor específico de competitividad, mientras que algunos rasgos de cultura corporativa —como el establecimiento de horizontes de gestión a largo plazo— facilitan el diseño y mantenimiento de estrategias de creación de valor. Por otro lado, ni que decir tiene que algunas de las reformas reiteradamente propuestas por los expertos en los últimos años habrán provocado, sin duda, alguna sonrisa en Japón después de los escándalos corporativos de EE.UU. (Enron, World Com,…). Así por ejemplo, de forma insistente se ha instado a las empresas japonesas a la introducción generalizada de las «opciones sobre acciones» como incentivo para alinear los intereses de los gestores con los de los accionistas. Por consiguiente, el problema fundamental para el diseño de un programa de reformas estructurales eficaz en Japón es conciliar el abandono de políticas, instituciones y conductas que se han convertido en un lastre para el desarrollo del país con el mantenimiento de otras, igualmente tradicionales, que siguen representando un factor decisivo de competitividad para las compañías japonesas. La dificultad estriba en que todos los rasgos específicos del modelo económico japonés están integrados en un patrón de instituciones y conductas de una gran consistencia interna; de manera que la sustitución parcial de algunos de ellos puede tener el mismo efecto distorsionador sobre el sistema económico de Japón que la incorporación de trombones en la música tradicional de este país. Asimismo, la economía japonesa se enfrenta a una mengua de su crecimiento potencial asociada no sólo a los factores de carácter institucional que se han mencionado, sino también a una evolución demográfica (envejecimiento) que está reduciendo la oferta de mano de obra y a la escasa incorporación de las TIC (debida al elevado coste de uso y a la baja velocidad de transmisión de datos). En suma, el objetivo central de la economía japonesa ha de ser lograr un perfil de rendimiento real de sus activos alineado con el de EE.UU. y Europa en un contexto de crecimiento medio más bajo. Es posible que esto exija la convergencia del modelo económico japonés hacia el llamado modelo anglosajón. Quienes anticipan esta evolución se apoyan en la difusión de los valores típicamente occidentales entre la juventud japonesa, la presencia creciente de gestores con «visiones » empresariales análogas a las occidentales entre los primeros ejecutivos de compañías del país, y el progresivo aumento de la participación accionarial extranjera en las empresas niponas. La evolución más probable, sin embargo, es el alumbramiento de un modelo económico japonés «corregido» que seguirá siendo diferente del patrón americano y europeo. La razón es que el necesario restablecimiento de niveles de rentabilidad empresarial satisfactorios enJapón va a exigir la aceptación de drásticos ajustes patrimoniales de empresas y familias y la corrección a la baja de las expectativas de ingresos reales de los asalariados japoneses, de modo que es impensable que los sacrificios exigidos sean aceptables si además se pretende el abandono radical de pautas tradicionales de cohesión social (como por ejemplo la política de pleno empleo).
Claudio Aranzadi
Maurici Lucena Betriu
Ekonomiaz N.o 52, 1.er Cuatrimestre, 2003.
JAPÓN DESDE 1990
La evolución económica de Japón a lo largo de los últimos dos lustros es en verdad sorprendente si se toman en consideración sus extraordinarios registros en la década de 1980, en la que el producto se expandió a una tasa media del 4% anual y los precios de las acciones y los inmuebles se multiplicaron varias veces. En el último decenio, el crecimiento del PIB real japonés ha promediado el 1% anual (incluyendo tres fases recesivas), muy por debajo de la media de los países desarrollados de la OCDE. El comportamiento del PIB nominal, debido al efecto de la deflación, ha sido todavía peor y, por ejemplo, en 2001 los niveles de actividad nominal apenas alcanzaron los de 1995. La burbuja bursátil reventó en 1990 y el derrumbe de las acciones alcanzó una cota del 60% a mediados de 1992, a lo que se añadió una intensa corrección del precio de las viviendas. Este proceso ocasionó importantes problemas, por la vía de la jovenlandesesidad crediticia y la disminución del valor de los colaterales, a un sector bancario cuyo sistema de regulación y supervisión era bastante débil. Entretanto, el exceso de capacidad y las ratios de endeudamiento (deuda contraída por las empresas para financiar inversiones en la etapa de auge) se dispararon. En definitiva, el impacto de factores estructurales e institucionales característicos del modelo económico japonés, la fuerte caída de los precios de los activos en los mercados de valores e inmobiliario, la fragilidad del sistema bancario y las dificultades en la instrumentación de la política monetaria causadas por la deflación (y también por la política de restricción crediticia adoptada por los bancos) han propiciado que los años noventa se consideren «la década perdida» de Japón (Callen y D. Ostry, 2003).
2.1.El modelo económico japonés
Las peculiaridades del modelo económico japonés desde la posguerra están ancladas en un universo de valores con fuerte arraigo en la sociedad de Japón: cooperación, respeto a la jerarquía, paternalismo, nacionalismo, consenso en la toma de decisiones, valoración de la edad como principio de autoridad, educación como factor diferencial, etc. Este patrón ético se aleja sustancialmente de los valores de competencia e individualismo que están en la base del capitalismo occidental. El economista Michio Morishima (1982) atribuye esta especificidad del capitalismo japonés (de forma análoga al papel que Max Weber asigna al puritanismo como marco ético del capitalismo occidental) al perfil singular que adoptó en Japón la herencia religiosa china: confucianismo, taoísmo (transformado en el sintoísmo) y budismo. Morishima otorga especial importancia a la variante japonesa del confucianismo que —a diferencia del confucianismo chino— coloca la lealtad (servicio incondicional al señor) como principio normativo prioritario. Por consiguiente, el capitalismo japonés (incluido el configurado en la posguerra) sería tributario del sistema de valores que caracteriza el confucianismo tal como se consolidó en Japón. Independientemente de la explicación de sus presuntos determinantes culturales, el funcionamiento del sistema económico japonés presenta suficientes rasgos diferenciales como para que pueda serconsiderado un «modelo». Las pautas de gestión y «gobierno de las empresas» de sus compañías, así como el diseño y ejecución de la política económica (esencialmente las políticas microeconómicas), además de ser peculiares, están imbricadas en un entramado institucional y un código de comportamiento de los agentes económicos y sociales que da consistencia a las singularidades puntuales, configurando un sistema económico específico. Tradicionalmente, el gobierno japonés ha puesto en práctica una amplia batería de medidas de intervención en las decisiones de asignación de recursos de las empresas. Con un papel central otorgado al MITI, el gobierno llevó a cabo sistemáticamente una política microeconómica caracterizada por la selectividad sectorial, la benevolencia con los procesos de «cartelización», la inducción de estrategias de cooperación entre empresas, el proteccionismo (tanto frente a las importaciones como a la inversión exterior), la hiperregulación (en muchos casos utilizada como instrumento proteccionista), el estímulo a las estrategias exportadoras y todo tipo de iniciativas de «persuasión moral» orientadas a alinear el comportamiento de las empresas con los objetivos de desarrollo económico que el gobierno fijaba para el país. Por otra parte, el universo empresarial nipón, aunque heterogéneo, ha mostrado también pautas de conducta específicamente japonesas. Probablemente una de las características más señaladas de la estructura empresarial es la importancia de grandes grupos industriales (los keiretsus), muy diversificados, en los que suele jugar un papel central un banco o una empresa de trading, con un entramado de participaciones cruzadas entre las empresas del grupo y un elevado peso de las transacciones entre las mismas. Este tipo de estructura refuerza pautas de «gobierno de las empresas» caracterizadas por la escasa transparencia y la irrelevancia de los accionistas externos al grupo. Otro rasgo empresarial singular, repetidamente mencionado, ha sido la política de empleo de por vida en las empresas (en realidad aplicada sólo en las grandes empresas y a los empleados varones, lo que representa un colectivo no superior al 30% del empleo3). Esta política está normalmente integrada en una estrategia de gestión de recursos humanos que privilegia el generalismo y la rotación (frente a la especialización), la toma de decisiones por consenso, el establecimiento de horizontes de gestión a largo plazo, la primacía de la edad en los ascensos jerárquicos, la difuminación de la diferencia de estatus entre trabajadores cualificados y no cualificados, la identificación del trabajador con los objetivos de la empresa y la integración empresarial de los sindicatos. Tanto las conductas empresariales como la política microeconómica cobran todo su significado como componentes de una compleja red corporativa de relaciones que engloba la administración, las empresas, los partidos políticos (esencialmente el Partido Liberal Democrático) y una amplia gama de instituciones de la sociedad civil (patronal, universidades, etc.). En este entramado, la elite burocrática es fundamental para el mantenimiento de la correcta integración de dicha redde relaciones, la circulación de la información en la misma y la promoción de consensos en torno a las prioridades gubernamentales en materia económica.
2.2. Valoración del modelo En los años ochenta el modelo económico japonés suscitaba casi unánimemente un sentimiento de admiración. Las políticas microeconómicas del gobierno japonés se convirtieron en paradigmas de la política industrial, hasta el extremo de que Corea y otros países del sudeste asiático desarrollaron réplicas del modelo consolidado en Japón. Como mucho, se admitía la inaplicabilidad del modelo a los países occidentales por su carácter idiosincrásico. En la década de los noventa, no obstante, la valoración retrospectiva del modelo económico japonés se hizo más matizada. Porter y otros (2000) muestran la escasa correlación existente (de hecho una correlación negativa) entre las prioridades sectoriales del MITI y el desarrollo diferencial efectivo de los sectores productivos en Japón. La política de promoción de sectores como la construcción aeronáutica, el sector químico, algunos servicios financieros o el software fue un fracaso. Por el contrario, los autores mencionados analizan un amplio número de sectores donde se han consolidado empresas con un liderazgo mundial y donde la intervención de la administración ha sido escasa (en algún caso incluso, como el sector del automóvil, se han desarrollado estrategias de competencia claramente opuestas a las recomendaciones del gobierno). Con todo, también encuentran evidencias del éxito de determinadas iniciativas de política industrial, como la promoción de demanda para nuevos productos (por ejemplo, fax y robótica) o el establecimiento de reglamentaciones rigurosas en algunas actividades que han incentivado la innovación tecnológica (por ejemplo, eficiencia energética y aire acondicionado). De hecho, Porter y otros (2000) caracterizan Japón como una economía «dual», donde existe, de un lado, un grupo de empresas que han adquirido un liderazgo mundial (apoyándose en la ventaja competitiva de su eficiencia operativa), han desarrollado una agresiva estrategia exportadora y han consolidado «clusters» de pequeñas y medianas empresas en su propio entorno; y, de otro lado, un tejido de empresas ineficientes protegidas de la competencia exterior (comercio interior, logística, telecomunicaciones, banca, transporte aéreo y otros servicios) que excluyen o limitan la competencia internacional. El entorno de las empresas competitivas internacionalmente se ha caracterizado por la intensa rivalidad y la escasa intervención estatal (el sector del automóvil es uno de los casos más claros). Estas empresas han conjugado de manera eficaz las exigencias de un elevado grado de competencia con el aprovechamiento de las potencialidades que el alto nivel educativo de los trabajadores japoneses y la peculiar gestión de los recursos humanos en la empresa ofrecen, a fin de lograr un liderazgo internacional en eficiencia operativa (excelencia en el binomio coste-calidad). Algunas de sus innovaciones, como el «just in time» y la «calidad total», han tenido una difusiónSin embargo, el sobrecoste ligado a la ineficiencia de una parte significativa del tejido empresarial japonés ha tenido un doble efecto negativo. Primero, el incremento significativo del coste de la vida para el consumidor; y, segundo, el mantenimiento de rentabilidades medias de las empresas relativamente bajas, a lo que ha contribuido la política de empleo de por vida y la prioridad otorgada (en el marco de la cultura empresarial japonesa) al crecimiento y la ganancia de cuota de mercado por encima de la rentabilidad. La aceptación por parte de los inversores japoneses de bajas rentabilidades empresariales se explica, en gran medida, por la alta propensión al ahorro en el país así como por las singulares pautas del «gobierno de las empresas» japonés —elevada proporción en el accionariado de participaciones cruzadas entre empresas del mismo grupo y de participaciones de bancos y compañías de seguros (todas ellas muy estables), y cuasi-nulo control de la gestión por parte de los accionistas externos4—. En suma, el modelo empresarial dual permitió alcanzar una de las principales metas de la política económica en Japón: el pleno empleo como factor de estabilidad5. Este objetivo se logró parcialmente con la política de empleo de por vida (por parte de las empresas que la aplican) y se ha complementado con la protección de un tejido empresarial de baja productividad pero fuerte capacidad de absorción de mano de obra. En contrapartida, la población japonesa ha asumido un alto coste de la vida y una baja retribución de su ahorro.
2.3. Perspectivas económicas en Japón En el último decenio, el PIB per capita de Japón se ha reducido un 10% con relación a Europa y en un porcentaje superior con relación a EE.UU. (FMI, 2002). Asimismo, a menos que se aborden las necesarias reformas, nada garantiza que la década actual no sea una prolongación de la anterior en sus resultados económicos. Por de pronto, el crecimiento de la actividad en 2002 (0,3%) y las previsiones del FMI para 2003 y 2004 (0,8% y 1% de expansión del producto real, respectivamente) son significativamente más bajos que los correspondientes a Europa y EE.UU. A corto plazo, Japón debe enfrentar dos complejos problemas económicos —la deflación y la crisis bancaria— que, en cierto sentido, son síntomas de perturbaciones económicas más profundas. Desde mediados de los años noventa, y en particular desde 1999, los precios al consumo han mantenido una caída continua en Japón. La mayoría de analistas prevé que este proceso deflacionista será persistente. Aunque es cierto que el consumo privado ha mantenido un ritmo más elevado que la inversión en el periodo, la caída de los precios no ha provocado una recuperación significativa en la demanda de bienes de consumo. La contención del gasto en consumo de las familias puede estar explicada por la percepción del proceso deflacionista como un indicador de recesión económica (contención de ingresos reales y dificultad de encontrar empleo) que va asociada además a un proceso de caída del precio de los activos (renta variable e inmobiliario), provocando así un efecto riqueza negativo y un aumento del ahorro por motivos de precaución. Asimismo, las expectativas de continuidad del proceso deflacionista provocan un retraso en las decisiones de consumo (pues mañana los bienes y servicios serán más baratos) que contribuye a realimentar el proceso. Por otra parte, en un contexto deflacionista, la lentitud en el ajuste de los costes salariales puede ocasionar una contracción en los márgenes empresariales, impidiendo la recuperación de los bajos niveles de rentabilidad media de las empresas. En el ámbito de la política monetaria, la persistente deflación provoca profundas perturbaciones. En 1991, Larry Summers, a la sazón Secretario del Tesoro de EE.UU., predijo que el manejo monetario con la restricción de tipos de interés del 0% se situaría en el centro del debate económico en la nueva era de bajas tasas de inflación. Pues bien, en Japón los tipos de interés nominales ya han alcanzado el suelo del 0% y, por consiguiente, el control de los tipos de interés reales a corto plazo ha dejado de estar en las manos de la autoridad monetaria y depende exclusivamente de la intensidad del proceso de disminución de los precios. Por otro lado, la existencia de una retribución real positiva del dinero incentiva el atesoramiento, amortiguando de esta manera el impacto en la demanda agregada y los precios de las inyecciones de liquidez por parte del Banco Central. La crisis bancaria es el segundo de los grandes problemas que la política económica debe afrontar en Japón. La proporción de los préstamos de «baja calidad» (non performing loans) en la cartera de los bancos se ha incrementado espectacularmente en los últimos años, como reflejo del deterioro de la capacidad de pago de los prestatarios (inducido por las recesiones y la caída del precio de los activos de los años noventa). El desplome del precio de los activos en los mercados de renta variable e inmobiliario ha desvalorizado además los colaterales. Por último, el elevado peso de las participaciones accionariales en el total de activos de los bancos ha aumentado la fragilidad de las entidades financieras tras la caída del mercado de valores. A los factores exógenos al sistema financiero han de añadirse los de carácter endógeno, puesto que la banca forma parte de los sectores escasamente eficientes que antes se han mencionado. La actividad de intermediación financiera en Japón ha sido tradicionalmente de productividad baja8 y su asignación de riesgos excesivamente condicionada por factores ajenos a una correcta evaluación de los mismos (por ejemplo, los bancos han aplicado criterios muy laxos a la hora de conceder cobertura financiera a las empresas de su mismo keiretsu). Adviértase que la restauración de un correcto funcionamiento de la política monetaria y la superación de la crisis bancaria están estrechamente relacionadas. En efecto, los balances bancarios fuertemente deteriorados exigen un alto rigor en la política de control de riesgos, que a su vez conduce inevitablemente a una intensa contracción del crédito, con efectos totalmente contradictorios a los pretendidos por una política monetaria expansiva —que se presume todavía necesaria— dirigida a frenar la caída de los precios. Las medidas adoptadas por las autoridades japonesas con el fin de restablecer la solvencia bancaria son todavía fragmentarias y teñidas de indecisión. El saneamiento de los balances bancarios con apoyo del sector público, si la inyección de capital privado es insuficiente, presenta dificultades políticas. La alternativa de compra de activos bancarios (como los préstamos de baja calidad) a precios superiores a los de mercado supondría un apoyo retrospectivo a pautas de gestión dudosas a través de los recursos públicos; pero la presencia directa del Estado en el capital tampoco parece una solución satisfactoria. En lo que se refiere a las prescripciones de política monetaria, la mayoría de los expertos se inclina por mantener una política expansiva como vía para superar el proceso deflacionista, porque consideran que la transmisión de los impulsos monetarios a través de los cauces bancarios no está completamente cortocircuitada. Un grupo de economistas de la Reserva Federal estadounidense (véase Ahearne y otros, 2002), que ha analizado la política macroeconómica en Japón en los años noventa, señala que la política monetaria en la primera mitad de la década fue excesivamente restrictiva cuando se examina a posteriori, aunque adecuada en función de las previsiones dominantes en el momento de la decisión. Ahearne y otros aducen que el banco central de Japón no valoró adecuadamente la asimetría de riesgos (tanto la probabilidad de deflación como el coste más alto para la economía japonesa de un proceso de decrecimiento de los precios en comparación con un proceso inflacionista). Esta opinión, sin embargo, adolece de cierto anacronismo; habida cuenta de que las autoridades monetarias —como cualquier autoridad— sólo pueden adoptar decisiones con la información disponible en el momento, su corrección debe ser juzgada en función de la misma (ni siquiera los responsables de los bancos centrales tienen poderes de adivinación). En esta línea de razonamiento, sí es probable, por el contrario, que la autoridad monetaria japonesa equivocara el rumbo de su política monetaria en la segunda mitad de los ochenta (cuando adoptó un perfil básicamente acomodante), etapa en la que los precios de los activos financieros y de los inmuebles se situaron claramente muy por encima de los niveles que emanaban de los fundamentos económicos (Rojo, 2002). Posiblemente, una política monetaria más restrictiva hubiera atemperado la euforia financiera (la misma que alentó la formación de las burbujas bursátil e inmobiliaria), hubiera abortado el proceso de incubación de graves desequilibrios macroeconómicos y, a la postre, hubiera suavizado la severidad de la recesión de los noventa. En cualquier caso, en la situación actual, es muy probable que la orientación adecuada para la política monetaria sea de corte expansivo. Los episodios deflacionistas de Suecia y EE.UU. en la década de 1930, conocida como la «Gran Depresión », demuestran que para revertir un proceso de caída del nivel de precios es necesario ampliar la base monetaria de la economía bastante más de lo que lo ha hecho Japón hasta la fecha (Baig, 2003). Sin embargo, ya se han señalado las dificultades inherentes a la instrumentación de una política monetaria expansiva en un contexto como el japonés, caracterizado por la delicada situación de las entidades financieras, el proceso deflacionista y unos tipos de interés de intervención nulos. En particular, la imposibilidad de bajar más los tipos de intervención implica que la incidencia sobre la cantidad de dinero en la economía debe articularse inyectando liquidez a las entidades financieras (por medio de compra de activos bancarios) y/o adquiriendo activos a largo plazo —en aras de reducir los tipos de interés a largo plazo de la economía—. En el área de la política fiscal, Ahearne y otros (2002) también sostienen que la política presupuestaria de la primera mitad de la década de 1990 fue demasiado restrictiva (igualmente analizando los datos a posteriori) y que los instrumentos utilizados no fueron los idóneos (el impacto de una reducción impositiva o de un aumento del gasto social habría tenido un efecto sobre la demanda más sostenido que el aumento del gasto en obras públicas). No obstante, las opiniones sobre la alternativa idónea en la actual situación son más encontradas. Cualquier opción viene condicionada por dos aspectos. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la solución de la crisis bancaria puede suponer un shock de gasto público significativo, al que habría que añadir nuevos gastos (como prestaciones por desempleo) si se altera el modelo de empleo vigente hasta ahora. Puede también tener un impacto en las cuentas públicas la manifiesta insuficiencia de las empresas japonesas para cubrir sus compromisos de pensiones complementarias (con un elevado porcentaje de prestaciones definidas). En segundo término, el nivel de endeudamiento público japonés está alcanzando niveles inquietantes (en 2003 se prevé un valor del 80% para el cociente Deuda Pública Neta/PIB, que se eleva al 120% si se elimina del cómputo la Seguridad Social). Una vez que los tipos de interés vuelvan a niveles menos anómalos que los actuales, la carga presupuestaria asociada al pago de intereses de la deuda puede ser un freno para una reactivación sostenida. En otro orden de cosas, conviene no olvidar que las actuaciones de política económica no deben circunscribirse a los ámbitos monetario y fiscal, pues las necesidades de reforma estructural de la economía japonesa son probablemente más perentorias —aunque con mayores dificultades de definición y aplicación—. En este sentido, gran parte de los expertos occidentales tiende a preconizar un proceso de convergencia del marco institucional, las políticas microeconómicas y las pautas de «gobierno de las empresas» a los patrones anglosajones. Parece razonable recomendar para Japón medidas conducentes al establecimiento de políticas de defensa de la competencia más estrictas; la reducción de los excesos intervencionistas y reglamentistas; un mayor grado de apertura a la competencia internacional de los sectores tradicionalmente protegidos; la supresión de las barreras a la participación accionarial del capital extranjero en empresas japonesas; la introducción de pautas de «gobierno de las empresas» alineadas con la promoción de una mayor transparencia, una mayor presencia de los accionistas externos y una mayor ponderaciónde la rentabilidad como objetivo empresarial; o el debilitamiento de las conductas empresariales asociadas a la cultura de los keiretsus (como las participaciones cruzadas y la prioridad en las transacciones intragrupo). No obstante, algunas pautas de gestión específicas de la empresa japonesa, mencionadas anteriormente, están en el origen de la excelencia de sus compañías más competitivas. Seguramente, el peculiar sistema de integración de los recursos humanos en las empresas japonesas es un factor específico de competitividad, mientras que algunos rasgos de cultura corporativa —como el establecimiento de horizontes de gestión a largo plazo— facilitan el diseño y mantenimiento de estrategias de creación de valor. Por otro lado, ni que decir tiene que algunas de las reformas reiteradamente propuestas por los expertos en los últimos años habrán provocado, sin duda, alguna sonrisa en Japón después de los escándalos corporativos de EE.UU. (Enron, World Com,…). Así por ejemplo, de forma insistente se ha instado a las empresas japonesas a la introducción generalizada de las «opciones sobre acciones» como incentivo para alinear los intereses de los gestores con los de los accionistas. Por consiguiente, el problema fundamental para el diseño de un programa de reformas estructurales eficaz en Japón es conciliar el abandono de políticas, instituciones y conductas que se han convertido en un lastre para el desarrollo del país con el mantenimiento de otras, igualmente tradicionales, que siguen representando un factor decisivo de competitividad para las compañías japonesas. La dificultad estriba en que todos los rasgos específicos del modelo económico japonés están integrados en un patrón de instituciones y conductas de una gran consistencia interna; de manera que la sustitución parcial de algunos de ellos puede tener el mismo efecto distorsionador sobre el sistema económico de Japón que la incorporación de trombones en la música tradicional de este país. Asimismo, la economía japonesa se enfrenta a una mengua de su crecimiento potencial asociada no sólo a los factores de carácter institucional que se han mencionado, sino también a una evolución demográfica (envejecimiento) que está reduciendo la oferta de mano de obra y a la escasa incorporación de las TIC (debida al elevado coste de uso y a la baja velocidad de transmisión de datos). En suma, el objetivo central de la economía japonesa ha de ser lograr un perfil de rendimiento real de sus activos alineado con el de EE.UU. y Europa en un contexto de crecimiento medio más bajo. Es posible que esto exija la convergencia del modelo económico japonés hacia el llamado modelo anglosajón. Quienes anticipan esta evolución se apoyan en la difusión de los valores típicamente occidentales entre la juventud japonesa, la presencia creciente de gestores con «visiones » empresariales análogas a las occidentales entre los primeros ejecutivos de compañías del país, y el progresivo aumento de la participación accionarial extranjera en las empresas niponas. La evolución más probable, sin embargo, es el alumbramiento de un modelo económico japonés «corregido» que seguirá siendo diferente del patrón americano y europeo. La razón es que el necesario restablecimiento de niveles de rentabilidad empresarial satisfactorios enJapón va a exigir la aceptación de drásticos ajustes patrimoniales de empresas y familias y la corrección a la baja de las expectativas de ingresos reales de los asalariados japoneses, de modo que es impensable que los sacrificios exigidos sean aceptables si además se pretende el abandono radical de pautas tradicionales de cohesión social (como por ejemplo la política de pleno empleo).
, "me lo acabo de hacer todo encima". Y esto lo digo, porque hace pocos dias atrás teniendo una conversacion con mi director comercial, el hombre ( que se está ganando una úlcera estos dias ) me decia severamente preocupado, que las ventas y la campaña de navidad se estaban yendo al carajo PORQUE LAS ASEGURADORAS ESTABAN REBAJANDO O DENEGANDO CREDITO A DIESTRO Y SINIESTRO Y DABA IGUAL LO SOLVENTE QUE FUESES.
